Defensa al Consumidor: crecen las consultas por hostigamiento durante gestiones de cobro de deudas

Desde Defensa al Consumidor advierten que hay más usuarios que reciben amenazas de embargos, y llamados o mensajes intimidatorios.

Por Vanesa Erbes

La crisis económica no sólo dejó un aumento de la morosidad y complicó la cadena de pagos, sino que también comenzó a poner en evidencia otro fenómeno que avanza silenciosamente: el crecimiento de las denuncias y consultas por presuntas prácticas abusivas durante el cobro de deudas. Mientras miles de familias atraviesan dificultades para cumplir con préstamos, tarjetas de crédito o financiamientos, cada vez son más frecuentes las solicitudes de asesoramiento en Defensa al Consumidor frente a llamados intimidatorios, mensajes amenazantes y supuestas notificaciones judiciales que, en muchos casos, buscan presionar al deudor mediante el miedo.

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En algunos casos los usuarios que cayeron en mora reciben mensajes atemorizantes que anuncian embargos inexistentes, llamados insistentes no sólo a la persona sino también a familiares o vecinos, y enlaces para cancelar supuestas deudas.

En Paraná, esa situación empezó a observarse con mayor frecuencia en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Si bien la mayoría de los casos todavía llegan como consultas y no como denuncias formales, desde el organismo reconocen que existe una creciente preocupación de consumidores que reciben comunicaciones con un tono intimidatorio y buscan saber si realmente pueden perder su sueldo, sus bienes o el dinero depositado en sus cuentas bancarias.

"Últimamente estamos recibiendo muchas más consultas. La gente llega con mensajes de WhatsApp o correos electrónicos donde le dicen que le van a embargar la cuenta o el sueldo y quiere saber si eso es verdad", señaló la coordinadora del organismo, Patricia Valín, en diálogo con UNO.

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El escenario local coincide con una tendencia que comenzó a advertirse a nivel nacional. Un relevamiento de la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires registró un aumento sostenido de reclamos por presuntas prácticas abusivas de agencias de cobranza y estudios jurídicos dedicados al recupero de créditos impagos.

Entre las maniobras denunciadas aparecen llamados reiterados durante la noche, fines de semana o feriados; mensajes intimidatorios por WhatsApp y correo electrónico; amenazas de embargo sin respaldo judicial; falsas notificaciones con apariencia de documentos legales y contactos con familiares, vecinos o empleadores del deudor para ejercer presión.

Uno de los puntos sobre los que más insistió Valín es que muchas de las comunicaciones buscan generar miedo aprovechando el desconocimiento de los consumidores sobre los procedimientos judiciales. "La gente tiene que saber que nadie le puede embargar el sueldo, una cuenta bancaria o quitarle bienes sin antes haber sido notificada de una demanda judicial y sin haber tenido la posibilidad de ejercer su derecho de defensa", explicó.

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La funcionaria remarcó que un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico o incluso una hoja impresa que simule ser una carta documento no constituyen una orden judicial. "Hemos visto casos en los que envían una hoja cualquiera con la leyenda 'carta documento'. Una carta documento verdadera llega por correo y requiere una notificación formal. Pero, además, una carta documento tampoco significa que una persona ya fue embargada. Un embargo sólo puede ordenarlo un juez", aclaró.

Según explicó la coordinadora, buena parte de las consultas involucran a entidades financieras que cedieron sus créditos en mora a empresas especializadas en cobranzas. "La mayoría de los casos corresponden a financieras o bancos que vendieron sus carteras de deudores. Después aparecen estudios jurídicos, muchos de ellos radicados en Buenos Aires, que son quienes realizan las gestiones de cobro", indicó Valín.

Cuando el acreedor puede ser identificado, Defensa del Consumidor tiene la posibilidad de requerir información y verificar si la deuda existe, cuál es su monto y desde cuándo se reclama.

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Más complejo resulta actuar cuando las intimaciones provienen únicamente de un número de teléfono o de un correo electrónico sin identificación clara.

Otra modalidad que comenzó a repetirse son los mensajes que prometen importantes descuentos para cancelar una deuda en pocas horas mediante un enlace de internet. "Muchas personas pagan porque creen que están cancelando la deuda y en realidad ingresan a una página falsa. Nosotros no decimos que no paguen; decimos que primero verifiquen que la deuda exista, que quien la reclama sea realmente el acreedor y que el medio de pago sea legítimo", sostuvo Valín.

El organismo recomienda no ingresar a enlaces recibidos por mensajes, corroborar directamente con la entidad acreedora y consultar ante cualquier duda antes de efectuar una transferencia.

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Desde Defensa al Consumidor aconsejan verificar la validez de la deuda

Otro de los interrogantes frecuentes gira en torno a la prescripción de las deudas, especialmente las vinculadas con tarjetas de crédito. Valín explicó que existen plazos de prescripción previstos por la legislación, aunque advirtió que cada situación debe analizarse de manera particular y que dejar transcurrir el tiempo sin pagar no constituye una recomendación. "No aconsejamos que la gente espere para no pagar. Lo que hacemos es verificar si la deuda existe, si está vigente, si prescribió y si el monto reclamado es correcto", afirmó.

En ese sentido, explicó que Defensa del Consumidor puede requerir a las empresas el detalle del crédito reclamado para determinar si corresponde o no continuar con la gestión de cobro.

Más allá de los reclamos vinculados con deudas, la oficina municipal detecta un fuerte crecimiento de denuncias por estafas digitales. Los casos más habituales incluyen consumos desconocidos en tarjetas de crédito, seguros incorporados sin consentimiento y créditos obtenidos mediante billeteras virtuales utilizando la identidad de otras personas. "Hoy las estafas son uno de los principales motivos de reclamo. En muchos casos logramos acuerdos para que se devuelva el dinero o se anulen créditos obtenidos de manera fraudulenta", señaló la funcionaria.

Los adultos mayores aparecen entre las principales víctimas de estas maniobras, una situación que llevó al organismo a reforzar las tareas de prevención y asesoramiento en distintos barrios de la ciudad.

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor funciona en Urquiza 831, de lunes a viernes de 7 a 13.

La coordinadora del organismo aclaró que las denuncias pueden iniciarse de manera virtual mediante la plataforma Mi Paraná o la Ventanilla Federal de Defensa del Consumidor. Quienes no cuenten con acceso a medios digitales pueden concurrir personalmente, donde recibirán asistencia para completar el trámite, que es completamente gratuito.

Desde el organismo reiteran una recomendación central: ante cualquier amenaza de embargo, intimación recibida por WhatsApp o correo electrónico, o pedido urgente de pago mediante enlaces, lo primero es verificar la autenticidad del reclamo y buscar asesoramiento antes de tomar cualquier decisión. "El consumidor tiene derechos. Tener una deuda no significa quedar desprotegido frente a prácticas abusivas o posibles estafas", concluyó Valín.

Fuente: UNO Entre Ríos

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