Del asfalto a la bicicleta… financiera

El presidente Javier Milei utilizó la tribuna del Council of the Americas para ensayar una defensa irrestricta de su gestión. Durante su prolongada disertación, el jefe de Estado apuntó contra analistas y opositores, pero el cruce de sus aseveraciones con los registros estadísticos oficiales revela profundas divergencias conceptuales y matemáticas en tres ejes sensibles: demografía, mercado laboral y consumo masivo.

Uno de los tramos más controvertidos de su exposición fue la vinculación directa que estableció entre la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los problemas de la macroeconomía y el sistema previsional. "Esa pasión por asesinar niños en los vientres de sus madres nos está costando caro en términos de crecimiento económico. Argentina hoy no llega a una tasa de natalidad que permita la reposición", sentenció.

No es la primera vez que el mandatario o sus funcionarios ensayan esta correlación. Sin embargo, la premisa carece de sustento empírico. Las series estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación demuestran que la tasa de natalidad experimenta un descenso ininterrumpido desde 2014, es decir, seis años antes de que el Congreso sancionara la ley de aborto en diciembre de 2020.

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Los especialistas en demografía coinciden en que la transición hacia una menor tasa de reproducción en el país no responde a una variable legislativa reciente, sino a factores sociológicos estructurales consolidados en la última década: mayores niveles de educación, cambios en la inserción laboral de las mujeres y un acceso ampliado y efectivo a métodos anticonceptivos de larga duración.

En materia laboral, Milei sostuvo con firmeza que "el desempleo no aumentó" y aseguró que, al sumar todas las variables, "se crearon puestos de trabajo". La aseveración colisiona con los datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación escaló al 7,8%. Si bien representa una baja marginal de 0,1 puntos interanual, se consolida como uno de los registros más altos de la pospandemia, situándose más de dos puntos por encima del 5,7% registrado a fines de 2023.

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La afirmación presidencial sobre la "creación" de empleo requiere un análisis cualitativo. Según la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la economía formal destruyó 321.000 puestos registrados: 241.000 en el sector privado y 80.000 en el público. En paralelo, el universo del monotributo sumó 160.000 nuevas adhesiones.

Cuando el mandatario alude a que "se sumaron" puestos, se apoya en la Cuenta Generación de Ingresos (CGI) del INDEC, que efectivamente arrojó un alza global de 113.000 ocupaciones en los últimos dos años.

Sin embargo, ese saldo positivo se sostiene exclusivamente por el crecimiento del empleo informal, que incorporó 379.000 nuevos puestos no registrados y enmascara la destrucción de 266.000 empleos formales durante el mismo período.

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Finalmente, el Presidente cuestionó los relevamientos privados que advierten sobre un desplome en las ventas, calificando de "estupidez" basarse en los informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entidad a la que tildó de "enemigo del Gobierno".

En contraposición, aseguró que el consumo privado transita "máximos históricos".

La controversia metodológica es evidente. CAME reportó en julio una caída interanual del 3,8% en las ventas minoristas, un dato acompañado por consultoras de consumo masivo como Scentia y NielsenIQ.

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Su muestra de 1.200 pequeños y medianos comercios no busca medir la totalidad de la economía, sino tomar el pulso del comercio de proximidad, un termómetro del mercado interno.

Por el lado oficial, el indicador de consumo privado del INDEC en 2025 exhibió un alza del 7,9%, marcando un máximo en términos absolutos desde 2004.

Sin embargo, para evaluar si esa expansión es genuina o responde en parte al crecimiento poblacional, resulta relevante observar el consumo per cápita. Al ajustar la métrica por cantidad de habitantes, el nivel actual se aleja de los picos históricos celebrados en el discurso oficial y ofrece una imagen más moderada del poder adquisitivo real.

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El componente impositivo que grava la carga de combustibles en el país tiene, por ley, un destino de afectación específica: el financiamiento y mantenimiento de la red nacional de carreteras.

Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta mediados de este año, la administración de esos recursos experimentó un giro contable significativo.

De los $1,5 billones recaudados a través de esta vía tributaria, el Ejecutivo destinó apenas una cuarta parte a la ejecución de obras viales. El remanente —equivalente a unos US$668 millones— fue redirigido hacia instrumentos de inversión financiera, tales como plazos fijos y títulos públicos, según una investigación del diario La Nación.

Esta reasignación agudiza el debate sobre el estado de la infraestructura vial nacional, fuertemente afectada tras más de dos años de paralización de la obra pública.

El cambio en la matriz de asignación de recursos no se limitó a una anomalía administrativa, sino que fue convalidado como parte de la estrategia macroeconómica. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, admitió que una porción de lo recaudado en el fideicomiso Sistema Vial Integrado (SisVial) fue absorbida para "lograr el equilibrio fiscal".

Desde la Casa Rosada argumentan un cambio de paradigma, sosteniendo que el mantenimiento de las rutas nacionales debe avanzar hacia un modelo de inversión privada. Bajo ese esquema ya se anunció la licitación de 9.000 de los 40.000 kilómetros que componen la red.

No obstante, la utilización de fondos fiduciarios con fines distintos a los estipulados en su ley de creación derivó en una judicialización. Desde la oposición parlamentaria, con denuncias impulsadas por diputadas como Victoria Tolosa Paz y Marcela Pagano, se solicitó investigar a funcionarios de la cartera económica por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad.

La estrategia de absorción de recursos fiduciarios también habría alcanzado otras áreas. Relevamientos recientes indican que de los $375.000 millones asignados a obras hídricas en 2024, solo se ejecutó un tercio, mientras el resto fue derivado a Letras del Tesoro. Un mecanismo similar se aplicó con el fideicomiso de infraestructura del transporte.

El Ministerio de Economía formalizó el rediseño del esquema de concesiones de la red vial nacional. La medida adjudica ocho tramos —equivalentes a 3.920 kilómetros— a distintos grupos empresarios por un plazo de veinte años, otorgándoles el derecho de cobro de peaje en arterias logísticas fundamentales.

El análisis de los pliegos de licitación revela una estructura contractual que, según las críticas, no contempla las necesidades estructurales de la red. Las obligaciones de los concesionarios se circunscriben a tareas de mantenimiento rutinario —bacheo, sellado de fisuras, desmalezamiento y señalización— sin incluir grandes obras como autovías, duplicación de calzadas o terceros carriles.

Proyecciones privadas estiman que las concesionarias a cargo de las tres etapas, que abarcan 9.000 kilómetros, percibirán ingresos cercanos a los US$6.700 millones durante las dos décadas de vigencia.

La reconfiguración del mapa vial nacional tiene un correlato directo en Misiones. El denominado Tramo Noreste, que comprende 456 kilómetros de las rutas 12 y 105 y constituye un corredor clave para la actividad turística y productiva provincial, generó rechazo institucional.

El gobernador Hugo Passalacqua elevó un reclamo formal a las autoridades nacionales para solicitar la revisión técnica y económica de la proyectada instalación de una nueva casilla de peaje en Puerto Rico, en el kilómetro 1.462.

El mandatario fundamentó su postura en la importancia de las rutas para el desarrollo provincial y advirtió que nuevas cargas, sin obras de infraestructura de base, afectarían a quienes comercian y producen en la región.

La preocupación también fue expresada por intendentes de localidades como Puerto Rico y Capioví, quienes señalaron la falta de consultas previas y alertaron sobre el impacto que un nuevo puesto de cobro podría generar en la dinámica comercial y de servicios de la zona.

La imposición de un tercer peaje en el corredor Posadas-Puerto Iguazú representa, según cámaras empresariales y municipios, un aumento de los costos del transporte. La cadena de valor de la yerba mate, la industria forestal, la producción de mandioca y el transporte turístico podrían absorber ese costo adicional mediante mayores precios o una reducción de sus márgenes.

El gobernador Hugo Passalacqua utilizó el acto conmemorativo por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, en San José, para enviar un mensaje político de fuerte contenido institucional.

Bajo el formato de una reivindicación histórica, el mandatario planteó una advertencia sobre los riesgos de la concentración del poder, con una lectura que alcanza tanto al Gobierno nacional como a la estructura histórica del oficialismo misionero.

Passalacqua sostuvo que San Martín no combatió contra una nacionalidad específica, sino contra un sistema: la monarquía absolutista. Al definirlo como "la concentración de todas las decisiones en una sola persona" y recordar la frase de Luis XIV, "El Estado soy yo", el gobernador trazó un paralelismo con los modelos de conducción política.

La referencia puede leerse tanto en relación con el Ejecutivo nacional como con el esquema de poder que Carlos Rovira ejerció durante décadas sobre la política misionera.

Frente a la narrativa oficial nacional y al conflicto financiero entre la Nación y las provincias, Passalacqua contrapuso una visión comunitaria de la libertad.

Advirtió que la libertad no debe servir para que "el opresor ponga el pie sobre el oprimido", sino que debe convertirse en un valor para construir comunidad.

La disputa marca un punto de inflexión político. Hacia afuera, cuestiona el centralismo nacional y el ajuste sobre las provincias; hacia adentro, reivindica la autonomía del Ejecutivo provincial frente al histórico liderazgo rovirista.

Para reforzar su mensaje, Passalacqua recurrió al encuentro entre San Martín y Manuel Belgrano en la Posta de Yatasto y destacó el renunciamiento de Belgrano al ceder el mando militar.

La lectura política provincial resulta evidente: el gesto de Belgrano fue presentado como una referencia al altruismo político y a la necesidad de anteponer los objetivos colectivos a la permanencia personal en el poder.

Finalmente, al recordar los consejos de Belgrano sobre la instrucción de las tropas —"no se es libre si no se sabe leer y escribir"—, Passalacqua vinculó la emancipación con el conocimiento y la educación.

El mapa del poder en Misiones atraviesa una reconfiguración política de proporciones históricas, con consecuencias que también impactan en la representación parlamentaria nacional.

La reciente visita a Posadas de referentes del denominado "peronismo federal" o "Grupo Parque Norte" exhibió la estrategia de alianzas que desarrolla Passalacqua en su nueva etapa de autonomía política.

La comitiva estuvo integrada por los diputados nacionales Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix, el armador Juan Manuel Olmos y el intendente de Pilar, Federico Achával.

El encuentro buscó consolidar una alternativa con agenda nacional, alejada de la polarización entre La Cámpora y el sector del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El diálogo giró alrededor de la problemática del interior productivo, las asimetrías fronterizas con Brasil y Paraguay y el deterioro de la infraestructura vial.

La reunión adquiere una dimensión especial a partir del quiebre entre Passalacqua y Carlos Rovira, histórico arquitecto del oficialismo provincial.

La ruptura también modificó el escenario legislativo. En el Senado, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce unificaron su posicionamiento bajo la conducción de Passalacqua. En Diputados, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Oscar Herrera Ahuad y Daniel Vancsik conformarán un bloque propio alineado con el Ejecutivo provincial.

Esta nueva arquitectura parlamentaria modifica la relación con la Casa Rosada, que había contado con apoyo legislativo para sus primeras reformas.

En paralelo, el oficialismo provincial deberá poner a prueba su gestión en el plano local. Este lunes, la Cámara de Representantes de Misiones iniciará el tratamiento del Presupuesto 2027, que contempla erogaciones por $5,2 billones.

El análisis en comisión demandará casi un mes e incluirá las exposiciones de unos 40 funcionarios. El proyecto destina el 62,95% de los recursos a salud, educación y políticas sociales, en un contexto marcado por la reducción de programas con financiamiento federal.

La agenda comenzará con las presentaciones del presidente de Energía de Misiones, Julio Barreto, y del titular del IPRODHA, Juan Carlos Pereira. También expondrán funcionarios de Arquitectura, Vialidad Provincial, Deportes y Salud Pública.

La presentación más esperada será la del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, cuya exposición quedó reservada para una instancia posterior, a la espera de mayores certezas sobre las variables macroeconómicas que proyecta el Gobierno nacional para 2027.

Fuente: Primera Edición

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