Del conflicto con el Foro al proyecto de ley que promueve "licencias": el líder de una agrupación de abogados, a fondo

Marcelo Álvarez, uno de los referentes de Abogacía Transformadora y ex presidente del Foro de Abogados, pasó por Off the récord y dejó varios títulos en referencia a la asociación que representa, como así también al funcionamiento de la justicia sanjuanina. Sin esquivarle al bulto, el abogado habló del conflicto que su agrupación encarnó meses atrás y defendió la libertad de asociación.

Del mismo modo, dio detalles del proyecto de ley que presentaron en la Cámara de Diputados, que busca beneficiar a los abogados de la provincia. Además, cuestionó el actual sistema de selección de funcionarios judiciales y aseguró que son necesarios los cambios en la caja previsional de los abogados, una materia pendiente de su gestión pasada.

Uno de los fundadores de la asociación que nuclea a abogados litigantes recordó el cruce que mantuvieron con el Foro y, aunque aseguró que el espacio busca evitar las confrontaciones, reconoció que la relación con la actual conducción del organismo atraviesa un momento de falta de diálogo.

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La disputa se profundizó luego de que el Foro realizara planteos vinculados con la personería jurídica obtenida por Abogacía Transformadora. Según explicó Álvarez, uno de esos planteos fue rechazado recientemente por Personería Jurídica, mientras que otros continúan en evaluación en el ámbito del Ministerio de Gobierno.

En ese contexto, el abogado rechazó que la asociación pretenda arrogarse la representación de toda la matrícula. "Me parece que es un derecho la libertad de asociación y representar a nuestros asociados", sostuvo. Y aclaró que las iniciativas que impulsa la organización parten de las necesidades de sus integrantes, aunque eventualmente puedan beneficiar al conjunto de los abogados.

Álvarez aclaró que la intención nunca fue competir con el Foro ni ocupar su lugar. De hecho, recordó que, una vez obtenida la personería jurídica, intentaron acercarse a la institución para trabajar en conjunto, pero no recibieron la respuesta que esperaban. En ese marco, sostuvo que la existencia de distintas asociaciones dentro de la abogacía no debería ser interpretada como una amenaza institucional y puso como ejemplo a la Asociación de Abogados Penalistas.

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En medio de esa discusión institucional, Abogacía Transformadora llevó a la Legislatura uno de los principales reclamos que viene planteando para los abogados litigantes: la posibilidad de suspender los plazos procesales cuando el profesional atraviesa una situación de salud, una internación, un embarazo o un parto.

El proyecto fue presentado ante un bloque de la Cámara de Diputados, que posteriormente le dio ingreso parlamentario. El objetivo de la asociación, según explicó Álvarez, es que el tema sea debatido en las comisiones correspondientes y que se convoque al Foro de Abogados, a las asociaciones de profesionales, a la Corte de Justicia y al Poder Judicial.

La propuesta busca avanzar sobre una situación que, según describió, actualmente deja a los abogados en una posición de desigualdad respecto de otros trabajadores. La normativa laboral contempla desde hace años licencias frente a determinadas situaciones personales, pero esa protección no existe de la misma manera para quienes ejercen la abogacía de forma independiente.

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Álvarez relató que existen casos de profesionales que continúan trabajando durante un embarazo avanzado, contestando traslados o asistiendo a audiencias incluso poco antes de dar a luz. El problema, acorde argumentó, no termina en la situación personal del abogado. Cuando un profesional no puede asistir a una audiencia o cumplir con un plazo, la alternativa suele ser recurrir a otro colega. Esto puede significar una pérdida de honorarios y, además, afectar la relación de confianza construida con el cliente.

El planteo adquiere una dimensión particular en fueros como el de Familia, donde los abogados reciben información extremadamente personal de sus representados. "El cliente deposita una relación de confianza", explicó Álvarez, quien consideró que resulta complejo que una persona tenga que ser representada de manera repentina por un profesional al que no conoce.

Por eso, sostuvo que el proyecto no debe ser entendido únicamente como una iniciativa destinada a beneficiar a los abogados, sino también a los justiciables. Un profesional que atraviesa una situación de enfermedad o una circunstancia familiar compleja, argumentó, tampoco puede garantizar el mismo nivel de dedicación a una causa.

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El antecedente existe. Álvarez recordó que durante la reforma del Código Procesal Civil de 2022 se logró incorporar en el artículo 146 la posibilidad de contar con 15 días al año calendario por situaciones vinculadas con internación, parto, embarazo o cuidado de un familiar enfermo. Sin embargo, consideró que ese plazo resulta insuficiente y que ahora buscan dar "un paso más".

Álvarez también señaló como una de las principales preocupaciones del sector la situación de la caja previsional de los abogados. Según planteó, el sistema actual no garantiza una jubilación suficiente para quienes ejercieron durante años la profesión. Aseguró que las prestaciones mínimas rondan actualmente poco más de los $200.000 mensuales y consideró que los abogados prácticamente no pueden jubilarse con un ingreso que les permita sostenerse.

Para el dirigente, el problema no se resuelve simplemente incrementando los aportes, sino que requiere una discusión sobre el propio sistema previsional. Mencionó como ejemplos los modelos existentes en provincias como Santa Fe y Salta, donde las prestaciones son considerablemente superiores, aunque también aclaró que se trata de sistemas con esquemas de aportes diferentes.

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Una de las alternativas que mencionó consiste en analizar mecanismos en los cuales los aportes previsionales puedan vincularse con los honorarios regulados en los procesos, de modo que una parte del financiamiento no recaiga exclusivamente sobre el bolsillo del profesional. En ese sentido, ubicó este tema junto con la ley de honorarios y la licencia profesional entre las grandes discusiones que, a su entender, todavía tiene pendientes la abogacía.

Otro de los puntos en los que Álvarez hizo especial hincapié fue el sistema de selección de funcionarios judiciales y representantes de los abogados en los Consejos de la Magistratura. El abogado cuestionó especialmente que la experiencia cotidiana del litigante tenga actualmente un peso menor que otras instancias de capacitación.

A modo de ejemplo, sostuvo que a nivel nacional un curso virtual organizado por la Corte Suprema puede tener más valor en un concurso que años de ejercicio profesional y contacto diario con los problemas de los abogados. "Hoy el ser presidente de los abogados, saber las necesidades que tienen todos y estar en contacto con los abogados litigantes todos los días (...) hoy si vos te presentás a un concurso a nivel nacional eso vale cero", afirmó.

Su propuesta apunta a incorporar más herramientas objetivas de evaluación, entre ellas exámenes técnicos y psicotécnicos, además de mecanismos que permitan establecer un orden de mérito más transparente. También defendió que los abogados litigantes tengan participación efectiva en la discusión de esos mecanismos, tanto a nivel nacional como provincial.

En el caso de los jueces y fiscales, sostuvo que no alcanza con evaluar solamente los conocimientos técnicos. También consideró importante determinar si los postulantes cuentan con condiciones para afrontar la presión propia de esos cargos y tomar decisiones en contextos complejos.

La falta de herramientas objetivas, según su mirada, termina alimentando las sospechas sobre la selección de funcionarios judiciales. Por eso, consideró que un sistema con exámenes, puntajes y fundamentos permitiría que la sociedad conozca por qué una persona quedó primera, segunda o tercera en un concurso.

"Eso va a ayudar también a que la Justicia", sostuvo, en referencia a la necesidad de recuperar una credibilidad que considera deteriorada. En ese sentido, Álvarez planteó que la discusión no necesariamente requiere una reforma legislativa y se mostró más inclinado a modificar el reglamento del propio Consejo de la Magistratura.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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