Del gatillo fácil a la legítima defensa: los policías que mataron a presuntos asaltantes y fueron absueltos
En los últimos años, también se registraron episodios en los que integrantes de las fuerzas de seguridad mataron a presuntos delincuentes durante intentos de robo. En los casos que llegaron a juicio…

Resumen para apurados
En los últimos años, también se registraron episodios en los que integrantes de las fuerzas de seguridad mataron a presuntos delincuentes durante intentos de robo. En los casos que llegaron a juicio y se analizan en este informe, ninguno fue condenado por la muerte de los sospechosos. Sin embargo, hubo un efectivo que recibió una pena de prisión de ejecución condicional por homicidio culposo, después de que uno de sus disparos acabara con la vida de un joven que no tenía ninguna vinculación con el asalto.
El 13 de septiembre de 2023, el policía Facundo Edgardo Lencina protagonizó un tiroteo en avenida América al 1500, que terminó con tres personas muertas.
El efectivo, que estaba de civil y esperaba a su novia, fue abordado por dos delincuentes que intentaron asaltarlo. Lencina utilizó su arma reglamentaria y disparó contra los sospechosos, Cristian Jesús Legname y Samuel Alberto Gallardo, quienes murieron. Uno de los proyectiles también alcanzó a Lucas Fernando Delgado, un joven que realizaba actividad física en el lugar y que no tenía ninguna vinculación con el robo.
El fiscal Carlos Sale investigó el caso y llevó al policía a juicio por las tres muertes. Durante el debate se discutió si había actuado en legítima defensa y si había puesto en peligro a terceros al efectuar los disparos en una zona transitada.
El 5 de septiembre de 2024, Lencina fue absuelto por las muertes de los dos asaltantes, porque el tribunal consideró que había actuado en legítima defensa. Sin embargo, fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por el homicidio culposo de Delgado. Además, recibió una inhabilitación de seis años para portar armas de fuego.
El 4 de marzo de 2025, Lucas Eduardo Gaitán Soraire, agente del Servicio Penitenciario de Tucumán, intervino cuando tres jóvenes intentaban robarle la bicicleta al sacerdote Pepe Abuín, en inmediaciones del parque Guillermina. El guardiacárcel persiguió a los sospechosos y efectuó disparos que provocaron la muerte de Nelson Lautaro Pérez (20) y lesiones a un adolescente de 15 años.
El fiscal Sale consideró que el agente había actuado inicialmente en defensa de un tercero, pero que se excedió al disparar contra los jóvenes cuando escapaban. También cuestionó que utilizara un arma que no estaba autorizado a portar. Fue acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio, ambos con exceso en la legítima defensa.
En junio de 2026, Gaitán Soraire, defendido por Javier Lobo Aragón, fue sometido a juicio oral. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, el tribunal lo absolvió por el beneficio de la duda, al considerar que no se había demostrado que se excediera en su accionar.
Se trató de una causa inédita porque llegó a juicio sin acusación pública, es decir, sin que un fiscal interviniera como acusador. Gonzalo González (24) murió el 12 de agosto de 2022, después de recibir dos disparos efectuados por el policía Juan Marcelo Pérez en la esquina de Coronel Zelaya y pasaje Vera y Aragón. El efectivo aseguró que había intervenido ante un supuesto robo y que disparó en legítima defensa porque uno de los sospechosos lo había amenazado con un arma.
Los fiscales Sale e Ignacio López Bustos consideraron que el policía había actuado en legítima defensa y solicitaron su sobreseimiento. Sin embargo, Zulma González, madre del joven, logró que el caso llegara a juicio. La querella, representada por Patricio Char y Facundo Herrera, pidió que se lo condenara por homicidio con exceso en la legítima defensa. Por su parte, el defensor Gonzalo Guerra solicitó la absolución de su cliente.
Días atrás, la jueza Lorena Rocha consideró que no se había demostrado que el disparo mortal se hubiera producido cuando González ya no representaba un peligro para el efectivo, por lo que decidió absolverlo.
El 12 de febrero de 2026, el policía Gustavo Ignacio Décima intervino cuando tres delincuentes intentaban asaltar a su hija Sabrina y a su yerno, en calle Venezuela al 1600, en San Miguel de Tucumán. Uno de los sospechosos habría amenazado a la mujer con un arma de fuego para robarle la motocicleta. El efectivo dio la voz de alto y los asaltantes escaparon llevándose el bolso de la víctima.
Según la investigación, Décima efectuó tres disparos con su pistola reglamentaria cuando los sospechosos huían. Uno de los proyectiles rebotó contra una superficie y alcanzó por la espalda a Joaquín Alejandro Romano (20), quien murió como consecuencia de las heridas.
El 24 de agosto de 2026, el fiscal Sale, a través del auxiliar Alejandro Andole, imputó al policía por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa de terceros.
Consideró que el efectivo había actuado inicialmente para proteger a su familia, pero que se excedió al disparar cuando los asaltantes ya escapaban. El juez interviniente dio curso a la imputación formulada por la Fiscalía. Esta causa permanece abierta.
Fuente: La Gaceta
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