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Del PAMI al Puerto: Fernando Polizzi investigado judicialmente | Diario del Fin del Mundo

Prestaciones médicas presuntamente inexistentes, órdenes de estudios incompatibles con la condición de los pacientes, posibles irregularidades en contrataciones y un perjuicio estimado entre 1.000 y 1.500 millones de pesos integran la denuncia impulsada por el diputado Jorge Araujo Hernández contra el PAMI de Tierra del Fuego. Según sostiene, los hechos se habrían producido durante la gestión de Fernando Polizzi, hoy integrante de la intervención federal del Puerto de Ushuaia, otro proceso rodeado de fuertes cuestionamientos por el posible desvíos de fondos públicos y malversación de recursos públicos.

Por Redacción4 min de lectura
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Del PAMI al Puerto: Fernando Polizzi investigado judicialmente | Diario del Fin del Mundo
Del PAMI al Puerto: Fernando Polizzi investigado judicialmente | Diario del Fin del Mundo · Foto: El Diario del Fin del Mundo

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restaciones médicas que los pacientes aseguran no haber recibido, estudios de fertilidad presuntamente solicitados a mujeres de más de 70 años e incluso a pacientes sin útero, prácticas especializadas que difícilmente podrían haberse realizado por falta de equipamiento, órdenes médicas que los profesionales afirman no haber emitido, historias clínicas con prestaciones registradas mientras los afiliados se encontraban fuera del país y sospechas sobre contrataciones direccionadas constituyen el núcleo de una denuncia que, de comprobarse, podría convertirse en uno de los mayores escándalos vinculados al manejo del PAMI en Tierra del Fuego.

La denuncia fue impulsada por el diputado nacional mopofista Jorge ¨Koki¨ Araujo Hernández, quien sostiene que las irregularidades habrían ocasionado un perjuicio económico de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Pero además de la magnitud económica, el expediente comienza a abrir interrogantes sobre las responsabilidades políticas que rodearon la conducción del organismo.

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El eje de esas preguntas conduce a un nombre: Fernando Polizzi.

De acuerdo con lo afirmado por el legislador nacional, las maniobras denunciadas se habrían desarrollado durante el período en que Polizzi estuvo al frente del PAMI fueguino. Si las investigaciones terminan confirmando la existencia del esquema descripto, inevitablemente también deberá analizarse qué nivel de conocimiento, control o responsabilidad tuvieron quienes conducían el organismo mientras esas operaciones supuestamente se llevaban adelante.

Este medio pudo confirmar que ya interviene La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos cometidos en el ámbito de PAMI, una dependencia que realiza investigaciones preliminares sobre posibles irregularidades cometidas en relación a la obra social.

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Sin embargo, el recorrido posterior del funcionario resulta, cuanto menos, llamativo.

Lejos de quedar al margen de la administración pública hasta tanto se esclarecieran los hechos denunciados, Polizzi fue designado por la Administración Nacional de Puertos y Navegación para desempeñar un rol de relevancia dentro de la intervención del Puerto de Ushuaia. Es decir, pasó de conducir un organismo que hoy aparece bajo sospecha por presuntas maniobras millonarias a integrar otra administración nacional que tampoco ha logrado despejar los cuestionamientos sobre la legalidad de varias de sus decisiones.

La coincidencia difícilmente pase inadvertida.

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En ambos casos aparece un mismo funcionario ocupando posiciones de responsabilidad en estructuras estatales atravesadas por denuncias, controversias y reclamos de transparencia. Si bien ambos procesos son independientes y las investigaciones transitan carriles diferentes, la reiteración de nombres invita, al menos, a preguntarse cuáles son los criterios con los que determinados cuadros políticos son promovidos a nuevas funciones aun cuando sobre su gestión comienzan a proyectarse serias dudas.

Araujo Hernández agrega otro elemento que profundiza esa discusión. Según sostuvo, Fernando Polizzi forma parte del riñón político del senador nacional Agustín Coto, a quien atribuye haber impulsado posteriormente su incorporación a la intervención del Puerto de Ushuaia. Esa afirmación no implica, por sí misma, responsabilidad alguna para el senador nacional, pero sí incorpora un dato político que ayuda a comprender el contexto en el que se produjeron determinadas designaciones.

Las expresiones de Araujo también alcanzan al diputado nacional Santiago Pauli. Hernández cuestionó su reacción pública frente al caso y sostuvo que el actual responsable del PAMI respondería políticamente a su sector. Aunque esas afirmaciones deberán ser corroboradas, vuelven a poner sobre la mesa el debate acerca del grado de influencia política en un organismo que administra recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los jubilados.

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Otro capítulo especialmente delicado involucra a la empresa de medicina ¨Sanos¨ y a su titular, Claudio Ponce.

Según la denuncia, determinadas contrataciones del PAMI podrían haber terminado favoreciendo de manera reiterada a esa firma. Incluso se sostiene que algunos procedimientos licitatorios inicialmente adjudicados a otros prestadores habrían sido dejados sin efecto para concluir beneficiando a la empresa. Sobre este aspecto, el propio denunciante reconoció que aún busca reunir mayor respaldo documental, por lo que será la investigación la que determine si esas sospechas encuentran sustento probatorio.

Mientras tanto, el Congreso podría avanzar con la creación de una comisión investigadora y distintas actuaciones preliminares ya habrían comenzado en el ámbito judicial.

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Pero más allá del resultado que finalmente arrojen esas investigaciones, el caso deja planteada una pregunta de enorme trascendencia institucional: ¿cómo es posible que un funcionario cuya gestión hoy aparece asociada a una denuncia por presuntas irregularidades de semejante magnitud haya sido posteriormente promovido a desempeñar funciones estratégicas en otra intervención nacional igualmente cuestionada?

Por ahora no existe respuesta oficial para ese interrogante.

Lo que sí existe es una sucesión de hechos que, analizados en conjunto, conforman un escenario difícil de ignorar: una denuncia por una presunta defraudación millonaria al sistema de salud de los jubilados; un funcionario que conducía el organismo durante el período investigado; un posterior ascenso a una intervención que también acumula cuestionamientos; y la referencia del propio denunciante a un respaldo político que tendría origen en uno de los principales referentes libertarios de Tierra del Fuego.

Será la Justicia la que determine si las sospechas tienen sustento penal. Pero en el plano político, las explicaciones empiezan a ser tan necesarias como urgentes.

Al momento del cierre de esta publicación EDFM intentó contactarse con Fernando Polizzi, sin obtener respuestas de ambas autoridades mencionadas en la denuncia pública del diputado Araujo. Por su parte, el senador nacional Agustión Coto detalló que Polizzi, si bien es funcionario nacional, no es una persona de su mayor cercanía, en respuesta a los argumentos del diputado Araujo.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

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