Demanda contra AstraZeneca: un certificado médico busca probar el vínculo con graves problemas de salud

Demanda

Un salteño de 34 años demandó a AstraZeneca y al Estado Nacional y reclama una indemnización de más de $191 millones por daños que atribuye a la vacuna contra el Covid-19. Entre la documentación presentada figura un certificado médico que establece un supuesto nexo causal y el registro del caso como ESAVI

Un certificado médico incorporado a la demanda que Emanuel Alejandro Ocaña Francia presentó contra AstraZeneca y el Estado Nacional aparece como uno de los elementos centrales de la estrategia probatoria del salteño, quien busca demostrar que los graves problemas de salud que padece estarían relacionados con la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

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La documentación fue emitida el 20 de agosto de 2024 por el médico Agustín Muñoz, del Sanatorio San Roque de Salta, y fue incorporada al expediente como un "certificado médico con nexo causal", junto con el registro del caso como Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI).

Según surge de la demanda y de la documentación presentada por el propio denunciante, el certificado hace referencia a un síndrome de trombocitopenia-trombosis postvacunación asociado a AstraZeneca, además de distintas complicaciones posteriores.

Entre ellas se mencionan múltiples accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales con alteraciones cognitivas, convulsiones que requieren tratamiento antiepiléptico y compromiso renal acompañado por un período prolongado de proteinuria.

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El documento también señala la necesidad de continuar con tratamientos antihipertensivos, antiepilépticos, anticoagulantes, hidroxicloroquina como inmunomodulador y estatinas como protección vascular.

Ocaña, actualmente de 34 años, recibió dos dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19 en Salta.

De acuerdo con la presentación judicial, la primera dosis fue aplicada el 17 de junio de 2021, correspondiente al lote 77534, mientras que la segunda fue administrada el 29 de agosto de ese mismo año, correspondiente al lote 77785.

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El hombre reclama una indemnización de $191.066.282,99 por los daños que atribuye a esas aplicaciones y dirige la demanda contra AstraZeneca y el Poder Ejecutivo Nacional.

En su presentación, sostiene que después de la primera dosis comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza, falta de energía y un episodio de hemorragia nasal. Luego de este último cuadro, asegura que le detectaron presión arterial elevada.

Tras la segunda aplicación, según el relato incorporado a la demanda, comenzaron nuevos síntomas y posteriormente se produjo una progresión de problemas de salud que incluyó crisis convulsivas y distintas internaciones.

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Además del relato del demandante, la causa incorpora documentación de diferentes establecimientos médicos.

En octubre de 2022, el Hospital San Bernardo de Salta registró antecedentes de múltiples episodios convulsivos tónico-clónicos generalizados y un cuadro de hipertensión arterial severa.

Estudios realizados posteriormente también documentaron lesiones cerebrales de características vasculares, alteraciones renales y plaquetopenia.

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En noviembre de 2023, Ocaña fue internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde continuó siendo evaluado por un equipo multidisciplinario.

La documentación incorporada al expediente consigna diagnósticos de síndrome antifosfolípido, plaquetopenia severa, alteración de la función renal y crisis epilépticas asociadas a lesiones isquémicas.

Aunque el certificado médico de agosto de 2024 constituye un elemento relevante dentro de la estrategia probatoria del demandante, no significa que la Justicia haya establecido que las patologías fueron provocadas por la vacuna.

Uno de los principales puntos que deberá determinarse durante el proceso es justamente la existencia o no de un nexo causal entre la vacunación y los problemas de salud denunciados.

Por ese motivo, la representación de Ocaña solicitó la realización de una pericia médica oficial. El objetivo es que, a partir del análisis de las historias clínicas, estudios de laboratorio y demás documentación incorporada a la causa, se determine cuáles son las patologías que presenta el demandante y cuáles son sus secuelas.

También pidió que el perito establezca si los diagnósticos que presenta son consecuencia de la vacunación contra el Covid-19 y si resultan compatibles con efectos adversos conocidos del producto.

Además, la pericia deberá determinar el grado de incapacidad y establecer si las secuelas físicas y psíquicas denunciadas son reversibles o irreversibles.

La demanda también incorporó un informe médico-legal particular de noviembre de 2024, que estimó una incapacidad del 70%. Ese porcentaje deberá ser evaluado y contrastado con la prueba que se produzca durante el proceso judicial.

De esta manera, el certificado médico y el registro ESAVI forman parte de la evidencia con la que Ocaña busca respaldar su hipótesis sobre el origen de sus problemas de salud. La determinación definitiva sobre la existencia del vínculo causal, el alcance de los daños y una eventual responsabilidad de los demandados quedará sujeta a la prueba que se produzca y a la decisión de la Justicia.

Fuente: El Esquiú

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