Denuncian al fiscal que investiga a los concejales de Angaco y a un edil opositor

El presidente del Concejo Deliberante de Angaco y la secretaria administrativa denunciaron al fiscal Francisco Nicolía y al vicepresidente del cuerpo, Andrés Olivera, por presunto abuso de autoridad y coacción. La presentación fue radicada en la UFI Delitos Especiales y quedó, en una primera instancia, bajo análisis del fiscal Adolfo Díaz. La denuncia apunta a determinar si existió una eventual "coordinación extra procesal" para obtener documentación del Concejo mediante presiones o amenazas de iniciar una causa penal.

El abogado Leonel García, representante de los denunciantes, uno de ellos -Alberto De Los Ríos- investigado en una causa por el propio Nicolía, pidió que se investigue particularmente si hubo una connivencia entre Nicolía y Olivera y si se utilizó una facultad investigativa de manera ilegítima, mediante presión o amenaza, para obtener documentación que se encontraba en poder del Concejo.

El planteo parte de una situación concreta: Olivera, actual vicepresidente del Concejo y opositor dentro del cuerpo, solicitó una copia del acta correspondiente a la primera sesión extraordinaria de 2026, realizada el 18 de febrero. Sin embargo, para los denunciantes, el problema no radicaría en el derecho de un concejal a acceder a documentación del cuerpo, sino en el origen del pedido y en la forma en que habría sido realizado.

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Según consta en la denuncia, Olivera habría comunicado a la Secretaría Administrativa que el fiscal Nicolía se había puesto en contacto telefónico con él y le había solicitado las actas de aquella sesión. De acuerdo con el relato incorporado a la presentación, el concejal habría advertido que, si la documentación no era entregada, el fiscal podía promover una denuncia penal contra los integrantes del Concejo.

La denuncia incorpora como elementos de prueba mensajes de voz, capturas de pantalla y comunicaciones atribuidas a Olivera, además de la nota mediante la cual formalizó el pedido de documentación. Para la parte denunciante, esos elementos podrían permitir reconstruir cómo surgió el requerimiento, quién lo formuló originalmente, por qué vía se transmitió y cuál fue el papel que tuvo el vicepresidente del Concejo.

El abogado García sostiene que resulta necesario establecer qué documentación solicitó exactamente Nicolía, a quién se la pidió, por qué medio, en qué momento y por qué intervino Olivera como intermediario. La hipótesis planteada es que un requerimiento que, de corresponder a una investigación fiscal, habría debido canalizarse por los mecanismos institucionales propios de la Fiscalía terminó ingresando directamente al ámbito interno del Concejo Deliberante.

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Uno de los argumentos centrales de la presentación es que en la mesa de entradas del Concejo Deliberante no existiría un oficio proveniente de la UFI a cargo de Nicolía mediante el cual se solicitara formalmente el acta.

Ese dato es utilizado por los denunciantes para cuestionar la modalidad mediante la cual se habría obtenido la documentación. En ese sentido, plantean que debe determinarse si el fiscal recurrió a un tercero, en este caso, un concejal, para realizar un requerimiento que, según su interpretación, correspondía efectuar formalmente a la Fiscalía.

Incluso, la denuncia plantea de manera residual que se analice una eventual usurpación de funciones en relación con Olivera, en caso de que se determine que el edil actuó por fuera de las atribuciones propias de su cargo al intervenir en una actuación que correspondía a un órgano del Ministerio Público.

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La parte denunciante también pidió que la investigación sea llevada adelante por un fiscal distinto de Nicolía, con el argumento de que de ese modo se garantizaría la neutralidad de las actuaciones.

Fuentes vinculadas con los denunciantes dejaron trascender, además, que esta presentación podría derivar en un eventual planteo para recusar a Nicolía o solicitar que sea apartado de la investigación principal que tiene bajo su órbita y que involucra al intendente José Castro y a tres concejales.

La presentación no aparece aislada del complejo escenario judicial que atraviesa actualmente el municipio de Angaco. Nicolía es uno de los fiscales que intervienen en una investigación que tiene como protagonistas al intendente José Castro y a los concejales Alberto De los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, por una maniobra que, según la hipótesis fiscal, habría buscado producir efectos sobre una causa penal que ya involucraba al jefe comunal.

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El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando el propio Concejo Deliberante denunció a Castro por el presunto uso de maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un terreno privado ubicado en Chimbas. A partir de aquella denuncia, el intendente quedó acusado por delitos vinculados con la administración pública, entre ellos malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juicio oral llegó a tener fecha de inicio para el 23 de febrero de 2026, pero pocos días antes Castro presentó un acuerdo de conciliación y reparación integral. La propuesta contemplaba el pago de $5 millones, destinados a una entidad de beneficencia de Angaco, como mecanismo para reparar el eventual perjuicio y procurar la extinción de la acción penal.

El punto que generó mayor controversia fue que ese acuerdo había sido aprobado por el propio Concejo Deliberante que años antes había denunciado al intendente.

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Con una composición diferente, los concejales De los Ríos, Paredes y López acompañaron la iniciativa, mientras que Olivera votó en contra y la edil Gloria Herrera se abstuvo. La defensa de Castro llevó posteriormente esa decisión ante el tribunal como argumento para intentar cerrar el proceso penal.

La Fiscalía interpretó que la decisión podía exceder las atribuciones del Municipio y del Concejo, al considerar que los funcionarios podrían haber utilizado sus cargos y una ordenanza municipal para intentar producir consecuencias sobre una causa penal que se encontraba bajo la órbita del Poder Judicial y del Ministerio Público.

De allí surgió una segunda causa penal, en la que Castro quedó involucrado junto con los tres concejales. En el caso del intendente se investigan, según la calificación que fue tomando el expediente, conductas vinculadas con abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, mientras que a los concejales se les atribuyeron inicialmente posibles delitos de abuso de autoridad y encubrimiento.

La defensa sostuvo que no existía un delito penal y que, en todo caso, podía discutirse la validez de la ordenanza en el ámbito administrativo. Sin embargo, la Justicia rechazó los planteos destinados a desplazar la investigación hacia el fuero Contencioso Administrativo.

En abril, la jueza de Impugnación Ana Lía Larrea rechazó el planteo defensivo y confirmó la continuidad de la investigación penal. En junio también rechazó el recurso mediante el cual las defensas pretendían llevar la discusión sobre la competencia ante la Corte de Justicia de San Juan.

El expediente quedó así habilitado para avanzar y Fiscalía solicitó un plazo de investigación para determinar las eventuales responsabilidades penales de Castro y los tres concejales. Como consecuencia, el juicio original que debía enfrentar el intendente quedó suspendido hasta que exista una resolución firme en torno a esta nueva causa.

En ese contexto, la denuncia presentada por las autoridades del Concejo introduce un nuevo elemento de tensión: uno de los fiscales vinculados con la investigación que compromete a Castro y a tres concejales ahora es señalado penalmente por autoridades del mismo cuerpo legislativo.

La acusación deberá atravesar ahora una etapa preliminar en la que se deberá determinar si los hechos relatados tienen sustento suficiente para avanzar como investigación penal y, fundamentalmente, si existió una actuación irregular por parte del fiscal o del concejal.

Fuentes vinculadas con el caso, en cambio, cuestionaron la presentación y sostuvieron que un fiscal no puede ser denunciado penalmente por el solo hecho de investigar una causa o requerir documentación en el marco de sus funciones. Según esa interpretación, el planteo carecería de sustento y podría tener como consecuencia práctica extender los tiempos de las causas pendientes, entre ellas la que tiene al intendente Castro como protagonista.

Desde la Fiscalía, por el momento, señalaron que Nicolía tomó conocimiento de la existencia de la denuncia a través de los medios de comunicación y que, por esa razón, desconocía los pormenores de la presentación y los elementos concretos que fueron incorporados.

Así, mientras Adolfo Díaz deberá analizar preliminarmente si corresponde avanzar sobre la denuncia contra Nicolía y Olivera, el conflicto de fondo continúa abierto: la Justicia deberá determinar si en Angaco hubo una utilización indebida de las estructuras institucionales para influir sobre una causa penal o si las actuaciones cuestionadas se encuadraron dentro de las facultades propias de quienes intervinieron.

La nueva denuncia agrega, además, un interrogante político y procesal de peso: si la presentación contra Nicolía termina siendo utilizada por las defensas para intentar apartarlo del expediente que investiga a Castro y a los tres concejales, podría abrirse un nuevo capítulo en una disputa que ya consiguió, hasta ahora, algo significativo: la causa nacida de la maniobra para intentar evitar el juicio terminó frenando el juicio original contra el intendente de Angaco.

Si se lleva adelante una lectura política de las ramificaciones de la causa madre, podrían catalogarse como una estrategia para aletargar el proceso judicial contra Castro y lograr una candidatura el próximo año. Es que el actual intendente tiene la oportunidad de renovar su mandato en las elecciones del 2027 y, según manifestó públicamente, sus intenciones de participar siguen firmes.

Fuente: Tiempo de San Juan

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