Denuncian desalojo ilegal de comunidad mbya

La comunidad mbya guaraní Puente Quemado II denunció un nuevo desalojo irregular, el segundo en lo que va del año. Esta vez, decenas de agentes policiales desalojaron a siete familias que viven en tierras en disputa judicial, que la comunidad considera como territorio ancestral, relevado en el marco de la Ley Nacional 26.160.

El operativo se llevó a cabo ayer, y la comunidad sostiene que fue un procedimiento ilegal porque la medida cautelar que ordenó el desalojo está en suspenso, debido a un recurso de apelación presentado el 17 de julio, confirmó a PRIMERA EDICIÓN el cacique Santiago Ramos.

Por el momento, las familias desalojadas permanecen en otras aldeas, a unos tres kilómetros de las tierras en disputa, pero Ramos remarcó el daño detrás del hecho: "Dejamos nuestra casita, nuestras plantaciones, que hay maíz, mandioca. Para nosotros es un grave sufrimiento. No tenemos forma de resistir, llegaron como 50 policías".

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De acuerdo a la reconstrucción de Ramos, la llegada de los agentes policiales se produjo a primera hora de la mañana. Estuvieron acompañados por personal de Gendarmería y autoridades judiciales, incluidos un juez, "su secretario y el jefe de los policías".

Antes de que los efectivos ingresen al territorio, se leyó la orden de desalojo -que estaba en suspenso por la apelación judicial presentada por la comunidad-. Luego avanzó el operativo, que incluyó el desplazamiento de las familias y el retiro de sus pertenencias en las viviendas de la aldea.

En ese sentido, el cacique aseguró que en el proceso hubo situaciones de violencia física, porque "a algunos hombres les empujaron", pero sobre todo de violencia simbólica hacia la comunidad. "Los policías entraron a las casitas, las chozas, juntaron todas las cosas y cargaron. Eso ya fue violencia, aunque no tiene golpe", sostuvo Ramos.

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En ese asentamiento, ahora inhabitado, viven siete familias de Puente Quemado II (que abarca una zona más amplia de territorio). Hoy se encuentran conviviendo en otras aldeas cercanas, pero Ramos insistió en la propiedad del territorio y las irregularidades acumuladas del procedimiento policial y la causa judicial. "Tenemos carpeta técnica, (el territorio) fue relevado por la Ley 26.160. Tenemos personería jurídica pero (el juez) no vio nada de eso", dijo.

Fuente: Primera Edición

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