Denuncias ambientales georreferenciadas: de qué se trata el proyecto que aprobó el Senado por unanimidad

El proyecto de ley que impulsaron un grupo de senadores de Cambia Mendoza logró el acompañamiento del peronismo y el resto de los bloques.

La senadora Yamel Ases (UCR), presidenta de la Comisión de Ambiente del Senado.

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El Senado provincial aprobó este martes por unanimidad el proyecto de ley que propone incorporar denuncias ciudadanas georreferenciadas como herramienta complementaria para la detección y control de posibles infracciones ambientales en la provincia.

La iniciativa, impulsada por los legisladores de Cambia Mendoza, Yamel Ases, Beatriz Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte y Néstor Majul, establece un marco jurídico para la recepción, preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía, con el objetivo de ampliar la capacidad de fiscalización ambiental en todo el territorio provincial.

La propuesta, que fue votada por unanimidad, pasó a la Cámara de Diputados para su análisis.

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El proyecto prevé el desarrollo de una plataforma digital oficial mediante la cual los ciudadanos podrán reportar, en tiempo real, situaciones que pudieran constituir incumplimientos de la normativa ambiental.

El sistema contará con herramientas de georreferenciación, validación de identidad, sellado temporal, códigos de verificación y mecanismos tecnológicos destinados a garantizar la autenticidad e integridad de la información aportada.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, organismo que tendrá a su cargo la administración del sistema, el procesamiento técnico de los registros y la derivación de las actuaciones a los organismos competentes.

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En aquellos casos vinculados a competencias municipales, la plataforma funcionará como una instancia de articulación entre la Provincia y los municipios.

Asimismo, se aclaró que las imágenes y videos aportados por la ciudadanía podrán constituir elementos de sustento dentro de un procedimiento administrativo, aunque por sí solos no determinarán la existencia de una infracción.

En todos los casos, corresponderá a la autoridad competente analizar los antecedentes, garantizar el derecho de defensa y adoptar las medidas previstas por la normativa vigente.

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Derrames cloacales en Los Corralitos. Imagen archivo

La senadora Yamel Ases (UCR) destacó que el objetivo es otorgar respaldo legal a una participación ciudadana que actualmente se canaliza a través de mecanismos informales, permitiendo transformar esos aportes en herramientas útiles para la protección ambiental y la detección temprana de posibles daños sobre el territorio.

También explicó que la propuesta busca integrarse al proceso de digitalización de la administración pública provincial previsto en la Ley 9.625 del Sistema de Administración Pública Digital, con la posibilidad de incorporarse a futuras herramientas y aplicaciones oficiales.

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El proyecto toma como referencia antecedentes normativos nacionales e internacionales, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana en la protección del ambiente.

También se recordó que tanto la Constitución Nacional como la Constitución de Mendoza establecen la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en la preservación de los recursos naturales.

La propuesta se encuentra alineada, además, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas y las metas vinculadas a la acción climática, la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento institucional.

"Buscamos modernizar el sistema de denuncias ambientales, permitiendo que la ciudadanía aporte registros audiovisuales en tiempo real mediante una aplicación oficial que garantice la autenticidad y trazabilidad de la evidencia", sostuvo la legisladora.

Y explicó que el Ministerio de Energía y Ambiente será la ventanilla única, respetando las competencias municipales, y que se asegurará el debido proceso y el derecho de defensa. Además, agradeció a los senadores que acompañaron la iniciativa.

El peronismo acompañó en general el proyecto que crea una plataforma digital para que los ciudadanos puedan aportar registros audiovisuales sobre presuntas infracciones ambientales, aunque sostuvo que la participación ciudadana fortalece la protección del ambiente, pero nunca puede reemplazar la responsabilidad indelegable del Estado de prevenir, controlar y fiscalizar.

"Este proyecto demuestra que las leyes son mejores cuando se construyen con diálogo y participación. La ciudadanía debe tener más herramientas para colaborar con el cuidado del ambiente, pero eso no puede significar que el Estado renuncie a sus obligaciones", señaló Adriana Cano, presidenta del Bloque PJ.

Agregó que esta ley también le permitirá a la ciudadanía ejercer un verdadero control cuando el infractor sea el propio Estado. "Si hubiera estado vigente antes, los vecinos de Corralitos habrían contado con una herramienta específica para iniciar acciones de contralor ambiental frente a los derrames cloacales", sostuvo.

Desde el Interbloque Encuentro Mendocino (PJ + La Unión Mendocina) remarcaron que esta herramienta permitirá preservar evidencia que muchas veces desaparece antes de la llegada de los organismos de control.

Y aclararon que no buscan promover una cultura de la denuncia permanente ni una lógica de vigilancia entre vecinos, sino una participación ciudadana responsable, en línea con el Acuerdo de Escazú.

Fuente: Los Andes

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