Desestimaron la denuncia por el operativo para entregar al bebé de Rancul

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EL DIARIO digital

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El Ministerio Público Fiscal, a través de la fiscal adjunta sustituta Anabella Kletzel, dispuso la desestimación de las actuaciones en el marco del legajo penal iniciado por la denuncia presentada el pasado 7 de septiembre por Ana Laura Pizzani, quien junto a Joaquín díaz tenían como familia sustituta a un bebé de Rancul 

La presentación judicial cuestionaba el procedimiento de intervención, seguimiento y el operativo concretado en el Puesto Caminero de Eduardo Castex, donde la pareja debió entregar al bebé de siete meses, antes de ser restituido para un proceso de adopción. La denuncia también manifestaba hostigamiento durante la entrega del menor en la Dirección de Niñez, en Santa Rosa.

En los considerandos de la resolución, la Fiscalía aclaró que su intervención se limitó exclusivamente a evaluar si de los sucesos denunciados se desprende alguna acción u omisión con relevancia penal por parte de los funcionarios intervinientes, aclarando que no es competencia de este fuero revisar la legitimidad de las resoluciones de la justicia civil o de Niñez. 

De acuerdo con las constancias del legajo, que incluyeron entrevistas al comisario inspector Luis María José Roberto (coordinador provincial de Fuerzas Especiales e Incidentes Críticos) y a la subcomisaria Romina Erro (jefa del Equipo de Abordaje e Incidentes Críticos), se reconstruyó el operativo desplegado en la Ruta Nacional 35, en un contexto de alta tensión social que contaba con la presencia de numerosas personas agolpadas en apoyo a la familia. 

Diálogo y negociación

La investigación determinó que la intervención policial y de los equipos técnicos se originó en una orden dictada por la jueza de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, Dra. Ana Clara Pérez Ballester. Ante la negativa inicial de la familia a entregar al menor —quienes permanecían dentro de un vehículo exigiendo la revisión de un recurso judicial—, se activó un protocolo de diálogo y negociación. 

El Ministerio Público Fiscal subrayó que los funcionarios actuaron dentro de los marcos reglamentarios:

Prioridad al diálogo: Se privilegió la escucha activa y la contención mediante negociadores profesionales, descartando el uso ilegítimo de la fuerza. 

Atención a necesidades básicas: Se constató que en todo momento se veló por la integridad física del niño, su alimentación, abrigo y necesidades médicas. 

Acuerdos de traslado: Tras dialogar con la abogada defensora y las autoridades del área de Niñez, se acordó el traslado de Ana Laura Pizzani junto al bebé y un familiar hacia la ciudad de Santa Rosa en un vehículo no identificado, acompañados por el equipo especializado, mientras que el coimputado se trasladó en su rodado particular. 

Revisión médica y despedida: Al arribar a la Dirección de Niñez en Santa Rosa, se cumplió con el pedido de la parte de que el niño sea revisado por una médica de Sanidad Policial (Inspector Romina Camarero) y se permitió el espacio para que la familia pudiera despedirse antes de la entrega definitiva. 

Asimismo, las declaraciones testimoniales descartaron la existencia de expresiones agraviantes, intimidatorias o malos tratos por parte de los agentes públicos tanto en el Puesto Caminero como en la sede ministerial. 

Con los elementos colectados, la fiscalía concluyó que el procedimiento respondió estrictamente al cumplimiento de un deber legal y a una manda judicial, por lo que la conducta de los involucrados no configuró tipo penal alguno, procediendo a la desestimación de la causa en los términos del artículo 259 del Código Procesal Penal.