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Desestimaron la denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de seguridad para la Fiesta de la Tradición de Jáchal

Una denuncia de concejales opositores contra el municipio de Jáchal fue desestimada por la UFI del Norte, que no encontró elementos para avanzar por la vía penal. Las actuaciones contravencionales vinculadas al caso continúan en el Juzgado de Paz Letrado.

Por Tiempo de San Juan3 min de lectura
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Desestimaron la denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de seguridad para la Fiesta de la Tradición de Jáchal
Desestimaron la denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de seguridad para la Fiesta de la Tradición de Jáchal · Foto: Tiempo de San Juan

La Unidad Fiscal del Norte desestimó la denuncia penal presentada por los concejales de la oposición de Jáchal Gema Casas y Felipe Táñez por las presuntas irregularidades en torno al personal que realizó tareas de seguridad durante la Fiesta Nacional de la Tradición 2025. La Fiscalía entendió que no se acreditó, hasta el momento, la existencia de un hecho que pueda ser considerado delito y que las actuaciones vinculadas a las infracciones continúan en la Justicia contravencional.

La denuncia había sido presentada el 20 de febrero de 2026 por Casas, Táñez y Cristian Figueroa. Los concejales habían planteado que personas que trabajaron como seguridad durante el evento no contaban con la habilitación correspondiente y habían pedido investigar si el municipio había contratado a una empresa que no estaba registrada.

La investigación fiscal se inició formalmente el 6 de marzo y, durante las actuaciones, se incorporaron los pedidos de informes realizados por los denunciantes, la respuesta de la Policía de San Juan, documentación del Juzgado de Paz Letrado de Jáchal y los expedientes contravencionales iniciados a partir de las actas de infracción 87/25 y 88/25.

Precisamente, ese fue uno de los puntos centrales de la decisión fiscal. Según consta en la resolución, los expedientes contravencionales continúan actualmente en trámite ante el Juzgado de Paz de Jáchal, que es el organismo competente para intervenir ante infracciones a la normativa que regula los servicios de vigilancia, custodia y seguridad.

La Fiscalía remarcó que la Ley Provincial 926-R establece que las infracciones a esa normativa son competencia de los jueces de Faltas y de los jueces de Paz Letrados con competencia contravencional. Además, la misma ley establece que, si durante esas actuaciones aparece la presunta comisión de un delito, debe darse intervención a la Justicia ordinaria.

En este caso, según la resolución, eso no ocurrió. Por el contrario, la instrucción contravencional sigue abierta y no determinó hasta el momento la existencia de un hecho delictivo que deba ser investigado penalmente.

Otro de los argumentos utilizados para desestimar la denuncia fue que los denunciantes habían planteado distintas hipótesis delictivas sin aportar elementos suficientes que permitieran establecer concretamente circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas involucradas. El Ministerio Público sostuvo que la Justicia penal no puede avanzar sobre la base de una investigación preventiva o de hipótesis, sino a partir de elementos que permitan sostener la posible existencia de un delito.

La Fiscalía también señaló que no se había agotado la instancia administrativa vinculada al control de los fondos municipales. En ese sentido, mencionó la competencia del Tribunal de Cuentas de San Juan para controlar la legitimidad de la percepción e inversión de caudales públicos y recordó que el Concejo Deliberante tiene entre sus atribuciones el examen de las cuentas de la Administración Municipal.

Por esos motivos, el representante del Ministerio Público Fiscal resolvió desestimar la promoción de la instancia penal y notificar la decisión a los denunciantes.

La presentación de los concejales había surgido luego de que se conociera que personas que realizaban tareas de seguridad durante la Fiesta Nacional de la Tradición 2025 habían sido infraccionadas por no contar con la habilitación correspondiente. A partir de allí, los ediles habían pedido información a la Policía, al Juzgado de Paz y al municipio para determinar si existió una contratación de seguridad privada y cómo se había instrumentado.

Desde el municipio, el intendente Matías Espejo había negado que la comuna hubiera contratado una empresa de seguridad privada para el evento. Según explicó entonces, la seguridad de la fiesta estuvo cubierta por la Policía de San Juan, Bomberos de la Policía y la Coordinación de Seguridad municipal. Además, había anunciado la apertura de un sumario administrativo para aclarar lo ocurrido.

Fuente: Tiempo de San Juan

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