Detención de un contratado sacude a la Unicameral: cambian controles sobre 1.055 asesores

La detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, uno de los investigados en una causa por presuntos delitos de grooming y abuso sexual contra dos adolescentes en Villa de María del Río Seco, generó repercusiones dentro de la Legislatura de Córdoba. Y ello derivó en un refuerzo de los controles sobre el personal contratado.

El caso tomó relevancia luego de que se conociera que Villarreal figuraba en la última nómina oficial de personal contratado publicada por la Unicameral. Mientras desde el oficialismo sostuvieron que había sido apartado con anterioridad, la situación provocó cuestionamientos internos y un pedido de informes impulsado por la oposición para conocer cuál fue su vínculo laboral y qué mecanismos de control se aplican sobre los contratados.

El legislador Ernesto Flores (PJ) dijo que cumplía "tareas territoriales" de asistencia en el departamento Río Seco, en el norte cordobés. Ante esta afirmación, la oposición pidió explicaciones sobre las funciones que cumplía para la Legislatura.

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La Voz confirmó que en las últimas horas, jefes de bloques y distintas áreas de la Legislatura recibieron una comunicación de la Secretaría Administrativa en la que se informa sobre el inicio de un proceso de actualización y verificación de legajos personales para todo el universo de asesores y funcionarios legislativos.

La principal novedad es que, además del certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, se exigirá el certificado de antecedentes expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba.

Según la comunicación interna, ambos documentos pasarán a formar parte de los requisitos exigidos para nuevas designaciones, renovaciones contractuales y otras actuaciones administrativas. Además, deberán ser actualizados de manera semestral.

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La medida alcanza a los 1.055 contratados que tenía la Legislatura de Córdoba según la última nómina oficial, publicada en mayo de 2026.

No es la primera vez que la conducción de la Unicameral adopta medidas de control sobre el personal contratado después de que un caso genera impacto político.

En enero de 2025, tras conocerse la investigación por la denominada "empleada fantasma" –que involucró al exconcejal Guillermo Kraisman, quien intentó cobrar el sueldo correspondiente a Virginia Martínez–, la vicegobernadora Myrian Prunotto dispuso que los contratados debieran presentarse personalmente en la Legislatura para firmar documentación y acreditar la efectiva prestación de tareas.

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Ahora, la nueva disposición relacionada con la actualización de antecedentes vuelve a introducir cambios en los procedimientos administrativos internos y se conoce pocos días después de la detención de Villarreal, señalado por la Justicia como uno de los sospechosos en la investigación por abuso sexual infantil y grooming en el norte cordobés.

La comunicación establece que antes del 31 de agosto los asesores deberán presentar el certificado nacional actualizado y la constancia de haber iniciado el trámite del antecedente provincial. Una vez obtenido el turno correspondiente, dispondrán de un plazo de 30 días para incorporar a sus legajos la constancia definitiva.

Fuente: La Voz

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