Detienen a dos oficiales del CAP 19 por "pasar información" en dos robos millonarios

Juan Pablo Páez y Franco Santiago Herrera Figueroa, dos efectivos policiales del Comando de Acción Preventiva (CAP), fueron detenidos este jueves por órdenes del fiscal Juan Pablo Klinger, en el marco de una investigación para esclarecer un robo millonario en barrio Urca, zona norte de la ciudad de Córdoba.

Todo comenzó cuando el pasado 20 de abril, alrededor de las 4 de la madrugada, un grupo de delincuentes irrumpió de manera violenta y armado en una vivienda de calle Luis Lagos García.

Los ladrones redujeron a una familia. Se apoderaron de dos camionetas, objetos de valor y obligaron a las víctimas a realizar transferencias desde sus teléfonos por $ 17,3 millones.

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El fiscal continuó investigando y las pesquisas le permitieron relacionar a Alan Guerra, uno de los que participaron en el robo millonario en barrio Urca, con Páez y Herrera Figueroa.

La sospecha es grave: los investigadores sostienen que los dos policías, aprovechándose de sus funciones en el CAP 19, brindaban información que resultaba clave para que los delincuentes pudieran actuar.

Entre otras cosas, les habrían advertido sobre los movimientos policiales y la eventual llegada de patrulleros a los lugares donde se cometían los golpes.

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La hipótesis que manejan los pesquisas es todavía más amplia: sospechan que esta asociación no habría sido ocasional. Sospechan que los policías habían actuado de la misma manera en numerosas oportunidades.

Lo cierto es que las nuevas detenciones fueron ordenadas por el delito de asociación ilícita y por robos triplemente calificados.

La hipótesis de Klinger es que existía una banda estable cuya actividad principal consistía en perpetrar delitos contra la propiedad de manera indeterminada y permanente.

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Con los procedimientos de este jueves, la causa llegó a 13 detenidos. Además, se ordenó otra captura que hasta el momento no pudo concretarse.

En la fiscalía nadie se atreve a decir que se haya concluido con la pesquisa. "Podría haber nuevos imputados y nuevos detenidos, además del prófugo que busca la fuerza", explicaron.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, es enfático respecto de los delitos cometidos por integrantes de la fuerza.

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"En la Policía "nadie va a contar con protección" y quienes deban ir presos, así lo harán", ya dijo en reiteradas oportunidades.

Desde el Gobierno provincial, además, aseguraron que la Justicia contó con los elementos necesarios para avanzar en la investigación.

El robo que terminó por destapar la estructura delictiva ocurrió alrededor de las 4, cuando un grupo de delincuentes ingresó violentamente en la vivienda de barrio Urca. De acuerdo con la reconstrucción judicial, actuaron armados, en grupo y con una planificación previa.

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Una vez adentro, redujeron a los integrantes de la familia.

Hubo golpes, amenazas y gritos. Los dueños de casa quedaron amordazados mientras los asaltantes comenzaron a recorrer la vivienda.

Los ladrones se apoderaron de ropa, joyas, anillos y otros objetos de valor. También sustrajeron una Toyota Hilux y una Toyota SW4, que posteriormente pudieron ser recuperadas.

Pero el botín no terminó allí.

Los delincuentes tomaron los teléfonos celulares de las víctimas y las obligaron a realizar transferencias. Algunos, según pudo reconstruir la investigación, se sentaron alrededor de la mesa del comedor y comenzaron a concretar las operaciones mientras la familia permanecía amenazada.

En total, fueron transferidos $ 17,3 millones hacia cuentas de dos cómplices. Desde allí comenzó una dispersión del dinero mediante diferentes cuentas e intermediarios.

Seguir ese circuito fue una de las claves de la causa.

El análisis de movimientos bancarios, comunicaciones y otros elementos permitió identificar a quienes presuntamente habían participado directamente del asalto, pero también a quienes habían facilitado las cuentas y a las personas encargadas de reclutar a sus titulares.

La investigación también consiguió determinar cómo se habría distribuido posteriormente el producto del robo y quién habría colaborado para intentar desprenderse de una de las camionetas sustraídas.

La profundización de la pesquisa permitió identificar a nuevos presuntos integrantes de la organización y, sobre todo, vincularlos con otros delitos contra la propiedad cometidos mediante una modalidad similar.

Uno de ellos fue un importante robo ocurrido el 5 de abril en barrio Centro, apenas 15 días antes del golpe de Urca.

Fue en ese punto cuando apareció un elemento que terminó de modificar el escenario de la investigación: la presunta participación de policías.

Según la causa, Páez y Herrera Figueroa se habrían valido de sus cargos y funciones dentro del Comando de Acción Preventiva del Distrito Policial 19 para prestar una colaboración necesaria tanto para concretar los robos como para procurar posteriormente la impunidad de los responsables.

Los investigadores sostienen que Alan Guerra era quien coordinaba con los policías.

La maniobra habría incluido información sensible sobre los movimientos de la propia fuerza. Los efectivos les avisaban a los delincuentes cuándo podía llegar la Policía, un dato fundamental para calcular el tiempo disponible durante los asaltos y emprender la fuga.

Por ahora, la Justicia asegura haber podido acreditar la participación de los uniformados en los dos hechos investigados. Sin embargo, existe la sospecha de que esa mecánica habría sido utilizada de manera habitual.

Por eso, la acusación ya no se limita a determinar responsabilidades individuales en un robo puntual.

La hipótesis judicial apunta a una asociación ilícita, es decir, a una estructura estable destinada a cometer una cantidad indeterminada de delitos.

Las nuevas órdenes judiciales derivaron este jueves en tres detenciones, dos de ellas correspondientes a Páez y Herrera Figueroa, además de nuevos allanamientos para secuestrar elementos considerados de interés.

La investigación también puso nuevamente el foco sobre una modalidad que genera preocupación entre quienes siguen las nuevas formas de robos violentos: la utilización de billeteras virtuales y aplicaciones bancarias como parte del botín.

Ya no se trata solamente de ingresar a una vivienda para buscar dinero, joyas o vehículos.

En Urca, los delincuentes tuvieron a la familia reducida y utilizaron sus propios teléfonos para obligarla a transferir millones de pesos.

El mecanismo, además, permite mover el dinero rápidamente. Las transferencias iniciales fueron dirigidas a cuentas de terceros y luego los fondos comenzaron a dispersarse entre diferentes intermediarios, lo que obligó a los investigadores a reconstruir un complejo recorrido financiero.

Pero existe otro elemento que preocupa todavía más: la violencia con la que actúan estas organizaciones y la posibilidad de que cuenten con colaboración desde dentro de la propia Policía.

En el caso de Urca, la familia fue sorprendida durante la madrugada, reducida, golpeada y amenazada por un grupo armado mientras los delincuentes permanecían dentro de su casa realizando las transferencias.

Fuente: La Voz

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