Detienen a partera de 88 años por tráfico de bebés en Rosario

Una partera de 88 años fue detenida en Rosario acusada de suprimir la identidad de una niña en 1970 y se investiga su implicación en otros cinco casos de tráfico de bebés entre 1968 y 1980.

La fiscal federal Soledad García, responsable de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas, ha formalizado una investigación penal contra una mujer de 88 años, ex partera en un hospital público de Rosario, por diversos delitos relacionados con la supresión y alteración del estado civil y la identidad de una menor.

La acusada está señalada por haber emitido un certificado de nacimiento en el Hospital Roque Sáenz Peña en 1970, conteniendo información falsa respecto a los padres biológicos de la niña, registrada como C.E.M.Q. La fiscalía ha iniciado un examen exhaustivo de este caso, que abarca cinco denuncias adicionales de víctimas afectadas por prácticas similares durante un período que se extiende entre 1968 y 1980.

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En la audiencia realizada, la fiscal García enfatizó que la conducta de la imputada no se limita a irregularidades administrativas, sino que ha generado efectos jurídicos permanentes que continúan afectando la identidad y dignidad de las víctimas. La falsedad ideológica de los documentos públicos utilizados es una de las principales preocupaciones de la fiscalía.

La defensa de la acusada ha argumentado sobre la prescripción de la acción penal, pero el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz ha rechazado esta solicitud, considerando que el delito es continuado y que sus efectos persisten hasta que se establezca correctamente la identidad de las víctimas.

Además, el juez autorizó la extracción compulsiva de ADN de la imputada, con el objetivo de determinar vínculos biológicos con las denunciantes. Esta medida ha sido respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce el derecho de las víctimas a conocer su identidad.

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Las medidas cautelares impuestas incluyen la presentación periódica de la imputada ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir del país. Estas acciones buscan asegurar que la acusada cumpla con los procedimientos judiciales mientras continúa la investigación.

La denuncia original que llevó a esta investigación fue presentada por la víctima C.E.M.Q. en abril de este año, quien relató haber vivido años de incertidumbre sobre su origen biológico. Los resultados de un examen de ADN confirmaron que no existía vínculo biológico con la persona que figuraba como su madre en el acta de nacimiento. Este caso pone de relieve la gravedad de las prácticas de tráfico de bebés y la supresión de identidades que han ocurrido en el pasado en el ámbito de la salud pública.

Fuente: Diario Panorama

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