Detuvieron a una funcionaria bonaerense: la acusan de lavar $27.000 millones con datos biométricos de expresos

Una fiscal de La Plata investiga una organización que habría utilizado a expresos y personas en situación de vulnerabilidad como "mulas financieras" para abrir cuentas en billeteras virtuales. La causa detectó movimientos por más de $27.000 millones.

Detuvieron a una funcionaria bonaerense acusada de usar datos biométricos de personas vulnerables para lavar dinero.

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Una funcionaria del Ministerio Público Fiscal bonaerense fue detenida por orden de la fiscal de La Plata Betina Lacki, acusada de integrar una organización que habría captado a personas en situación de vulnerabilidad para utilizar sus datos personales y biométricos en la apertura de cuentas de billeteras virtuales y canalizar dinero de presunto origen ilícito.

La investigación apunta a una presunta estructura de lavado de activos vinculada al juego clandestino y detectó movimientos financieros por al menos $27.000 millones. Uno de los nombres que aparece en el expediente es el de Ignacio Leonel Marchioni, quien también está imputado en la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera vinculada al mundo de la AFA.

La detenida es Albertina Mangini, quien cumplía funciones en una oficina de enlace del Patronato de Liberados. La fiscal la imputó, junto con Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni, por los delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

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Mangini ya fue detenida y en los próximos días la fiscalía podría solicitar su prisión preventiva. La decisión quedará en manos del juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo.

Según la hipótesis de la fiscalía, la cual difundió Clarín, la organización habría aprovechado el acceso a información de personas que se encontraban bajo la órbita del Patronato de Liberados para captar a individuos en condiciones de vulnerabilidad económica.

A esas personas se les habría ofrecido $80.000 a cambio de entregar sus datos personales y permitir la captura de información biométrica.

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La investigación sostiene que algunas de las víctimas eran citadas en un bar de la zona de 7 y 56, en La Plata, donde mediante teléfonos celulares se fotografiaban sus rostros y documentos y se obtenían datos biométricos mediante un sistema de reconocimiento.

Con esa información, presuntamente se abrían cuentas a nombre de terceros en plataformas como Ualá, Mercado Pago y PayPal.

Las personas cuyas identidades eran utilizadas se convertían así en las denominadas "mulas financieras": cuentas utilizadas para recibir, transferir y fragmentar dinero cuyo origen se intentaba ocultar.

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Una de las operatorias reconstruidas por los investigadores registra movimientos por $172.242.946,68 durante aproximadamente un año.

La hipótesis de Lacki sostiene que las cuentas creadas con los datos de las víctimas eran utilizadas posteriormente para derivar fondos hacia un casino online ilegal.

El dinero presuntamente ilícito ingresaba como créditos de juego y luego podía regresar al circuito formal bajo la apariencia de ganancias.

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Los investigadores describen esta metodología como "smurfing" o "pitufeo", una técnica que consiste en dividir grandes sumas de dinero en numerosas operaciones y cuentas para dificultar su rastreo y evitar los controles automáticos de prevención del lavado.

De acuerdo con la acusación, el casino habría funcionado como una suerte de mecanismo para romper la trazabilidad de los fondos y otorgarles una apariencia de legitimidad.

Uno de los puntos de mayor relevancia del expediente es la aparición de Ignacio Leonel Marchioni, quien ya está bajo investigación en la causa federal que tiene como eje a Sur Finanzas.

En ese expediente, que tramita ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, Marchioni tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes. Los investigadores analizan su presunta participación como intermediario en operaciones con criptomonedas.

Un informe atribuido a ARCA había detectado que Marchioni, pese a estar registrado como monotributista categoría D y haber declarado ingresos inferiores a $5 millones durante 2024, habría tenido una actividad financiera de una magnitud muy superior.

Según ese análisis, habría registrado movimientos por unos $87.000 millones a través de billeteras vinculadas a Sur Finanzas y QBIT Capitals. También se detectaron operaciones en efectivo por aproximadamente $255 millones y la adquisición de un BMW por casi $100 millones.

En paralelo, la fiscal Lacki incorporó un informe del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina sobre la actividad de Marchioni en HAZ PAGOS.

El estudio detectó créditos por $13.574.944.078 y débitos por $13.574.944.075, lo que representa un flujo bruto superior a $27.149 millones.

La plataforma habría terminado bloqueando y suspendiendo la operatoria de Marchioni después de detectar un aumento del riesgo asociado a su actividad y su vinculación con hechos investigados en la causa Sur Finanzas.

Tras conocerse la detención, el gobierno de Axel Kicillof aclaró que Mangini "es una empleada Judicial y no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrática ni laboral con el Ministerio de Justicia".

Según explicó la administración bonaerense: "Ella trabajaba en una dependencia de la fiscalía general en la cual tenían acceso a la información de las personas liberadas ya que durante la gestión de María Eugenia Vidal se hizo un convenio por el cual durante una parte de la etapa de supervisión algunas personas (aquellas que no pasaron por la cárcel por tener una pena de ejecución condicional) deben presentarse a firmar en esa sede de la fiscalía".

Luego, afirmó: "De ahí es que esa empleada judicial tenía información de personas condenadas por el poder judicial".

El Patronato de Liberados depende del Ministerio de Justicia bonaerense, conducido por Martín Mena, y está dirigido por Aníbal Hnatiuk.

Fuente: Los Andes

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