Detuvieron al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, tras quedar firme su condena por corrupción
El exmandatario fue trasladado desde Concordia hasta la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde comenzó a cumplir la pena de ocho años de prisión.
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue detenido durante la noche del viernes y trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, luego de que quedara firme la condena a ocho años de prisión por delitos contra la administración pública.
La orden de detención también alcanzó a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación durante su gestión. Ambos fueron condenados a seis años y medio de prisión en la misma causa.
Urribarri se encontraba en su domicilio de Concordia cuando efectivos policiales llegaron para concretar la detención. El traslado hasta Paraná, una distancia de unos 280 kilómetros, demandó cerca de cuatro horas y el exgobernador ingresó a la unidad penitenciaria durante la madrugada.
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La cárcel de Paraná había sido definida como el lugar de alojamiento para los tres condenados. También se habían evaluado la Unidad Penal N°3 de Concordia y la colonia penal de Gualeguaychú.
La condena contra Urribarri fue dictada en abril de 2022. El exgobernador recibió una pena de ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Después de que la Corte Suprema rechazara el último recurso presentado por su defensa, la sentencia quedó firme y se habilitó el cumplimiento efectivo de la pena.
Antes de la detención, la defensa había presentado un pedido para que Urribarri cumpliera la condena en su domicilio, con un dispositivo de monitoreo electrónico. El abogado Leopoldo Cappa argumentó que el exgobernador se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde diciembre de 2025 y presentó documentación médica en la que se consignó un cuadro de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos.
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La defensa sostuvo que el ingreso a una cárcel podía provocar un agravamiento de su estado de salud y representar un riesgo para su integridad psicofísica.
El planteo fue rechazado por el Tribunal de Juicio que intervino en la causa. Los jueces Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara consideraron que el pedido era "improcedente" y señalaron que, al tratarse de una condena firme, la decisión sobre una eventual prisión domiciliaria corresponde al Juzgado de Ejecución de Penas.
La Fiscalía también se había opuesto al planteo de la defensa y sostuvo que el Tribunal de Juicio no era el organismo competente para resolver sobre la modalidad de cumplimiento de la pena.
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Al mismo tiempo, los magistrados dispusieron que el Servicio Penitenciario realice un examen médico completo a los condenados al momento de su ingreso. La medida contempla la continuidad de los tratamientos, la provisión de la medicación indicada y el traslado a centros hospitalarios en caso de que alguno necesite atención médica.
Fuente: Tiempo de San Juan
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