Día D para el Acueducto gate: cronología de una causa inédita para San Juan

La megaobra que proponía abastecer de agua al San Juan del futuro no sólo quedó trunca, sino que dio origen a una investigación penal sin precedentes en la provincia. Se trata de la causa por el Acueducto Gran Tulum, que indaga sobre las presuntas irregularidades tanto en la licitación como en la concreción de la obra y que, este miércoles, será finalmente formalizada. 

Con al menos 11 personas vinculadas al expediente judicial que lleva adelante la UFI de Delitos Especiales, entre ellas ex directivos de OSSE y ex funcionarios del Gobierno de la Provincia, el Día D para el denominado Acuaductogate llega frente a múltiples especulaciones con la participación de los vinculados y las presentaciones que podrían realizar ante la jueza de Garantías, Mónica Lucero. 

Es que entre los notificados para la audiencia figuran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, lo mismo que el diputado nacional Cristian Andino, Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparros, Julio Ortíz Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso. Es por ello que quiénes irán a Tribunales, quiénes asistirán por Zoom y quiénes no aparecerán son interrogantes que se barajan. 

Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, que comandan la investigación, junto al fiscal coordinador Roberto Ginsberg, serán los encargados de presentar la teoría del caso y encuadrar las presuntas conductas de los implicados en figuras delictivas y su respectivo grado de participación, frente a las sospechas de corrupción y hasta de asociación ilícita. 

En la audiencia prevista, que marcará un precedente en la justicia penal dada la intervención de nombres de peso, también dará el presente el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, en representación de los intereses de la Provincia, conformándose oficialmente como parte querellante. Su actuación en el proceso resultará clave pues nunca antes había participado en uno, excepto con el cierre de la megacausa de expropiaciones.  

En ese contexto, es fundamental comprender la cronología de un caso que tomó impulso a partir de publicaciones periodísticas, las que fueron la base de la denuncia penal que presentó el abogado y dirigente político Marcelo Arancibia. La secuencia de los hechos podría establecerse en tres etapas diferenciadas, las que explican cómo se habrían dado las maniobras bajo la lupa.  

El préstamo para financiar el proyecto de la obra, que permitiría duplicar el abastecimiento de agua potable para todo el Gran San Juan, provino de un fondo kuwaití para obras de infraestructura en Argentina y fue el ministro estrella de José Luis Gioja, José "Pepe" Strada, quien consiguió que llegaran a San Juan 100 millones de dólares a devolver en dos décadas con 4 años de gracia y una tasa de interés del 3%.

Como consecuencia del apoyo militar brindado por Argentina a Kuwait durante la Guerra del Golfo Pérsico a principios de los años noventa por decisión del gobierno de Carlos Menem, el país asiático creó años después un fondo crediticio en retribución, destinándolo al financiamiento del acueducto Gran Tulum en San Juan. A pesar de las demoras por disputas sobre la jurisdicción legal del contrato, en noviembre de 2014 se concretó la garantía nacional tras acordar que los eventuales conflictos judiciales se resolverían mediante un tribunal tripartito integrado por representantes de Argentina, Kuwait y la Corte Internacional de La Haya.

La primera contratación correspondió a la provisión de aproximadamente 13 kilómetros de cañerías y piezas especiales. El proceso se inició durante el gobierno de José Luis Gioja y tuvo como adjudicataria a Krah América Latina.

El proceso licitatorio para la adquisición de insumos del proyecto comenzó en marzo de 2015, cuando OSSE autorizó la compra de cañerías de polietileno de alta densidad y piezas especiales por un presupuesto oficial inicial de $51.109.881,03. Meses más tarde, en la apertura de sobres realizada en mayo, únicamente se presentó la firma Krah América Latina, resultando formalmente adjudicada en agosto por un monto de $61.235.936,21, cifra que superaba en un 19,81% el presupuesto original pero que fue considerada dentro de un margen razonable de variación de precios.

Sin embargo, la concreción de la operación sufrió demoras administrativas significativas. A mediados de agosto de 2015 venció el plazo de mantenimiento de la oferta sin que se pudiera abonar la orden de compra, debido a las tardanzas en la implementación del convenio de financiamiento con el Fondo Kuwaití. Debido a esta traba financiera, los recursos necesarios para concretar la compra recién estuvieron efectivamente disponibles a partir de marzo de 2016.

Finalmente, el 22 de marzo de 2016, OSSE y Krah rubricaron un acta de readecuación de contrato que incrementó el monto total de la operación en un 55%, alcanzando los $94.915.701,13. Este documento, firmado por el presidente de OSSE, Sergio Ruiz, y por Gustavo Horacio Monti en calidad de apoderado de Krah América Latina. Ese fue el primer registro oficial que documentó el vínculo directo de Monti, el primo del ex gobernador Uñac, con la firma adjudicataria.

La segunda contratación fue la más importante en volumen económico y cantidad de tuberías. Se realizó durante la gestión de Sergio Uñac y es uno de los principales focos de la investigación penal iniciada y que ahora será formalizada. En diciembre de 2015, Uñac asumió la gobernación y Sergio Ruiz quedó al frente de OSSE, cargo que ocupó hasta febrero de 2019. Durante esa gestión se tramitó la segunda contratación de cañerías destinadas a la obra de infraestructura hídrica.

Entre 2016 y 2017, la empresa Krah obtuvo la adjudicación para proveer aproximadamente 56,7 kilómetros de cañerías, por una oferta de $1.398.126.851,22. El monto superaba en unos $74 millones el presupuesto oficial. La contratación fue cuestionada por la firma competidora General Plastics, que advirtió a OSSE sobre el carácter experimental de las tuberías y el valor de la propuesta. Esas observaciones quedaron entre los antecedentes de las sospechas posteriores.

El 19 de junio de 2017, el Gobierno de San Juan y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación firmaron un convenio de financiamiento por $1.170.046.233,51 para la obra civil. Como la adjudicación superaba los recursos previstos originalmente, fue necesario gestionar una ampliación del financiamiento para cubrir la diferencia.

Entre 2018 y 2019, Krah instaló una planta de producción en el Parque Industrial de Albardón. La decisión buscaba reducir los costos logísticos asociados al traslado de las cañerías desde Buenos Aires hasta San Juan. El 13 de marzo de 2019, la planta fue inaugurada en un acto que contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes del sector industrial.

Entre los presentes estuvo Gustavo Mastelono, director general de Krah Latinoamérica, lo mismo que Gustavo Monti. El familiar del ex mandatario aparece en una fotografía tomada durante la apertura de sobres de la licitación junto a Mastelono, aunque el documento de marzo de 2016 constituye la constancia formal de su condición de apoderado.

Finalmente, el 5 de septiembre de 2019, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una ampliación del financiamiento para la obra. La diferencia entre el convenio original y el monto adjudicado ascendía a aproximadamente $827,95 millones, un incremento que completó una etapa clave del esquema financiero de la contratación.

Hasta el momento, a este octubre de 2026, la obra no se concretó y, desde diciembre de 2025, la Provincia se vio obligada a pagar el crédito.