Diputados aprobó la restitución de la Ley de Tierras y el proyecto vuelve al Senado

Por Carolina Ramos

El oficialismo logró aprobar la ley de propiedad privada. Foto: Clarín Fotografía

Con el giro que tuvo como objetivo salvar el DNU 70/23 del rechazo opositor, La Libertad Avanza aprobó este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto deinviolabilidad de la propiedad privada, que restituye la Ley de Tierras y deroga el artículo del decreto que la dejaba sin efecto. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones, y volvió al Senado para su sanción definitiva.

Los cordobeses del gobernador Martín Llaryora fueron relevantes para el resultado: cinco de los seis (la única excepción fue Juan Brügge) se abstuvieron, junto con el larretista Álvaro González, y de esa manera empujaron la aprobación. Si los cinco llaryoristas hubieran votado en contra, el resultado hubiese sido un empate a definir por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Y, si se hubiera sumado González, hubiese sido directamente un triunfo opositor.

En el cordobesismo explicaron que se abstuvieron porque no quisieron "convalidar cuatro leyes en una ley" (el proyecto incluye reformas en expropiaciones y desalojos) y "lo único que vale es haber restituido la Ley de Tierras". Atribuyeron el resultado ajustado a un error de cálculo de los libertarios, que perdieron el voto de dos salteños del gobernador Gustavo Sáenz.

En la votación en particular, la restitución de la Ley de Tierras recibió una mayoría más holgada: 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. En este caso, el cordobesismo acompañó (salvo Brügge) y se sumó también Natalia De la Sota, que había rechazado el proyecto en general.

El viejo proyecto original del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pretendía derogar la Ley de Tierras para liberar por completo la venta a extranjeros, pero el oficialismo dio un golpe de timón y ahora busca volver a poner en vigencia la norma, que entre otras restricciones establece un límite del 15% de la superficie nacional, y su correlativo provincial y departamental.

La Libertad Avanza esquivó el tema de tierras, pero desde la oposición no lo dejaron pasar. "Han vuelto a la ley del peronismo, que es la que establece los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros. Ha sido una vuelta de campana del oficialismo, en función de bajar los decibeles de la inmensa oposición a la extranjerización de la tierra", advirtió el diputado massista Diego Giuliano.

El radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) dijo que "hay un efecto lavarropa en el Gobierno, porque ahora ponen la derogación del artículo 154 del DNU 70 para que quede vigente la Ley de Tierras que se quiso eliminar no una, sino dos veces. Y también hay un efecto centrifugado, porque ahora los libertarios y sus aliados, que son la costra política, abrazan la ley de 2011 de Cristina Kirchner".

El proyecto de propiedad privada atravesó un camino totalmente intrincado. Desde un primer momento, el oficialismo se topó con la resistencia de los bloques aliados a derogar la Ley de Tierras. El texto sufrió numerosas idas y vueltas en diferentes borradores, hasta que finalmente, en medio de una fuerte presión popular, Patricia Bullrich decidió retirarlo un día antes de la votación en el Senado.

El de Tierras no fue el único revés que padecieron los libertarios: antes habían desistido con las modificaciones en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), y luego, en pleno recinto, tuvieron que dar marcha atrás con los cambios en la Ley de Manejo del Fuego.

De esa manera, el proyecto fue aprobado en la Cámara alta con solo tres de sus seis capítulos originales: el que establece restricciones para expropiar empresas; el que agiliza los desalojos por falta de pago de inquilinos u ocupaciones ilegales; y el que actualiza el Registro de Propiedad del Inmueble.

Cuando la versión recortada llegó a Diputados, La Libertad Avanza perdió interés. Hasta que encontró en él un salvoconducto para blindar el DNU 70 del intento de rechazo opositor, que fue motivado por el primer fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso en vigencia la derogación de la Ley de Tierras.

Ante la amenaza opositora de voltear todo el decreto, el bloque oficialista manoteó el proyecto de propiedad privada y le hizo dos agregados: repuso la Ley de Tierras en todos sus efectos y derogó el artículo 154 del DNU, que eliminaba esa misma norma. La enrevesada maniobra ayudó a desinflar la sesión de la semana pasada, que cayó por falta de quórum.

Ahora la pelota volvió al Senado, que tiene dos opciones: aceptar los cambios o insistir en la versión original. Si elige la primera, la Ley de Tierras volverá a tener vigencia y se abortaría la pelea judicial, que está bajo definición del Juzgado Federal de Bariloche luego del segundo fallo de la Corte.

El proyecto aprobado este miércoles establece parámetros más exigentes para expropiar una empresa. "El Estado no puede de manera caprichosa y arbitraria tomar un bien que no le corresponde", señaló Santiago Santurio, presidente de la Comisión de Legislación General.

En primer lugar, se restringe la interpretación de la utilidad pública. La ley declarativa deberá identificar de manera específica y concreta el fin que se persigue, y se exigen tres condiciones para expropiar: la medida deberá ser "idónea, necesaria y proporcional" para alcanzar el objetivo de utilidad pública.

La indemnización se calculará sobre el valor objetivo del bien, tomando como referencia el valor de mercado cuando pueda determinarse. Incluye los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

Otro punto relevante es que se incorpora el lucro cesante, es decir, la ganancia que el propietario deje de percibir como consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Será con un límite del 30% del valor del daño emergente.

Asimismo, el valor del bien se determinará tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto administrativo de la expropiación o su anuncio público. Y se prevé la actualización del monto mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En cuanto a los desalojos, pasarán a tramitarse mediante el juicio sumarísimo, un procedimiento judicial abreviado. Podrá ser iniciado por quien invoque un derecho o interés legítimo afectado, contra locatarios, tenedores precarios, intrusos y otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible. "Es importante que, cuando hay una ocupación, rápidamente ese derecho sea resarcido al dueño de esa propiedad", remarcó Santurio.

Uno de los puntos más controvertidos es que se habilita el desalojo "exprés" de inquilinos que incumplan las condiciones de uso del inmueble o estén en mora conforme al contrato. El dueño deberá intimar previamente al inquilino por la deuda, con un plazo mínimo de 10 días corridos para pagar antes de iniciar la demanda por falta de pago.

"Cuando en la Argentina no se respetaban los derechos de propiedad, nadie quería invertir, nadie quería habitar este suelo, nadie quería venir a desarrollarse. Respetar la propiedad privada tiene que ser una política de Estado. Debemos garantizar que el fruto del trabajo de los argentinos no se lo va a sacar un delincuente ni un burócrata de turno", concluyó Santurio.

Temas

Con el giro que tuvo como objetivo salvar el DNU 70/23 del rechazo opositor, La Libertad Avanza aprobó este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto deinviolabilidad de la propiedad privada, que restituye la Ley de Tierras y deroga el artículo del decreto que la dejaba sin efecto. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones, y volvió al Senado para su sanción definitiva.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento