Diputados deberá definir si desafuera a Galán en la causa por amenazas y peculado

Se trata del expediente por la denuncia del empleado Iván Luna Avellaneda. Las otras tres denuncias, que incluyen posibles hechos de abuso sexual, tienen trámites pendientes.

El juez de control de Garantías nº4, Marcelo Sago, confirmó el pedido de desafuero para el diputado provincial del MID, Javier Galán, y ahora los avances de la causa dependerán de la Cámara de Diputados. El pedido, solicitado por el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, es exclusivamente por la causa iniciada por el empleado Iván Luna Avellaneda, quien acusó al legislador por amenazas agravadas y exacciones ilegales.

Ayer, en la sesión, Galán se permitió celebrar que "no es un violador", pese a que las causas por abuso sexual todavía tienen trámites pendientes y también podrían avanzar a nuevos pedidos de desafuero. También sumó una quinta denuncia, esta vez del Colegio Médico de Catamarca (ver página 3).

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Luna Avellaneda es empleado de la Legislatura y su nombre saltó al conocimiento público porque había sido ofrecido como testigo en la denuncia que presentó una compañera de trabajo, Daniela Solohaga, quien fue la primera denunciante del diputado: Solohaga relató que ambos, Luna Avellaneda y ella, eran empleados legislativos, que cumplían horario en el Corralón San Javier, y que debían "devolver" al diputado Galán una parte de sus sueldos.

Conocida la denuncia de Solohaga, Luna Avellaneda denunció las amenazas de su empleador: relató que había sido convocado por Galán a una reunión en una cocina que hay dentro del Corralón, en la que el diputado le pidió que negara cualquier vínculo laboral de Solohaga con el Corralón, que no declarara en su favor e incluso que la contradijera. Además, contó que le pidió que no volviera a trabajar al Corralón, sino que debía presentarse en una sede social ubicada a metros, sobre la Avenida Güemes: y todo esto, según relató el empleado, ocurrió mientras Galán gesticulaba con un cuchillo en sus manos. Por último relató que tenía que destinar parte de su sueldo a "transferir dinero a terceras personas, en su mayoría mujeres".

Para solicitar el desafuero, el juez Sago tuvo en cuenta un informe de Cámara de Diputados, en el que se corroboró que Luna Avellaneda fue designado en ese organismo el 17 de diciembre de 2025 como asesor de Bloque Nivel I1, con la categoría de personal transitorio con funciones políticas del bloque MID; las planillas de registro de asistencia diaria desde diciembre de 2025 a abril de 2026, en las que se comprobó que Luna Avellaneda nunca firmó asistencia en todo ese período; la solicitud de baja de Luna Avellaneda, que se presentó el 15 de mayo, casi dos semanas después de la denuncia del empleado; el testimonio del propio Luna Avellaneda en la causa iniciada por Solohaga; un informe bancario sobre Luna Avellaneda; y un informe de ARCAT sobre la titularidad del Corralón San Javier.

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Fuentes judiciales confirmaron que continúan tramitándose las otras tres denuncias en contra del legislador, que se encuentran actualmente en el mismo Juzgado de Control de Garantías nº4, de Marcelo Sago, a la espera de cumplir con los plazos correspondientes ante la resolución de la Cámara de Apelaciones a distintos planteos efectuados por la defensa técnica del diputado.

Por otra parte, el juez Sago desestimó las medidas probatorias propuestas por la defensa del diputado Javier Galán en el marco de la investigación jurisdiccional que se realiza por la primera de las denuncias, presentada por Daniela Solohaga. Galán había solicitado el secuestro y peritaje informático de la totalidad de los teléfonos de la denunciante, además de requerir a la empresa de telefonía un informe detallado sobre los dispositivos utilizados por ella desde enero de 2025. El juez consideró que no es una solicitud procedente porque la causa todavía no está en etapa de investigación penal preparatoria, para lo que correspondería un nuevo pedido de desafuero.

En la resolución, Sago aclaró que este procedimiento es "totalmente distinto" a una investigación penal y que su única finalidad procesal es "obtener mérito suficiente para fundamentar una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados", por lo que pretender agotar el material probatorio en esta instancia "desnaturalizaría" el proceso. En este sentido, remarcó que mientras el diputado Galán mantenga su inmunidad de proceso, no pueden ejecutarse secuestros de dispositivos, pericias psicológicas o allanamientos.

Fuente: El Ancasti

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