Diputados kirchneristas piden interpelar a Caputo por el uso de fondos del Sistema Vial Integrado

Infraestructura y fondos públicos

La diputada Marina Salzmann presentó un proyecto para citar al ministro de Economía y que explique el destino de los recursos del SisVial, tras la admisión del vocero presidencial

La diputada nacional Marina Salzmann, del Frente Renovador, presentó un proyecto de resolución para citar a interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de que brinde explicaciones "detalladas, circunstanciadas y documentadas" sobre el destino de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial). Al proyecto adhirieron legisladores como Germán Martínez, Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Karen Tepp, entre otros.

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El disparador del pedido fue la declaración del propio vocero presidencial, Adrián Ravier, quien admitió públicamente que una parte de lo recaudado por el SisVial se destina a Vialidad, mientras que "la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal". Para la diputada, ese reconocimiento es suficiente motivo para exigir una explicación ante el pleno de la Cámara.

El proyecto propone que Caputo concurra acompañado por el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, y por el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, a fin de "complementar con precisión técnica las respuestas". Además, el texto reclama el cese inmediato del uso de fondos de asignación específica para sostener el superávit fiscal y la reactivación urgente de las obras viales paralizadas en todo el país.

Entre los puntos que el proyecto exige esclarecer, se destacan: cuánto ingresó al SisVial mes a mes desde el 10 de diciembre de 2023, cuánto se aplicó efectivamente a obras y cuánto quedó sin ejecutar, y si esos saldos fueron colocados en instrumentos financieros. También se pide que se precise con qué fundamento jurídico y bajo la responsabilidad de qué funcionarios se utilizaron esos recursos para el resultado fiscal.

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Uno de los focos del reclamo apunta a la Autopista Presidente Perón, arteria que conecta a una docena de municipios del área metropolitana bonaerense —entre ellos San Martín, La Matanza y Berazategui— y que impacta sobre más de 12 millones de personas. La paralización de obras en ese corredor es señalada como un ejemplo concreto de las consecuencias de la subejecución vial.

El texto también solicita que el Gobierno informe si se evaluó el impacto de la reducción de la inversión vial sobre los niveles de siniestralidad y mortalidad en las rutas nacionales. Los fundamentos del proyecto advierten que el deterioro de la red vial —calzadas rotas, banquinas deficientes y señalización insuficiente— no es un problema presupuestario sino "una cuestión de seguridad pública y protección de la vida".

Los fundamentos del proyecto señalan además que la falta de pago de certificados de obra y la interrupción de contratos golpea directamente a las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción. Según datos citados en el texto, la construcción explica el 33% de la pérdida de empleo registrado privado durante los dos primeros años del actual gobierno, lo que agrava el impacto social de la paralización de obras.

Fuente: El Esquiú

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