Diputados: la oposición reunió 133 votos y buscará llevar el sobreendeudamiento familiar a sesión especial

La discusión por la mora y el creciente sobreendeudamiento de las familias llegó este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados, donde la oposición consiguió reunir 133 votos para intentar incorporar una serie de proyectos destinados a atender la situación de deudores de bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros proveedores financieros.

La moción no prosperó porque se trataba de un apartamiento del reglamento, procedimiento que necesitaba el respaldo de las tres cuartas partes de los diputados presentes. El resultado fue de 133 votos afirmativos y 107 negativos, insuficiente para modificar sobre la marcha el temario de la sesión.

Sin embargo, la votación dejó otro dato político: los 133 votos superan los 129 necesarios para reunir quórum en una sesión de la Cámara baja.

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Por esa razón, Unión por la Patria y Provincias Unidas comenzaron a trabajar en una sesión especial para el miércoles 9 de septiembre, en la que el objetivo inicial no sería aprobar directamente alguno de los proyectos de desendeudamiento, sino emplazar a las comisiones para que comiencen formalmente su tratamiento.

La mayoría que apoyó abrir la discusión no quedó circunscripta a Unión por la Patria, Provincias Unidas y los bloques de izquierda. También acompañaron legisladores de Argentina Federal, Independencia, Elijo Catamarca y La Neuquinidad, espacios provinciales que en distintas votaciones han mantenido posiciones dialoguistas con el Gobierno nacional. En conjunto, esos bloques aportaron 14 votos al pedido.

La posición de Argentina Federal resulta particularmente relevante para Misiones, ya que el espacio fue presentado formalmente este mismo miércoles y reúne, entre otros, a los diputados nacionales misioneros.

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El acompañamiento también coincide con la postura que dirigentes misioneros vienen planteando frente al incremento del endeudamiento familiar y con las medidas que la Provincia comenzó a aplicar para trabajadores públicos y beneficiarios del IPS que tienen una parte elevada de sus ingresos comprometida por cuotas.

En Diputados existe actualmente un amplio conjunto de proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad, con propuestas diferentes sobre cómo intervenir.

Entre ellos aparece el expediente 4166-D-2026, presentado el 20 de agosto por Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz y otros legisladores de Unión por la Patria, que propone crear un Régimen Integral de Protección y Desendeudamiento de las Familias Argentinas y modificar disposiciones del DNU 70/2023, de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley de Tarjetas de Crédito. El proyecto fue girado a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda.

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También se encuentra el proyecto 3832-D-2026, del diputado Pablo Juliano, que plantea un régimen de protección de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito.

Otra iniciativa, presentada por Diego Giuliano y Caren Tepp, propone declarar una emergencia económica y social para el desendeudamiento de familias con deudas de tarjetas de crédito o préstamos personales obtenidos mediante plataformas fintech.

A su vez, un proyecto encabezado por Natalia Zaracho plantea declarar por dos años una emergencia crediticia de las familias y crear un Régimen Esencial de Desendeudamiento (RED).

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La Comisión de Defensa del Consumidor ya tiene además bajo análisis iniciativas sobre límites a intereses y cargos de tarjetas, reestructuración de deudas, cobranza extrajudicial, límites voluntarios de gasto y prevención del sobreendeudamiento.

Durante el debate, Juliano sostuvo que el Congreso debe abordar una situación que, según las estimaciones manejadas por los impulsores, alcanza a unos seis millones de argentinos en mora o con problemas graves de sobreendeudamiento.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, habló de 20 millones de personas con algún tipo de endeudamiento y seis millones en mora, cifras que corresponden a estimaciones mencionadas por los legisladores y no a un padrón oficial único de deudores.

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Los últimos datos oficiales del Banco Central, sin embargo, confirman el deterioro de la capacidad de pago.

En junio, la irregularidad del crédito destinado a las familias llegó al 12,8%, mientras que la mora del conjunto del financiamiento al sector privado se ubicó en 7,6%. La de las empresas fue sustancialmente menor, de 3,5%.

El crecimiento de la mora se convirtió en los últimos meses en un problema que atraviesa tanto el sistema bancario como las financiaciones otorgadas por proveedores no bancarios y plataformas digitales.

La Libertad Avanza votó en contra de habilitar el tratamiento y contó con el respaldo del PRO. El oficialismo reunió 107 votos negativos: 94 de La Libertad Avanza, 12 del PRO y uno de Por Santa Cruz. La UCR, el MID y Producción y Trabajo optaron por abstenerse.

Desde el Gobierno vienen sosteniendo que las deudas surgen de contratos celebrados entre privados y cuestionan algunas de las alternativas de intervención planteadas desde el Congreso.

Una de las principales objeciones de los sectores que rechazan esas iniciativas es que condonaciones, quitas obligatorias, topes de tasas o cambios retroactivos en las condiciones contractuales podrían restringir y encarecer el crédito futuro, debido al mayor riesgo que deberían asumir las entidades.

La discusión, por lo tanto, no pasa únicamente por determinar si existe un problema de sobreendeudamiento, sino por qué tipo de respuesta puede instrumentarse sin agravar las dificultades para acceder posteriormente al financiamiento.

Los 133 votos de este miércoles no implican que alguno de los proyectos tenga asegurada su aprobación. Lo que sí modifican es la situación parlamentaria.

Si la oposición conserva ese número, podría conseguir el quórum necesario para abrir una sesión especial. Allí buscaría emplazar a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y, según cada expediente, Presupuesto y Hacienda, fijándoles plazos para discutir las iniciativas.

Si posteriormente alguno de los proyectos obtiene dictamen, recién entonces podría regresar al recinto para su tratamiento legislativo ordinario.

La oposición apunta a intentar ese primer paso el 9 de septiembre, mientras la evolución de la mora y el endeudamiento doméstico suma presión para que el Congreso abra una discusión que hasta ahora no logró avanzar.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Fuente: Primera Edición

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