Diputados llamó a sesión para voltear el DNU 70/2023
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados pidieron una sesión especial para el próximo 15 de octubre para debatir los proyectos vinc...
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados pidieron una sesión especial para el próximo 15 de octubre para debatir los proyectos vinculados con la prórroga de la emergencia en discapacidad y la derogación del DNU 70/23, con el objetivo de restituir las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La solicitud fue presentada por los bloques de Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, tal como había adelantado este miércoles la Agencia Noticias Argentinas.
El temario también incluye el proyecto relacionado con el endeudamiento familiar, sobre el cual el oficialismo logró imponer un dictamen de mayoría.
Ahora, la oposición deberá conseguir el respaldo de otros bloques que no acompañaron el pedido de sesión para alcanzar el quorum de 129 diputados necesario para abrir el debate.
En paralelo, La Libertad Avanza inició negociaciones con sus aliados para garantizar el respaldo a los dictámenes de mayoría sobre endeudamiento y discapacidad, además de sostener la vigencia del DNU 70/23.
La principal estrategia del oficialismo es evitar que la sesión se concrete. En caso de no conseguirlo, buscará reunir los votos necesarios para impedir la derogación del decreto, considerado por el Gobierno una pieza central del esquema jurídico de su programa económico.
El DNU 70/23.
El DNU 70/23, dictado en diciembre de 2023, continúa vigente debido a que su rechazo fue aprobado únicamente por el Senado.
De acuerdo con la Ley 26.122, para que un decreto de necesidad y urgencia quede derogado, es necesario que ambas cámaras del Congreso rechacen la norma.
Hasta el momento, el oficialismo logró sostener el decreto con el acompañamiento de bloques aliados, que evitaron avanzar sobre su derogación debido a que contiene medidas centrales del programa de desregulación económica, entre ellas la derogación de la denominada Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas, entre otras disposiciones.
Sin embargo, el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU, referido a la legislación sobre tierras rurales, modificó el escenario parlamentario y generó diferencias entre el oficialismo y algunos bloques dialoguistas.
Ante esta situación, el Gobierno busca reforzar los acuerdos parlamentarios para sostener la vigencia del decreto.
Discapacidad
Otro de los objetivos del oficialismo será sostener su dictamen de mayoría y evitar que avance la iniciativa opositora que propone extender la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.
La propuesta oficial contempla mantener la pensión no contributiva por discapacidad en un equivalente al 70% de la jubilación mínima.
Además, establece la posibilidad de que los beneficiarios puedan percibir la pensión y, simultáneamente, contar con un trabajo registrado o estar inscriptos en el monotributo, siempre que los ingresos formales no superen el equivalente a dos salarios mínimos.
El dictamen también contempla una actualización mensual de los aranceles de las prestaciones vinculadas con el sector y establece pautas de carácter permanente que deberán compatibilizarse con las partidas contempladas en el Presupuesto.
La oposición, en cambio, sostiene la necesidad de prorrogar el régimen de emergencia en discapacidad, con vigencia transitoria, y busca llevar esa propuesta al recinto durante la sesión especial solicitada para el 15 de octubre.
Marcha Federal.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó que la Marcha Federal Universitaria, que se llevará a cabo el 15 de octubre, cambia su punto de encuentro y ahora será en el Congreso de la Nación.
La quinta movilización iba a ser en el Palacio de Tribunales pero la confirmación de que habrá una sesión especial en la Cámara de Diputados fue el motivo del cambio.
La convocatoria de la Marcha Federal Universitaria es a las 13.30. El reclamo de las universidades sigue vigente ya que el Poder Ejecutivo sigue sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
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Fuente: La Arena
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