Diputados reordenó la Cámara Federal de Tucumán: dos salas y un sexto juez

La Cámara baja convirtió en ley la división del órgano único de cinco vocales y creó un cargo adicional. El tribunal, nacido en 1937 con competencia sobre medio Norte, concentra hoy apelaciones de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero en causas de narcotráfico, trata, lavado, lesa humanidad, aduana, previsionales y materia electoral.

La Cámara de Diputados de la Nación sancionó este jueves la ley que reorganiza la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El tribunal dejará de funcionar como un cuerpo único de cinco jueces —esquema intacto desde 1990— y pasará a integrarse en dos salas. Se crea, además, un cargo de juez de Cámara que elevará la plantilla a seis vocales. La norma, que ya había obtenido media sanción unánime en el Senado el 4 de junio, fue aprobada por 205 votos afirmativos.

En la misma sesión, los diputados crearon la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con 210 votos. Ambas iniciativas responden a un diagnóstico compartido: estructuras judiciales de alzada que no se adaptaron al volumen ni a la complejidad de la litigiosidad federal.

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La ley organiza la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en dos salas con la misma competencia material, territorial y funcional que el tribunal tiene hoy. Crea un cargo de juez de Cámara e imputa el gasto al presupuesto general del Poder Judicial de la Nación. El magistrado que se designe tomará posesión únicamente cuando se acredite el crédito presupuestario correspondiente.

Hasta tanto asuma el sexto vocal, cada sala funcionará con dos jueces y con la presidencia común de un camarista, que intervendrá indistintamente en cualquiera de las dos cuando, por discrepancia, sea necesario alcanzar mayoría. Dentro de los 90 días posteriores a la sanción, el tribunal deberá dictar su reglamento de funcionamiento y de subrogancias para licencias, vacancias, recusaciones y excusaciones.

La diputada tucumana Gladys Medina (Independencia) fundamentó el proyecto con la evolución del ingreso de causas. En 2012 el tribunal recibió 957 expedientes; en 2015, tras el traslado de causas previsionales dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ingreso trepó a 3.062 y no dejó de crecer.

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"Mientras tanto, la estructura del tribunal es la misma que en 1990: un cuerpo único y 5 jueces que deben resolver absolutamente todo. Por eso es importante la división en dos salas y la creación de un cargo de juez para atender los miles de expedientes que se presentan." — Diputada Gladys Medina

El esquema actual exige, en la práctica, tres voluntades coincidentes para cada resolución. Esa regla, pensada para un órgano colegiado único, se transformó en un cuello de botella cuando el fuero federal del Norte pasó a absorber narcotráfico de escala, trata, lavado de activos, ciberdelito, conflictos aduaneros, materia electoral y un universo previsional masivo.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán fue creada en 1937. En su diseño original estuvo integrada por tres jueces y tuvo jurisdicción apelada sobre Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy. Fue, durante más de medio siglo, el tribunal de alzada federal de casi todo el Norte argentino.

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En 1990 su composición se amplió de tres a cinco vocales. Tres años después, en noviembre de 1993, la Corte Suprema habilitó la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, creada en 1990, que absorbió la alzada de Salta y Jujuy. Desde entonces, la cámara tucumana concentra la revisión de los juzgados federales de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Esa circunscripción se mantiene.

Pese al recorte territorial, el volumen y la complejidad de los expedientes no disminuyeron. El modelo de salas —el predominante en el resto del país: La Plata con tres; Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta con dos— nunca se aplicó en Tucumán. El órgano único sobrevivió 36 años después de la última reforma de integración.

El proyecto que ahora es ley unificó iniciativas de las senadoras tucumanas Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza, con el acompañamiento del catamarqueño Guillermo Andrada. Mendoza venía presentando textos desde 2022. El Senado lo aprobó el 4 de junio por 61 votos afirmativos, sin negativos ni abstenciones.

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La Cámara Federal de Tucumán está integrada en la actualidad por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Ricardo Mario Sanjuan, Patricia Marcela Moltini, Marina J. Cossio y Mario Rodolfo Leal. Cossio presidió el tribunal en el período documentado de 2024; Poviña tomó juramento, en abril de este año, al juez José Manuel Díaz Vélez al habilitarse el Juzgado Federal N° 3, creado por ley en 2013 y puesto en marcha trece años después.

Leal fue nombrado vocal por decreto 91/2021, con acuerdo del Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández. Poviña llegó a la Cámara desde el Juzgado Federal N° 2, desde el cual instruyó piezas centrales de la causa contra el clan Ale.

La composición actual es el resultado de una sucesión de vacantes que, entre 2016 y 2021, dejó al tribunal al borde de la parálisis. Fallecieron o se retiraron figuras que marcaron décadas del fuero:

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Para sostener el quorum decisorio, el tribunal debió recurrir a conjueces. Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías Silva (h) subrogaron durante años. En agosto de 2020, Sanjuan, Cossio y el entonces vocal del Tribunal Oral Federal Gabriel Casas "reiniciaron" esas subrogancias porque la ley 27.439 limita los interinatos a dos años y no había terna disponible: el único otro nombre de la lista, René Padilla, resultaba incompatible con Cossio por parentesco. Las propuestas de Mauricio Macri para cubrir las vacantes de Fernández Vecino y Wayar —Edgardo López Herrera y Martín Abdala— no prosperaron en aquel ciclo.

Esa precariedad de la alzada se replicó, con mayor crudeza, en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, acefálico durante años tras las jubilaciones de Gabriel Casas y Alicia Noli y la muerte de Carlos Jiménez Montilla. Recién en julio de 2026 el Poder Ejecutivo formalizó las designaciones de Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo.

La Cámara Federal de Tucumán no instruye ni debate juicios orales: revisa procesamientos, prisiones preventivas, nulidades, calificaciones legales y medidas cautelares de los juzgados federales de las tres provincias. En esa función ha sido, durante tres décadas, el filtro de las causas que más marcaron al Norte.

Trata de personas. La Cámara ha agravado calificaciones en expedientes de explotación sexual. En agosto de 2024, por mayoría y a pedido del fiscal federal Agustín Chit —mantenido ante la alzada por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez—, modificó la calificación de un procesamiento por explotación económica de la prostitución a trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por vulnerabilidad, pluralidad de víctimas y consumación en las fases de captación y acogimiento.

Narcotráfico y lavado de escala. El fuero federal tucumano concentra operativos de creciente magnitud. En 2025 las incautaciones de cocaína aumentaron cerca de un 400 por ciento y las de marihuana más de un 1.500 por ciento respecto del año anterior. La Cámara revisa las apelaciones de esas investigaciones. Entre las más recientes figuran el decomiso de 470 kilos de cocaína —el segundo mayor de la historia provincial—, con dos detenidos y la hipótesis de una red de alcance regional, y el congelamiento de más de 208.000 USDT y bienes en el exterior en una causa por presunto lavado vinculado al Comando Vermelho, dispuesta por el juez José Manuel Díaz Vélez a pedido del fiscal Chit y con origen en una denuncia de la Procelac.

El caso Alberdi. La Justicia Federal procesó a un grupo de funcionarios y exfuncionarios del municipio de Juan Bautista Alberdi —entre ellos el exintendente Luis Campos y la legisladora Sandra Figueroa— bajo la hipótesis de que estructuras estatales se usaron para lavar dinero de actividades ilícitas, con contrataciones directas y obras sin ejecución comprobada. Las defensas apelaron. El expediente se transformó en el primer caso tucumano en el que se imputó de modo explícito el uso del aparato municipal como vehículo de lavado.

Lesa humanidad. Aunque los debates orales corresponden al Tribunal Oral Federal, la Cámara interviene en la etapa de instrucción y en recursos. El distrito concentra los procesos por el circuito represivo del Operativo Independencia y del Arsenal Miguel de Azcuénaga. En agosto de 2026 el TOF condenó a 12 años de prisión al excapitán de Inteligencia Carlos Alberto Vega por la sustracción y sustitución de identidad del nieto recuperado N° 128, Marcos Eduardo Ramos, y de su hermano Elías Ismael Suleimán.

Previsional, aduanero, universitario y electoral. El salto estadístico de 2015 se explica, en buena medida, por el traslado de expedientes previsionales. A ellos se suman conflictos aduaneros, impugnaciones electorales y, en 2026, acciones contra la Universidad Nacional de Tucumán. En agosto, el tribunal —con firmas de Sanjuan, Poviña, Moltini, Leal y Cossio— reiteró que el control judicial sobre decisiones universitarias definitivas debe concentrarse en la Cámara Federal con competencia sobre la sede principal, para preservar la autonomía reconocida por el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura ofició en agosto a esta misma Cámara para que informe sobre el operativo de "limpieza" del subsuelo del TOF, que provocó la pérdida de 58 pastillas de alprazolam —prueba de un juicio por drogas que se cayó— y dejó en sospecha la cadena de custodia de secuestros de otras causas sensibles.

La reforma no resuelve por sí sola las vacantes de primera instancia ni la historia de subrogancias del TOF. Apunta a un problema más acotado y documentado: un tribunal de alzada que, con la misma arquitectura de 1990, debe firmar cada resolución como cuerpo único mientras el ingreso de causas se multiplicó por más de tres en poco más de una década.

El modelo que se adopta es el que ya funciona en Salta, la cámara que nació precisamente para desprenderse de Tucumán. Allí hay dos salas. En Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, la segunda instancia federal seguirá siendo una sola, pero por primera vez podrá trabajar en dos formaciones simultáneas.

Falta el concurso, el acuerdo del Senado y el crédito presupuestario para el sexto juez. Hasta entonces, el reglamento interno que el tribunal debe dictar en 90 días definirá cómo se arman las salas con los cinco vocales actuales. La ley no altera la competencia: el Norte federal seguirá litigando, en apelación, ante el mismo edificio de Las Piedras 418. Cambia, después de 36 años, la forma en que ese edificio decide.

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Fuente: El Federalista

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