Diputados: salvo la UCR, la mayoría opositora acepta el cambio a Camyen, aunque con algunas condiciones

Salvo el bloque de la UCR, la mayoría de los Diputados de la oposición aceptaron la propuesta del Gobierno de transformar la firma provincial minera Camyen SE (Sociedad del Estado) en una empresa Sociedad Anónima Unipersonal (Camyen SAU), aunque con algunas condiciones, imponiendo controles y condicionamientos institucionales sobre el proyecto oficial que le permite a la empresa vender, ceder, transferir o gravar libremente su cartera de inmuebles y derechos mineros.

Durante la semana, los diputados analizaron la iniciativa de Gobierno que ya tiene media sanción del Senado. Tras el encuentro se emitieron tres dictámenes (despachos de comisión), uno de la mayoría oficialista aconsejando aprobar el texto enviado por la Cámara Alta.

En el caso del segundo despacho, con la firma de diputados de La Libertad Avanza, Generar, el MID y el PRO, si bien se comparte la idea de transformar a Camyen en una Sociedad Anónima, se hacen modificaciones a la propuesta original, entre ellas, que el Estatuto social de la empresa debe ser elaborado por el Ejecutivo, pero aprobado por ley de la Legislatura. Dicho de otra forma, sin ley, la transformación no tendría efecto.

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Además, sugieren un directorio de 5 miembros, de los cuales dos deben contar con acuerdo de los dos tercios de la Cámara Baja y establecen una incompatibilidad de 3 años para exdirectivos de mineras privadas contratistas. La mayoría opositora también busca que sea obligatorio la realización de licitación pública, concurso o subasta pública para ceder o vender derechos mineros, prohibiendo así la adjudicación directa.

Incluso apuntan a que el 100% de lo recaudado por la cesión de yacimientos vaya a una cuenta especial para ser destinado a infraestructura/exploración, prohibiendo paralelamente su uso en gastos corrientes.

En tanto, el tercer y último dictamen lleva la firma de la UCR y aconseja el rechazo liso y llano del proyecto. Argumentaron que, si bien entienden la necesidad de adecuar el régimen societario, el texto del oficialismo amplía las facultades de gestión sin dar garantías institucionales, debilitando los controles sobre el patrimonio público.

Fuente: El Esquiú

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