Discapacidad y Salud Mental fue la agenda del COFESA

BUENOS AIRES.- El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezó el martes la segunda jornada del encuentro mensual del Consejo Federal de Salud (COFESA). La agenda del día incluyó la puesta en común de los cambios incorporados al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y el intercambio con las jurisdicciones respecto a su implementación.

Además, Lugones anticipó que la cartera nacional convocará al Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) para trabajar en el Plan Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2027-2031, y dar respuesta a los principales desafíos en materia de salud mental mediante criterios de abordaje comunes y de acuerdo a las particularidades de cada una de las jurisdicciones.

El jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación, Roberto Olivieri Pinto, expresó que el nuevo proyecto es "resultado de diversas instancias de intercambio con las jurisdicciones, especialistas, organizaciones y familiares". El primer texto fue presentado en la reunión del COFESA de abril y posteriormente elevado al Congreso de la Nación, donde inició su tratamiento en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado. En ese ámbito se desarrollaron distintas instancias informativas en las que participaron especialistas, profesionales, familiares, organizaciones de la sociedad civil y otros actores vinculados a la atención de la salud mental, cuyos aportes fueron considerados durante el proceso de revisión de la iniciativa.

También te puede interesar: Marcha Verde para celebrar un nuevo aniversario

En este sentido, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, destacó que el nuevo proyecto busca asegurar la protección de la salud mental, abarcando acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria y explicita que el padecimiento no debe considerarse un estado inmodificable. También garantiza a los pacientes la facultad de fijar directivas anticipadas para consentir o rechazar tratamientos y designar personas de apoyo. "Las directivas del paciente deben ser aceptadas por el equipo interviniente salvo excepción de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros", destacó González.

El proyecto también ratifica la prohibición de crear manicomios y llevar a cabo prácticas manicomiales, obligando a las instituciones de internación a incorporar al menos dos dispositivos ambulatorios de atención. En cuanto a las adicciones, se reconoce que el consumo de sustancias forma parte de los tratamientos de salud mental, fijando para niños y adolescentes un abordaje por equipos especializados en dispositivos diferenciados de los de adultos y bajo el principio rector de no criminalización.

Respecto a la atención clínica, establece que cada jurisdicción definirá la conformación de sus equipos interdisciplinarios según la disponibilidad de recursos humanos, habilitando formalmente la intervención del médico psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica cuando no pueda garantizarse su presencia física. A su vez, determina que la prescripción de fármacos queda reservada exclusivamente a profesionales médicos y que debe realizarse exclusivamente con fines terapéuticos.

También te puede interesar: Acceso al programa de alivio financiero del BTF

En lo que refiere a los criterios de internación, el proyecto sostiene que la misma debe ser entendida como un recurso terapéutico excepcional y reemplaza el concepto de riesgo cierto e inminente por el de riesgo grave de daño como criterio para decidir la institucionalización involuntaria. En los casos en los que se decida la internación de un paciente, se deberá elaborar un plan de egreso desde el diagnóstico inicial y se dispone la intervención de oficio del Órgano de Revisión en internaciones que superen los 180 días. Para evaluaciones de urgencia con un único médico, se permite efectivizar la medida requiriendo su revalidación por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 48 horas.

Tras la externación, las personas deberán tener acceso sencillo a consultas ambulatorias y servicios de inclusión social y laboral que ayuden a la inclusión familiar, social y laboral; atención domiciliaria supervisada y servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, centros de capacitación laboral. El texto incorpora también una definición más precisa sobre la responsabilidad de la red familiar y del Estado. Si bien reconoce el deber de cuidado de determinados familiares y personas de referencia, establece expresamente que esa obligación no reemplaza el deber estatal de garantizar apoyos cuando no exista una red familiar o esta no pueda asumir el cuidado de la persona.

En los casos en que las internaciones hayan sido involuntarias, se faculta la solicitud de medidas protectoras ambulatorias excepcionales de hasta seis meses. En este sentido, González reforzó que, "en el caso de que sea necesario, como por ejemplo, casos severos y judicializados, se requerirá el seguimiento durante 6 meses de un juez para intervenir garantizando la adherencia al tratamiento. Esto no debe ser entendido como la judicialización de la salud mental".

También te puede interesar: Cancillería rechazó el respaldo a empresas que operan en Malvinas

Durante la jornada, los ministros de salud provinciales compartieron sus posicionamientos sobre los cambios introducidos en la nueva Ley de Salud Mental y el modo en el que la misma podría implementarse a nivel local. El intercambio permitió poner en común las diferentes miradas, y responder dudas sobre los criterios de interpretación e implementación. Teniendo en cuenta que el debate continuará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, el ministro Lugones se comprometió a llevar allí los aportes y sugerencias realizadas por las jurisdicciones, para que sean considerados en la continuidad del debate parlamentario.

Pensiones por discapacidad

El lunes, el Consejo Federal de Salud inició su encuentro del mes de septiembre en la sede de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS). Durante la jornada se compartieron los avances en la gestión de las pensiones, se intercambió información para agilizar los circuitos de pagos de prestaciones y estandarizar procesos.

También te puede interesar: El consumo de carne se redujo 5 kilos por habitante

En esta oportunidad, la reunión se realizó en la sede de la Secretaría Nacional de Discapacidad con el objetivo de profundizar la articulación federal en el área. Al predio asisten a diario más de 3 mil personas con discapacidad para realizar actividades deportivas, recreativas y de rehabilitación adaptadas. Las máximas autoridades sanitarias del país continuarán el encuentro mañana en el edificio central de la cartera sanitaria nacional, en donde se abordarán otros temas de la agenda sanitaria nacional.

Durante la apertura, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó a los ministros de salud de las jurisdicciones el nuevo funcionamiento operativo y administrativo de la SENADIS. "El propósito institucional es favorecer el acceso a prestaciones y apoyos orientados a la vida independiente en todo el territorio nacional, mejorando la disponibilidad y calidad de las respuestas en las distintas jurisdicciones. Desde la creación de la SENADIS en la órbita del Ministerio de Salud, el Gobierno nacional avanzó firmemente en el ordenamiento de los circuitos de pagos y actualizaciones, priorizando una gestión orientada a garantizar que los recursos lleguen a quienes efectivamente corresponden", destacó. Las autoridades nacionales y provinciales se comprometieron a continuar fortaleciendo la articulación con el objetivo de agilizar los trámites y el pago de prestaciones.

En este sentido, el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Esteban Giler, destacó una actualización del valor de la cápita que perciben las jurisdicciones y esto representa solo una de las modalidades de financiamiento del Incluir Salud que contempla a quienes tienen cobertura pública exclusiva. El gobierno nacional también transfiere recursos a las jurisdicciones para la atención por alta complejidad, la provisión de medicamentos e insumos de alto costo, transporte institucional, el fortalecimiento de las redes de rehabilitación y la creación de bancos descentralizados de ayuda técnica. En lo que va del año se transfirieron $729.658 millones en prestaciones de discapacidad para asistir a 33.159 beneficiarios y $670.836 millones asignados a medicamentos de alto costo, consolidando una inversión nacional que supera los $1,41 billones.

También te puede interesar: Abogados de Cristina presentaron "nueva prueba" de su inocencia

En el plano del ordenamiento institucional, se normalizaron los trámites duplicados y se estableció un control activo sobre el 98% de las prestaciones de discapacidad y el 83% de las gestiones Programa de provisión de medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia", expresó el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos.

Por otro lado, se recordó la implementación desde principios de año del esquema de actualización arancelaria automática atada a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el marco del Directorio de Prestaciones Básicas. Antes de la puesta en marcha de esta fórmula de ajuste automático, entre octubre y diciembre de 2025 se otorgaron incrementos de entre el 29,73% y el 35,43% en el Nomenclador de Prestaciones de Discapacidad. Además, se sostuvieron los adicionales previstos para garantizar la cobertura de situaciones específicas. Se continuó liquidando el adicional del 20% por Zona Desfavorable en las provincias patagónicas y el 35% por Suplemento de Dependencia en prestaciones residenciales y de concurrencia, pudiendo alcanzar un adicional acumulado del 55%.

Durante la jornada también se dio cuenta del fortalecimiento federal a través de la articulación permanente mediante el COFEDIS con el voto unánime de los criterios de evaluación socioeconómica para las Pensiones por Discapacidad para la Protección Social. Asimismo, se informó sobre la reactivación y rúbrica de convenios con más de 1.140 prestadores activos en el programa Incluir Salud, y la puesta en marcha de un nuevo Sistema de Recursos Compartidos para facilitar el acceso directo de las jurisdicciones a la actualización de los padrones del Certificado Único de Discapacidad (CUD). En esta línea, el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano, compartió el desarrollo de un Mapa Interactivo de Gestión del CUD que permite monitorear y transparentar la cantidad de CUD vigentes por jurisdicción, el volumen de emisiones por período, la cantidad de Juntas Evaluadoras operativas y los tiempos de tramitación y emisión.

El encuentro permitió generar un espacio específico en materia de discapacidad para compartir información, articular circuitos y estandarizar los criterios de funcionamiento a nivel nacional. La articulación más eficiente entre Nación y las jurisdicciones permitirá avanzar en respuestas coordinadas en todo el país.

Fuente: El Sureño

• #salud
• #discapacidad
• #mental
• #fue
• #agenda
• #del
• #cofesa
• #tierra del fuego