Docentes universitarios esperan por la ley de Financiamiento
Hace un mes, la Corte Suprema de Justicia había desestimado un recurso del Gobierno nacional.

Hace un mes, la Corte Suprema de Justicia había desestimado un recurso del Gobierno nacional.
Los docentes y no docentes universitarios continúan esperando que el Gobierno Nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario que ya pasó por diversas instancias legislativas y judiciales desde su aprobación en el Congreso de la Nación en agosto de 2025. La última fue hace un mes: una resolución de la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso, obligando al Gobierno nacional a cumplir con 2 artículos de la mencionada ley, vinculados al aumento de sueldos y la actualización de becas estudiantiles.
Sin embargo, esos incrementos aún no se materializaron porque la Justicia no avanzó con el dictado de una sentencia definitiva sobre esta causa debido al inicio de la feria judicial. En este sentido cabe recordar que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había pedido, sin éxito, la habilitación de la feria para darle continuidad al trámite.
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Desde la Conadu Histórica consideran que se trata de una estrategia del gobierno para estirar la actualización de los salarios. "Se juega a dilatar de de forma administrativa y judicial el no cumplimiento de la cautelar, que es clara y precisa donde se le dice al Gobierno nacional que cumpla con el artículo 5 y 6, porque son artículos referidos a la supervivencia, como lo llaman ellos", expresó Fernando Morales, secretario general, en Mañana Central de Ancasti Streaming.
Morales considera que el gobierno de Javier Milei "se agarra" del acta acuerdo que firmó en junio pasado en la que se acordó aplicar un aumento del 24,3% a los salarios docentes y no docentes. El acuerdo establecía que las subas se harían en 2 cuotas: un 21,3% en junio (sobre los básicos vigentes a mayo de 2026) y el 3% restante en octubre (sobre los básicos vigentes de septiembre).
Sin embargo, este porcentaje sería solo una parte de lo que indica la cautelar en cuestión, o no está relacionada, como plantean desde la Conaduh". Cuando uno ve el acta y ve la redacción del acta en ningún momento habla de la Ley 27795 (de Financiamiento Universitario) ni mucho menos de la cautelar. Es como que si estuviera afuera o sacada del contexto de lo que hoy realmente se está pregonando, se está litigando y se está exigiendo", planteó.
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Aquí cabe señalar que, si se cumpliera con la actualización por inflación que dispone la Ley de Financiamiento, los sueldos de los docentes y no docentes universitarios deberían haber aumentado en junio un 56% respecto de los haberes de mayo, es decir que para cumplir con la medida cautelar, el Ejecutivo debería otorgar una suba adicional del 29%.
Consultado sobre el inicio del segundo cuatrimestre en las universidades públicas en este contexto, Morales adelantó que la próxima semana se van a debatir las medidas de fuerza a tomar. "El 5 de agosto tenemos el Congreso Nacional de Conadu Histórica. Ahí vamos a definir cómo vamos a encarar este segundo cuatrimestre. Evidentemente, si es que no se cumple la cautelar, vamos a volver a las medidas de fuerza".
En agosto de 2025, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que impulsaba la oposición y que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establecía una actualización del presupuesto para las universidades y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023. Sin embargo, en septiembre el presidente Milei vetó la ley.
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La oposición insistió con la propuesta y en octubre logró reunir los votos necesarios para rechazar el veto. Con la insistencia del Congreso, el Ejecutivo estaba obligado a promulgar la ley.
Pero el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que incluyó una aclaración: suspendía la ejecución de la norma hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento.
Frente a esta decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto. En ese expediente, solicitó una medida cautelar para que se cumpla con 2 artículos de la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto).
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La Justicia concedió la cautelar en primera instancia y la Cámara lo confirmó, aunque en mayo se suspendió ese recurso hasta que la Corte Suprema resolviera el pedido presentado por el Poder Ejecutivo.
Fuente: El Ancasti
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