Dos cambios sacuden al Ministerio Público y uno de ellos despierta amores y odios

Dos cambios se produjeron en el Ministerio Público Fiscal y generaron fuerte impacto, puertas adentro. Es que la Fiscalía General dio lugar al intercambio de dos fiscales en sus respectivos puestos en las unidades fiscales y, por otra parte, resolvió que todos los delitos de violencia de género sean abordados en primera instancia por el CAVIG, en lugar de Flagrancia.

La primera de las novedades, que trascendió este martes por la mañana y fue confirmada por fuentes oficiales, generó sorpresa por el contexto en el que se dio, pues el cambio fue en la Fiscalía de Menores, justo cuando acaba de implementarse la Ley Penal Juvenil. Sin embargo, las fuentes indicaron que el enroque entre Paula Carena (que pasó a Delitos contra la Propiedad) y Oscar Ghilardi (que pasó a la Fiscalía de Niñez) respondió a un simple pedido.

"No hubo polémica", señalaron al mismo tiempo que aclararon que los intercambios son parte del funcionamiento estructural del Ministerio Público, del mismo modo en que se dieron otros hace apenas unos meses atrás.

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No obstante, la medida que sí sacudió las estanterías de la unidades fiscales, al menos en Flagrancia y el CAVIG, fue la que establece que los casos de violencia de género sean tratados -en principio- por la UFI comandada por Claudia Ruíz Carigliano y Alberto Martínez. El argumento principal que se conoció es que en esa dependencia hay personal especializado para atender tales circunstancias.

La medida dispone que el fiscal que esté de turno en el CAVIG intervenga de inmediato en los hechos flagrantes, en los que la violencia de género y violencia intrafamiliar sea evidente. En ese marco, el investigador tendrá 24 horas para adoptar las primeras acciones y luego podrá definir qué juez debe impartir justicia: si de Flagrancia o de Garantías, según la naturaleza de los hechos.

La modificación impulsada por el Fiscal General, Guillermo Baigorrí, que habría comenzado a regir desde el lunes, despertó amores y odios. Por un lado, desde las trincheras del CAVIG, se mostraron molestos con la decisión, asegurando que la demanda -de por sí- es alta y que una mayor cantidad de casos haría colapsar el funcionamiento habitual. En ese orden, voceros de tal repartición manifestaron la necesidad de nutrir con profesionales a Flagrancia para evitar el amontonamiento de expedientes.

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Por otra parte, hubo quienes expresaron su beneplácito con la determinación. Desde la justicia exprés, explicaron que los plazos en los hechos flagrantes son tan cruciales, que resultaba injusto -en ocasiones- que los episodios a investigar no pudieran ser abordados con los profesionales correspondientes, como un médico legista para constatar pruebas fundamentales como las lesiones.

Para Flagrancia, se estipulan 48 horas como máximo para llegar a una resolución. En 24 horas, el agente fiscal tiene la obligación de poner en conocimiento el hecho bajo la lupa y en el lapso siguiente se debe resolver, ya sea con una condena, una absolución o un archivo, entre otras definiciones.

Lo que sucedía, antes de esta nueva implementación, era que desde Flagrancia solicitaban la participación de un médico legista para un caso puntual y la burocracia y las demoras que ello representaba no sólo complicaba la instrucción, sino que hacía consumir los tiempos. Por ello, las fuentes que aprobaron el cambio aseguraron que el CAVIG cuenta con una mayor estructura y tiempo para afrontar tal abordaje.

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Aunque los cambios hicieron ruido, no es la primera vez que Baigorrí realizar alteraciones de alto impacto. Su conducción, que inició a fines del año pasado, estuvo marcada por medidas concretas como la eliminación de los supervisores y la disolución de la Unidad de Soluciones Alternativas. También por la reorganización de Flagrancia, el Sistema Mixto, Niñez y la distintas UFIs.

Fuente: Tiempo de San Juan

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