Dos empresas sanjuaninas de renombre fueron denunciadas por usurpar un terreno de Rawson

Un conflicto inmobiliario que lleva casi dos décadas sumó un nuevo capítulo en la justicia sanjuanina, luego de que un grupo de propietarios de un terreno de Rawson presentara una denuncia penal contra dos empresas de renombre y contra dos abogados que representan a una de las mujeres involucradas en la disputa. Los denunciantes sospechan de la existencia de una asociación ilícita que habría tenido como objetivo desapoderarlos de un inmueble que comparten 156 condóminos.

Además de señalar a Transportes Becher y a Valdivieso Group, la presentación también apunta contra Martha Susana Cabaña y sus abogados Sonia Graciela Díaz y David Carrizo. Los acusa de una presunta asociación ilícita y estafa, mientras que a las empresas les atribuye usurpación y daños.

En el caso de la empresa constructora, también, denuncia el supuesto desbaratamiento de un acuerdo privado de división de condominio y promueve una querella por calumnias e injurias contra la firma, a raíz de expresiones que habrían tenido como destinataria a la ingeniera Zulma Ledesma.

Es importante aclarar que se trata de acusaciones formuladas por los denunciantes y que la presentación solicita que se investigue la posible participación de terceros, lo que no implica que los hechos ni las responsabilidades penales señaladas estén acreditados. Es por ello que la UFI de Delitos Informáticos y Estafas deberá investigar si existen elementos que confirmen las sospechas. 

El origen de la disputa se remonta a la década del 90, cuando los actuales propietarios aseguran haber sido damnificados por la estafa de la desaparecida firma Cóndor Propiedades. Según relataron los denunciantes, el terreno ubicado por calle Gral Acha fue parte del resarcimiento que recibieron después de aquella maniobra, aunque debieron atravesar un prolongado proceso judicial para poder disponer de él.

El inmueble, de aproximadamente una hectárea y media, pertenece a 156 personas en condominio. Con el paso de los años, los propietarios avanzaron en un proyecto de urbanización que contempla 46 lotes, con calles, amojonamiento, red de agua potable, obras de infraestructura y donación de calles al dominio público. El objetivo era concretar una división del terreno en especie y evitar que terminara rematado.

Sin embargo, una de las condóminas, Martha Susana Cabaña, se opuso a la modalidad de parcelamiento. De acuerdo con los antecedentes publicados por Diario de Cuyo el 5 de mayo de 2025, la mujer pretendía obtener un lote entero, en lugar de compartirlo con los restantes propietarios, y cuestionaba la forma en que se proyectaba dividir el inmueble. 

En ese contexto apareció una de las primeras denuncias que ahora vuelve a cobrar relevancia: la presunta falsificación de firmas en escritos presentados dentro del expediente civil. El 22 de julio de 2022, Zulma Ledesma y otros copropietarios denunciaron que se habían incorporado escritos con firmas que no pertenecían a Cabaña. La acusación involucraba a sus abogados, Sonia Díaz y su hijo, Gerardo Carrizo Díaz.

En esa causa penal, los denunciantes sostenían que al menos seis firmas incluidas en tres escritos judiciales habían sido falsificadas y que, en realidad, correspondían al puño de la abogada. El planteo se apoyaba en un informe de un perito calígrafo y apuntaba a determinar si existió una maniobra de estafa procesal. 

En la nueva presentación, los propietarios aseguran que existen dos pericias que determinaron la falsedad de las firmas: una realizada por el perito de parte Roberto Díaz y otra ordenada por la fiscalía, a cargo del perito Corzo. También sostienen que, en octubre de 2022, el juez Rollán anuló los escritos cuestionados.

El recorrido judicial de esa investigación tampoco estuvo exento de controversias. Los denunciantes señalan que el fiscal José Plaza había dispuesto el sobreseimiento de los abogados por prescripción, pero no por inocencia. Sin embargo, afirman que esa decisión fue apelada y posteriormente revocada, con una orden de continuar investigando. Actualmente, según la denuncia, está pendiente una nueva pericia de Gendarmería sobre las firmas.







El nuevo planteo penal agrega un componente que eleva la dimensión del conflicto: la intervención de dos empresas que, según los denunciantes, habrían avanzado sobre el inmueble mientras continuaba la disputa judicial.

La primera señalada es Del Rosario S.A., identificada también en la presentación con el nombre de fantasía Transportes Becher Logística. Los propietarios sostienen que en 2023 la firma ingresó con camiones y comenzó a borrar límites, cunetas y pasantes, afectando parte de la infraestructura construida para el loteo.

La segunda empresa apuntada es Valdivieso Group. Según la reconstrucción incluida en la denuncia, en 2026 habría avanzado sobre otra parte del terreno y habilitado, mediante un portón, una salida hacia la Ruta 40, utilizando para ello el paso por dos propiedades de Del Rosario S.A.

Uno de los aspectos más delicados de la acusación es que los denunciantes aseguran que ambas firmas habrían ocupado sectores superpuestos del inmueble, lo que interpretan como un indicio de coordinación entre ellas. Incluso sostienen que la destrucción alcanzó al 80% de la urbanización que ya estaba terminada.

Para respaldar esa afirmación, acompañaron planos del fraccionamiento, documentación de las obras, actas notariales de constatación, informes de dominio, cartas documento y un esquema con la ubicación de las áreas que consideran ocupadas ilegalmente.

La hipótesis que plantean es que existiría una conexión entre el conflicto judicial y los movimientos sobre el terreno: mientras el reclamo de subasta habría impedido concretar la división del condominio, las empresas habrían aprovechado esa situación para avanzar físicamente sobre la propiedad.







La denuncia sostiene que los hechos no serían episodios independientes, sino partes de una misma maniobra que se habría extendido durante 18 años, desde 2008 hasta la actualidad.

Para los denunciantes, existirían dos frentes de actuación. Por un lado, un supuesto «brazo jurídico», integrado por Cabaña y sus abogados, que habría impulsado pedidos de subasta mediante escritos con firmas presuntamente falsas. Por el otro, un «brazo operativo», conformado por las empresas, que habría ejecutado la ocupación física del inmueble y la destrucción de las obras de urbanización.

La presentación incluso plantea una hipótesis sobre el posible objetivo final: que, después de insistir durante años con el remate judicial del terreno, alguna de las empresas involucradas terminara comprándolo en una subasta. Los propietarios sospechan que habría existido un acuerdo previo para que una de ellas se quedara con la propiedad y que posteriormente se repartieran los sectores.