Dos estancias de Santa Cruz y una denuncia que vuelve a poner a Lázaro Báez bajo la lupa

Ana Edith B�rquez de Fadul present� una denuncia ante el juez federal Sebasti�n Ramos en la que sostiene que la familia perdi� parte de su patrimonio rural en Santa Cruz a partir de una sucesi�n de decisiones bancarias, judiciales y empresariales que deber�an ser investigadas.

En el centro de la presentaci�n aparecen R�o Bote y La Entrerriana, dos establecimientos que, seg�n la denuncia, integraban una misma unidad productiva de aproximadamente 30.000 hect�reas, una superficie superior a la de la Ciudad de Buenos Aires.

La presentaci�n no atribuye �nicamente responsabilidades a L�zaro B�ez. Tambi�n solicita investigar al excontador de los Kirchner, V�ctor Manzanares; al abogado Domingo Ortiz de Z�rate; a los exjueces Santiago Lozada y Graciela Drudi de Mau; y a Diego Palleros, padre e hijo, entre otros nombres.

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Respecto de N�stor Kirchner, la denuncia lo incorpora al contexto de los hechos y pide reconstruir qu� papel pudo haber tenido cuando era gobernador de Santa Cruz. La responsabilidad penal de las personas mencionadas no est� determinada por la denuncia y deber� establecerse, si corresponde, a partir de una investigaci�n judicial.

La historia que reconstruye la presentaci�n se remonta a la d�cada de 1980, cuando la familia Fadul atraves� un conflicto por la distribuci�n de una herencia.

Seg�n la denuncia, despu�s de la muerte de Jos� H�ctor Fadul, sus hijos H�ctor Jos� y Carlos Felipe acordaron un mecanismo de compensaci�n. Carlos Felipe deb�a recibir el equivalente a 100.000 kilos de lana, que ser�an pagados durante diez cosechas.

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La situaci�n productiva de los campos habr�a impedido cumplir con ese compromiso. Con el paso de los a�os, la deuda aument� y, seg�n la documentaci�n citada en la presentaci�n, lleg� a unos 427.320 kilos de lana en marzo de 1998, equivalentes entonces a aproximadamente US$ 726.000.

El conflicto termin� cruz�ndose con la situaci�n financiera de GUERNICA S.A.A.G.I. y C., sociedad que explotaba R�o Bote y La Entrerriana.

Uno de los expedientes judiciales se origin� en un cr�dito otorgado por el entonces Banco de la Provincia de Santa Cruz el 13 de diciembre de 1992 por 90.000 pesos, que deb�a ser cancelado en dos cuotas y contemplaba intereses y una cl�usula penal.

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La denunciante sostiene que el banco rechaz� alternativas de refinanciaci�n y avanz� con una ejecuci�n que termin� comprometiendo las tierras. En 1999, la familia intent� frenar el remate invocando, entre otras normas, disposiciones provinciales vinculadas con la protecci�n de unidades productivas rurales y la emergencia agropecuaria, pero el planteo no prosper�.

Uno de los puntos centrales de la presentaci�n es el lugar que ocupaba L�zaro B�ez en ese momento.

Antes de convertirse en uno de los principales contratistas de obra p�blica durante los gobiernos kirchneristas, B�ez desarroll� buena parte de su carrera en el sistema financiero santacruce�o. Seg�n los antecedentes publicados sobre su trayectoria, lleg� a desempe�arse como gerente vinculado al �rea de cr�ditos del Banco Santa Cruz.

La denunciante sostiene que las operaciones financieras de GUERNICA se realizaban a trav�s de esa entidad y que B�ez ten�a entonces intervenci�n en el �rea vinculada con los cr�ditos agropecuarios.

El relato incorpora adem�s un episodio ocurrido en 1993. B�rquez afirma que viaj� a Buenos Aires para buscar financiamiento para diversificar la actividad de la empresa y que all� conoci� a Diego Emilio Palleros, quien le habr�a propuesto gestionar un cr�dito de entre 5 y 6 millones de d�lares, pese a que las necesidades financieras de la firma eran menores.

Seg�n la denuncia, para concretar esa alternativa era necesario conseguir el aval del Gobierno de Santa Cruz, que por entonces estaba encabezado por N�stor Kirchner.

La presentaci�n sostiene que, aproximadamente quince d�as despu�s, B�ez le habr�a consultado en el Banco de Santa Cruz si la empresa estaba dispuesta a aceptar los proyectos que Palleros hab�a planteado.

La respuesta fue negativa. A partir de all�, siempre seg�n el relato de B�rquez, comenzaron a producirse cambios en el v�nculo entre la empresa familiar y el banco, con reclamos de saldos, pedidos de documentaci�n y exigencias de cancelaci�n anticipada. Se trata de hechos denunciados cuya comprobaci�n forma parte de lo que la presentaci�n pide investigar.

Otro episodio que aparece en la presentaci�n se produjo en julio de 1993.

B�rquez sostiene que concurri� junto con un escribano al estudio contable Manzanares y Montan� para recuperar documentaci�n perteneciente a GUERNICA. Seg�n su relato, all� le informaron que esos papeles hab�an sido enviados al estudio del abogado Domingo Ortiz de Z�rate.

La denunciante identifica a Ortiz de Z�rate como un abogado vinculado al entonces gobernador Kirchner y afirma que la documentaci�n nunca fue restituida.

Por ese motivo, solicita que se determine qu� documentaci�n sali� de la empresa, qui�n la recibi� y qu� utilizaci�n tuvo posteriormente. Este punto forma parte de las afirmaciones contenidas en la denuncia y no debe confundirse con una conclusi�n judicial sobre la existencia de una maniobra il�cita.

La historia de las dos estancias no termin� con el cambio de titularidad.

A�os despu�s, las propiedades quedaron vinculadas al universo patrimonial de L�zaro B�ez que fue analizado durante el juicio por la obra p�blica vial en Santa Cruz.

En el caso de R�o Bote, el fiscal Diego Luciani hab�a solicitado su decomiso dentro del conjunto de propiedades que consider� vinculadas al perjuicio investigado en la causa Vialidad.

Sin embargo, R�o Bote no termin� siendo rematada dentro de ese expediente. En 2022 fue subastada en el marco de la quiebra de Austral Construcciones, ante el Juzgado Comercial N� 28, por aproximadamente $39 millones. La subasta hab�a sido ordenada antes de la finalizaci�n del juicio Vialidad.

La Entrerriana, por su parte, tambi�n fue incluida dentro del conjunto de establecimientos adquiridos por B�ez y Austral Agro que fue analizado durante el debate de Vialidad, aunque no integr� la lista de doce estancias cuyo decomiso pidi� expresamente Luciani en su alegato.

El dato es relevante porque permite separar dos cuestiones diferentes: por un lado, la nueva denuncia sobre el origen de la p�rdida de las tierras de la familia Fadul; por otro, el an�lisis que la Justicia ya hab�a realizado sobre parte del patrimonio rural de B�ez en el marco de la causa por la obra p�blica vial.

Las dos estancias denunciadas ahora se inscriben en un fen�meno mucho m�s amplio: la expansi�n patrimonial de L�zaro B�ez en Santa Cruz.

Distintos relevamientos judiciales y period�sticos realizados durante las investigaciones sobre el empresario identificaron una gran cantidad de inmuebles y establecimientos rurales vinculados con B�ez y sus empresas en la provincia.

Un relevamiento publicado por Clar�n durante la investigaci�n de la llamada Ruta del Dinero K contabiliz� 41 estancias y m�s de 600.000 hect�reas atribuidas a B�ez en Santa Cruz, aunque las cifras y universos patrimoniales variaron seg�n el momento y el expediente considerado.

Entre esas propiedades aparecieron establecimientos cercanos a El Calafate y al r�o Santa Cruz, adem�s de inmuebles urbanos en R�o Gallegos y otras localidades.

Uno de los lugares m�s conocidos es la denominada Chacra 39, en las afueras de R�o Gallegos, propiedad que qued� asociada durante a�os a los encuentros entre B�ez y N�stor Kirchner. La propiedad tambi�n figura entre los bienes alcanzados por las distintas medidas judiciales sobre el patrimonio del empresario.

La relaci�n entre ambos no se limit� a la actividad rural. Investigaciones judiciales y period�sticas documentaron durante a�os operaciones comerciales entre B�ez y la familia Kirchner en Santa Cruz, incluyendo alquileres, propiedades, hoteles y fideicomisos.

La nueva presentaci�n busca que la Justicia Federal reconstruya una historia que comenz� con un conflicto sucesorio y financiero de una familia propietaria de tierras en Santa Cruz y que, con el paso del tiempo, termin� vinculada al empresario que construy� uno de los mayores patrimonios privados de la provincia durante el per�odo kirchnerista.

El punto central ser� establecer si la p�rdida de R�o Bote y La Entrerriana fue consecuencia de una disputa comercial y sucesoria que termin� en una ejecuci�n judicial o si, como sostiene la denunciante, existi� una operatoria coordinada en la que intervinieron actores bancarios, empresariales, judiciales y pol�ticos.

Tambi�n deber� determinarse qu� documentaci�n existi�, qu� decisiones tom� el Banco de Santa Cruz, c�mo se desarrollaron las ejecuciones y subastas y qu� intervenci�n concreta tuvieron las personas mencionadas en la presentaci�n.

Por ahora, se trata de una denuncia que solicita investigar hechos y responsabilidades. La presentaci�n por s� misma no acredita la comisi�n de delitos ni establece responsabilidad penal sobre B�ez, Manzanares, exfuncionarios, abogados, magistrados o N�stor Kirchner.

Fuente: Diario Nuevo Día

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