Dos veces condenado, el hijo de un reconocido bodeguero es acusado de vender drogas en el Penal de Chimbas

El hijo de un reconocido bodeguero que ya fue condenado, Facundo Martín Torraga, enfrenta una nueva acusación que podría extender su estadía tras las rejas. Es que la fiscalía de la Justicia Federal lo señaló como integrante de una organización dedicada a la comercialización de cocaína dentro del Penal de Chimbas y, por tanto, quedó encaminado a otro juicio en su contra.

Sospechado por narcotráfico y lavado de activos, el Ministerio Público lo acusó de participar en la venta y el cobro de la droga mediante billeteras virtuales. El fiscal federal Fernando Gabriel Alcaraz y la auxiliar fiscal María Florencia Compaired cerraron la investigación y pidieron elevar el juicio contra Torraga, al igual que contra otros 19 imputados.

El hijo de Mario Torraga, que fue castigado primero por violencia de género y después por abuso sexual y amenazas en perjuicio de una ex pareja, quedó vinculado a una banda criminal, por lo que, en caso de ser penado en este expediente, podría ser declarado reincidente.

Según la hipótesis fiscal, dentro del pabellón 4, sector 2, del Servicio Penitenciario Provincial funcionaba una estructura cuyo principal responsable y coordinador era Rodolfo Daniel Carrizo. Torraga y Gabriel Antonio Villarroel, también alojados en ese sector, habrían comercializado cocaína entre las personas privadas de libertad y recibido los pagos a través de sus propias cuentas de Mercado Pago y Naranja X. 

La investigación comenzó a partir de denuncias anónimas que advertían sobre pagos por droga dentro del pabellón. Una de ellas señalaba que debía transferirse dinero a una cuenta utilizada por Torraga y apuntaba a Carrizo como quien manejaba la comercialización. La Fiscalía incorporó también escuchas telefónicas, análisis de movimientos financieros y pericias sobre dispositivos electrónicos.

En su celda, identificada con el número 13, fue secuestrado un teléfono Motorola E5 que estaba oculto dentro de una madera de la mesa, además de elementos cortopunzantes. Tras una primera extracción fallida, el aparato fue reparado para intentar recuperar su contenido. El informe fiscal indica que finalmente se obtuvieron mensajes, registros de llamadas y contactos, aunque la información resultó escasa por el estado del equipo.

Otro elemento central de la investigación fue el hallazgo de 92 envoltorios pequeños y un paquete de mayor tamaño con cocaína, escondidos dentro de tres rodillos de pintura en el taller de capacitación del pabellón. El análisis químico determinó que el material contenía cocaína mezclada con levamisol. Para la Fiscalía, la sustancia pertenecía a la estructura que habría encabezado Carrizo.

Por estos hechos, a Torraga se le atribuye comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas y por haberse cometido dentro de un establecimiento penitenciario, en calidad de partícipe primario. La acusación solicita para él una pena de seis años y seis meses de prisión, multa de 150 unidades fijas, costas y accesorios legales, además de que sea declarado reincidente. Se trata de un pedido de la Fiscalía, no de una condena dictada en esta causa.

El documento describe una organización dividida en dos grandes núcleos. El primero operaba dentro del penal y estaba integrado, según la acusación, por Carrizo, Torraga, Villarroel e Ivana Gabriela Gómez. Mientras Carrizo habría ejercido la coordinación, Torraga y Villarroel se ocupaban de vender y cobrar. Gómez, pareja de Carrizo, habría administrado las ganancias y funcionado como nexo con quienes operaban fuera de la cárcel.

El segundo núcleo tenía actividad en el exterior, principalmente en el barrio Noreste III de Santa Lucía y el barrio 7 Conjunto II de Chimbas. La Fiscalía ubica en un lugar central a Oscar Nahuel Carrizo y a su pareja, Carla Luciana Brizuela Robledo, junto con Marisa Matilde Robledo, madre de Brizuela. De acuerdo con el escrito, este grupo habría coordinado la adquisición, distribución y comercialización de estupefacientes en distintos domicilios.

En esa estructura también aparecen Celina Agostina Carrizo, vinculada al circuito de transferencias y a la redistribución de dinero; los hermanos Gustavo y Mauro Dávila Ochoa, señalados por tareas de comercialización y administración de ganancias; y Mercedes del Valle Roldán y Ramiro Alexis Castro González, a quienes la Fiscalía atribuye venta minorista de cocaína.

Por otro lado, Federico Fabián Carrasco Garín y Lucas Emiliano Pissano habrían tenido a su cargo la custodia de un inmueble del barrio Noreste III donde se encontraron más de cuatro kilos de cocaína. Antonia Graciela Rocha y Maximiliano Gabriel Rodríguez Rocha, en tanto, fueron señalados por el resguardo de otro domicilio donde se secuestró aproximadamente medio kilo de la sustancia.

La investigación no se limita a la presunta comercialización de droga. La Fiscalía sostiene que parte de las ganancias se canalizaba mediante billeteras virtuales registradas a nombre de terceros, pero que habrían sido utilizadas por integrantes de la organización. También describe operaciones de compra de inmuebles y vehículos que, según la acusación, habrían permitido introducir en el circuito formal fondos provenientes del narcotráfico.

En ese tramo aparecen nuevamente Oscar Nahuel Carrizo y Carla Brizuela Robledo, acusados de adquirir y poner en circulación activos presuntamente ilícitos. A Ceferino Oscar Carrizo y María de los Ángeles Andrada, padres de Nahuel, se les atribuye haber intervenido en operaciones patrimoniales mediante la compra y administración de bienes que habrían quedado registrados a su nombre, con el posible efecto de disimular su origen. 

La Fiscalía identificó lotes en el Loteo Fénix, en Santa Lucía, y vehículos vinculados a las operaciones investigadas. En su cálculo, las transacciones patrimoniales relevadas equivalen a 369,7 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de las operaciones. Para el Ministerio Público, el uso de cuentas de terceros, titulares registrales familiares y pagos en efectivo o fraccionados habría dificultado seguir el recorrido del dinero.

No todos los acusados enfrentan los mismos cargos. Mientras a varios se les atribuye comercialización de estupefacientes como coautores o partícipes primarios o secundarios, la acusación por lavado de activos recae específicamente sobre quienes, según la Fiscalía, habrían intervenido en la adquisición y puesta en circulación de bienes con ganancias ilícitas.

La causa llega así a la instancia de control de la acusación y preparación del juicio oral, con una hipótesis fiscal que vincula las presuntas ventas dentro del penal con una red externa de distribución y movimientos de dinero. La responsabilidad penal de Torraga y de los demás acusados deberá ser determinada en el debate.

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