Educación podrá seguir contratando de forma directa en Tucumán hasta julio de 2027

El Ejecutivo provincial prorrogó por un año una facultad excepcional que permite al Ministerio de Educación adquirir bienes y servicios sin recurrir a licitaciones públicas. La medida nació durante la pandemia y ahora suma nuevos argumentos, como los brotes de dengue y gripe y las contingencias climáticas.

El Ministerio de Educación de Tucumán podrá continuar con contrataciones directas hasta el 30 de julio de 2027, luego de que el Gobierno provincial extendiera por un año una autorización que surgió durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto N° 1.717/1, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el 29 de julio de 2026. La norma fue publicada el jueves 3 de septiembre en el Boletín Oficial N° 31.275.

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El mecanismo permite que la cartera conducida por Susana Montaldo realice determinadas compras y contrataciones sin aplicar el procedimiento de licitación pública previsto por la legislación. Para acceder a esta herramienta, el Ministerio debe emitir la correspondiente resolución.

La autorización no se limita a las escuelas. El decreto alcanza a establecimientos educativos y no educativos que dependan del Ministerio de Educación y contempla una serie de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento.

Entre ellos aparecen equipamiento, tareas de mantenimiento, material didáctico, servicios tecnológicos y conectividad. También quedan incluidos otros recursos que resulten indispensables para sostener las actividades de los establecimientos.

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El origen de esta facultad se remonta al Decreto N° 264/1 del 10 de febrero de 2021, cuando todavía regía la emergencia sanitaria por el COVID-19.

En aquel momento, el Poder Ejecutivo habilitó al Ministerio de Educación a contratar de manera directa los bienes y servicios necesarios para cumplir con los protocolos sanitarios y las disposiciones fijadas para el regreso de las clases presenciales.

La herramienta excepcional debía facilitar una respuesta rápida ante las necesidades que surgieran en las escuelas y podía utilizarse sin importar cuál fuera la fuente de financiamiento.

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La emergencia sanitaria quedó atrás, pero la autorización no desapareció. Desde noviembre de 2021, el Gobierno dictó ocho decretos para extender su vigencia.

La lista incluye el N° 3.015/1 de 2021; el N° 4.232/1 de 2022; el N° 1.188/1 de 2023; los N° 61/1, 2.127/1 y 4.074/1 de 2024; y los N° 2.007/1 y 3.989/1 de 2025.

La última prórroga presenta una diferencia respecto de las anteriores. El Gobierno ya no tomó al coronavirus como principal fundamento para mantener la herramienta excepcional.

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El decreto menciona ahora otros escenarios que, según el Ejecutivo, pueden generar necesidades urgentes dentro del sistema educativo. Entre ellos figura "la proliferación de contagios de virus del Dengue y otras situaciones epidemiológicas, como el contagio del virus de la Gripe".

A ese escenario sanitario se sumaron las contingencias climáticas registradas en Tucumán durante este año. El Gobierno consideró que los fenómenos meteorológicos también pueden provocar situaciones imprevistas en establecimientos que dependen de Educación.

La justificación oficial apunta a contar con un mecanismo que permita resolver con mayor rapidez la compra de bienes o la contratación de servicios indispensables ante una eventual emergencia.

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Según los fundamentos del decreto, el objetivo final es garantizar la continuidad efectiva del servicio educativo frente a situaciones que demanden una respuesta inmediata.

Con la nueva extensión, la facultad que nació como una herramienta vinculada al regreso a las aulas durante la pandemia seguirá vigente hasta julio de 2027, con un alcance que incluye tanto las necesidades habituales de funcionamiento como aquellas que puedan surgir ante contingencias sanitarias o climáticas.

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Fuente: El Federalista

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