Efecto Adorni: funcionarios públicos no podrán adherir al régimen de Inocencia Fiscal II

Por Redacción

Los funcionarios públicos no podrán exteriorizar sus "dólares bajo el colchón" ni fondos no declarados dentro del nuevo régimen de Inocencia Fiscal. Así quedó establecido en el dictamen que logró firmar este miércoles La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, donde el PRO y la UCR pidieron incorporar esa modificación a cambio de apoyo.

El proyecto original del ministro de Economía, Luis Caputo, contemplaba la posibilidad de que los funcionarios pudieran acogerse a los beneficios del régimen (que ya está vigente), pero los aliados exigieron excluirlos y el oficialismo cedió. De esta manera, quienes ocupen un cargo público solo podrán adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.

Se trata de un coletazo directo del caso de Manuel Adorni. Meses atrás, cuando todavía era jefe de Gabinete, él y su esposa, Bettina Angeletti, pidieron incorporarse al Régimen Simplificado de Ganancias (paso previo para acceder al "blanqueo" de la Ley de Inocencia Fiscal). La adhesión generó polémica porque Adorni ya estaba siendo investigado por la Justicia.

Con el cambio en el texto, el dictamen consiguió 44 firmas en las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal. Además del conjunto liderado por Gabriel Bornoroni, suscribieron el macrismo, el radicalismo, el MID y bloques aliados de Tucumán y Misiones. Provincias Unidas solo aportó la firma (en disidencia) de su presidenta, la santafesina Gisela Scaglia. Los cordobeses al mando de Martín Llaryora no acompañaron.

El texto del dictamen mayoritario incorpora, según destacaron en La Libertad Avanza, "correcciones centrales orientadas a brindar máxima certeza jurídica a los contribuyentes cumplidores, reducir la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y establecer un cerrojo infranqueable para que ningún funcionario público pueda ampararse en los beneficios de este régimen".

"Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día", expresó la presidenta de Legislación Penal, la cordobesa Laura Rodríguez Machado.

Uno de los puntos principales es la exclusión total e incondicional de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal (artículos 38 y 38 bis incorporados a la Ley 27.799).

Si bien los funcionarios podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen.

La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.

Esto incluye a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo con jerarquía igual o superior a secretario de Estado en los ámbitos nacional, provincial y municipal; legisladores nacionales, provinciales, concejales y parlamentarios del Mercosur; y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas las jurisdicciones. También a miembros del Consejo de la Magistratura, entre otros.

"Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable", enfatizó Rodríguez Machado.

Por otra parte, para atenuar la presión punitiva sobre el sector productivo e incentivar la regularización voluntaria, el dictamen establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, como una baja permanente del 25% en las multas por infracciones formales aplicables a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

Corresponsalía Buenos Aires

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Los funcionarios públicos no podrán exteriorizar sus "dólares bajo el colchón" ni fondos no declarados dentro del nuevo régimen de Inocencia Fiscal. Así quedó establecido en el dictamen que logró firmar este miércoles La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, donde el PRO y la UCR pidieron incorporar esa modificación a cambio de apoyo.

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Fuente: Río Negro

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