Efecto Ponzi en el NOA: la Justicia ya investiga denuncias por más de $536 millones contra Lebron Group

La investigación penal preparatoria por una presunta estafa piramidal de escala regional sumó nuevos elementos de gravedad en los tribunales tucumanos. Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal concentra las presentaciones formales de 15 damnificados que denuncian un perjuicio económico que supera los $432 millones y los U$S69.300 (equivalentes a más de $536 millones en el consolidado general). No obstante, los investigadores judiciales y las querellas privadas estiman que la cifra de afectados superaría el centenar, proyectando ramificaciones delictivas en las provincias de Santiago del Estero y Catamarca.

El principal implicado en el legajo judicial es Franco David Alderete, de 35 años y oriundo de la localidad de Lules, identificado como la cara visible de la firma fachada Lebron Group SAS. Según consta en el expediente que tramita el fiscal Fernando Blanno, la organización captaba ahorros del público bajo la promesa de abonar tasas de interés extraordinarias con plazos fijos de entre seis y doce meses. El esquema ofrecía rendimientos que partían del 7,5% mensual en pesos —con escalas comerciales crecientes si las colocaciones superaban los $20 millones— y de hasta un 3,4% mensual para los depósitos en dólares estadounidenses.

La ingeniería delictiva habría comenzado a mostrar signos de asfixia financiera a mediados de 2023, cuando los inversores iniciales experimentaron sistemáticos retrasos en las liquidaciones, mientras que los nuevos aportantes solo percibían los dividendos durante los primeros dos meses antes de ingresar en una cesación de pagos definitiva. La tensión escaló a fines de 2025 con los primeros reclamos públicos en redes sociales, a los que Alderete respondió inicialmente con contraofensivas legales por presunta difamación. El quiebre definitivo del entramado familiar y comercial se materializó cuando una tía directa del imputado formalizó una denuncia penal para exigir la restitución de sus fondos, salpicando colateralmente a su propio hijo y primo del investigado, quien habría integrado la sociedad en sus albores.

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A diferencia de otras arquitecturas piramidales analizadas por la Justicia federal y ordinaria, las cuales suelen escudarse en activos virtuales o criptomonedas, Lebron Group seducía a sus víctimas mediante un falso esquema de economía real. A los ahorristas se les aseguraba que el capital se destinaba al financiamiento y posterior comercialización de suplementos alimentarios e insumos tecnológicos importados. Los dividendos, supuestamente, provenían del margen de ganancia obtenido una vez que los contenedores superaban las auditorías de la Dirección General de Aduanas.

Sin embargo, las pericias preliminares comenzaron a desmontar la estructura corporativa. Informes emitidos por el Registro Público de Tucumán ratificaron que Lebron Group SAS jamás completó su inscripción formal, operando de manera clandestina a través de sedes comerciales ubicadas en puntos estratégicos de San Miguel de Tucumán (avenida Mitre 564, Buenos Aires 42 y 25 de Mayo 762), Yerba Buena (avenida Aconquija al 500) y Lules (Belgrano 364). Asimismo, tras el bloqueo de su CUIT dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en 2025, el imputado habría canalizado los flujos de dinero espurio mediante otras sociedades satélites como Children SAS, Total Finans SAS y Grupo Lebron SRL.

Frente al avance de la carga probatoria, Alderete ensayó una estrategia de mitigación de daños al presentarse espontáneamente ante la fiscalía de Blanno. El sospechoso negó la existencia de una maniobra criminal, encuadró el escenario en un mero fracaso comercial, entregó su teléfono celular para peritajes tecnológicos y manifestó su presunta voluntad de arribar a acuerdos de conciliación privados.

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Pese a este movimiento defensivo, los abogados querellantes descartan la hipótesis del riesgo empresarial. Los representantes legales de las víctimas, Juan Pablo Bello y Juan Guerrero, coincidieron en que la evidencia recolectada acredita un dolo inicial y un engaño deliberadamente planificado para desapoderar a los ahorristas de sus capitales. Con audiencias ya fijadas para ratificar denuncias incluso con posterioridad a la feria judicial, la fiscalía intenta ahora determinar la identidad y el grado de participación de los coautores y testaferros que cooperaron en la expansión del esquema hacia el resto de las provincias del NOA, donde el perjuicio global podría perforar la barrera de los $1.000 millones.

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Fuente: El Federalista

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