El 10 de agosto comienza el juicio político a Díaz Lacava

El juicio político del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, entra en su etapa decisiva. El 10 de agosto, a las 9 de la mañana, en dependencias del Consejo de la Magistratura de la Nación, se iniciará la instancia oral que, se estima, a fines de agosto se definirá su continuidad o destitución como juez federal.

El Jurado de Enjuiciamiento.

A mediados de abril, la Corte Suprema de Justicia designó los componentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, quienes llevarán adelante este proceso judicial que enfrenta el juez Díaz Lacava. Se trata de los doctores Marcelo Gastón Bartumeu Romero, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 25 de la Capital Federal; Néstor Pablo Barral, juez de cámara de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; María Belén Montes de Oca, senadora nacional por Tierra del Fuego (bloque LLA); María Florencia López, senadora nacional por La Rioja (bloque UXLP); Christian Alejandro Zulli, diputado nacional por Corrientes (UXLP); Ana Beatriz Fernández, abogada de la matrícula federal, de San Nicolás, provincia de Buenos Aires; y Nicolás Mayoraz, diputado nacional por Santa Fe (bloque LLA).

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Se trata de un proceso de carácter netamente político en el que el tribunal solo juzga la conducta de los magistrados ante los hechos denunciados y si en ellos cometieron mal desempeño de sus funciones. Para una destitución se necesitan cinco votos de los siete integrantes del jurado. El jurado solo puede tomar dos decisiones: destituirlos o rechazar la acusación. Si ocurre lo primero, el juez pierde automáticamente el cargo y su jubilación. En el segundo caso, se levanta la suspensión y vuelve a ejercer como magistrado.

Así será la instancia oral.

Fuentes consultadas por LA ARENA permiten revelar que el Jurado ya citó a los testigos de la defensa del juez y de la acusación y en el cronograma fijado se espera que el proceso dure una semana. Hay que mencionar que  por los mismos hechos, Díaz Lacava tiene una causa penal en la que fue enviado a juicio oral. Ahora está suspendido en el cargo, pero antes de que el Consejo de la Magistratura tome esa decisión, el juez tenía una prohibición de ingresar a su tribunal para no estar en contacto con los empleados que lo denunciaron.

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El juez está acusado de amenazar y hostigar a los empleados y secretarios de su tribunal, que fueron los que presentaron la denuncia y que debieron tomar licencia médica. Uno de los hechos más graves es que el juez les arrojó una piedra desde la calle que ingresó por la ventana de uno de los despachos.

El jurado ya citó a los testigos de la defensa del juez y de la acusación.  Declararán numerosas personas que denunciaron haber sido víctimas, en su gran mayoría mujeres que se desempeñaban en el ámbito judicial, y otros testigos que presenciaron los presuntos episodios de violencia, hostigamiento y maltrato atribuidos al magistrado. El cronograma fijado demandaría una semana, informaron fuentes judiciales a éste medio.

Acompañamiento institucional.

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Hay que recordar que las actuaciones se originaron a partir de denuncias formuladas por funcionarias y empleadas judiciales del Tribunal Oral Federal de La Pampa, quienes relataron presuntos hechos de violencia, hostigamiento, maltrato y abuso de autoridad ocurridos en el ámbito laboral. La gravedad de los hechos denunciados motivó la apertura del juicio político por presunto mal desempeño en el ejercicio de la función judicial.

Las consultas a fuentes del espacio judicial afirman que el  proceso presenta, además, una particular relevancia institucional porque las denuncias no sólo fueron impulsadas por las presuntas víctimas, sino que también fueron acompañadas por magistrados integrantes del propio Poder Judicial y compañeros de Díaz Lacava, quienes respaldaron las presentaciones efectuadas, una circunstancia poco frecuente en procesos de esta naturaleza y que refleja la preocupación institucional que generaron los hechos investigados.

Mientras avanza el juicio político, Díaz Lacava también espera el juicio oral en la causa penal. El Tribunal Oral Federal ya transita la etapa de ofrecimiento de prueba y se estima que el debate oral comenzará a mediados de septiembre.

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La causa penal.

En forma paralela al juicio político que definirá la continuidad o destitución de Díaz Lacava como juez federal, también avanza la causa penal en la que el magistrado fue procesado por los mismos hechos y que actualmente se encuentra en la etapa de ofrecimiento de prueba previa al juicio oral.

El tribunal encargado de llevar adelante el debate oral está integrado por los jueces federales Facundo Zapiola, titular del Tribunal Oral Federal Nº 3 de Córdoba; José Fabián Asís, juez del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba; y Sabrina Nammer, jueza del Tribunal Oral Federal Nº 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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En ese expediente, las partes se encuentran presentando la prueba que será incorporada durante el debate, paso previo al inicio del juicio oral, cuya realización se estima para mediados de septiembre. La acusación penal comprende diversos hechos presuntamente ocurridos durante el ejercicio de sus funciones y por los cuales el magistrado fue enviado a juicio.

Entre ellos se investigan conductas vinculadas a presuntos hechos de abuso de autoridad, lesiones, amenazas y distintos episodios de violencia y hostigamiento, muchos de ellos denunciados por mujeres que integraban el ámbito laboral del tribunal y que motivaron la adopción de medidas de protección en su favor, conforme surge del requerimiento de elevación a juicio formulado en la causa. Uno de los hechos más graves es que el juez arrojó una piedra a sus secretarios desde la calle que ingresó por la ventana de uno de los despachos.

De esta manera, mientras el Jurado de Enjuiciamiento definirá en las próximas semanas si Díaz Lacava continúa o no ejerciendo la magistratura, la investigación penal seguirá su curso con independencia del resultado del proceso disciplinario. En caso de ser hallado culpable en sede penal, las eventuales consecuencias recaerán sobre su responsabilidad personal, más allá de la decisión institucional que adopte el Jurado de Enjuiciamiento.

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Fuente: La Arena

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