El 91% de las denuncias contra jueces y fiscales federales en Tucumán terminó sin sanciones

La mayoría de las denuncias contra magistrados federales en Tucumán no llegó a una sanción. Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a través de la plataforma JusTA, reveló que el 91% de los trámites de remoción iniciados en la provincia durante los últimos 24 años terminó archivado.

El trabajo, titulado "¿Justicia intocable?", tomó como referencia los expedientes iniciados desde 2002. En ese período se registraron 47 trámites contra jueces y fiscales federales de Tucumán. De ese total, 43 terminaron sin sanciones disciplinarias ni remociones efectivas.

La investigación fue realizada por Irene Benito, Celeste Fernandez, Clara Lucarella, Ezequiel Nino y Emir Salomón. El documento puso bajo la lupa el funcionamiento de los organismos encargados de controlar a la magistratura y planteó una advertencia sobre las consecuencias de un sistema que no logra resolver las denuncias.

"Si los procesos de investigación no funcionan como deberían, la garantía de independencia puede rápidamente transformarse en garantía de impunidad", señala el informe.

El escenario tucumano forma parte de una situación más amplia. Según los datos recopilados por ACIJ, 4.910 denuncias contra magistrados terminaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación entre 1999 y agosto de 2026.

Solo el 1,3% derivó en una sanción o destitución. En cambio, 3.700 expedientes fueron desestimados y otros 469 concluyeron por caducidad.

El informe también detectó 633 casos cuyo motivo de cierre no pudo determinarse a partir de los registros oficiales.

La organización cuestionó así la distancia entre las garantías constitucionales de independencia judicial y los mecanismos destinados a controlar posibles casos de mal desempeño.

"La Constitución Nacional establece que la magistratura conserva sus funciones mientras dure su buena conducta. La garantía de inamovilidad de los cargos de magistrados y magistradas cede ante casos de mal desempeño o la comisión de delitos. Este presupuesto es fundamental para garantizar la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función, ya que protege a sus titulares de represalias y ataques fundados en sus decisiones", sostiene el documento.

Sin embargo, el mismo informe advierte que "muchas causas disciplinarias se encaminan al olvido, y ni siquiera funcionan como obstáculo para ascender al interior del Poder Judicial".

ACIJ identificó cuatro problemas centrales en el sistema disciplinario del Consejo de la Magistratura.

Uno de ellos es la falta de publicidad de los expedientes. La organización sostuvo que resulta difícil conocer qué ocurre con una denuncia una vez que ingresa al organismo.

"La posibilidad de saber qué pasa con las denuncias contra la magistratura nacional y federal se pierde prácticamente al momento de la interposición de los cuestionamientos, no sólo porque quienes denuncian no son parte del proceso (…), sino también porque el Consejo de la Magistratura omite dar publicidad a los expedientes disciplinarios", señaló el informe.

La Ley 24.937 establece que los expedientes del Consejo de la Magistratura son públicos, con especial énfasis en aquellos vinculados con denuncias contra magistrados. ACIJ advirtió que el acceso efectivo a esa información puede requerir pedidos específicos y que esos mecanismos no siempre permiten conocer el estado de las actuaciones.

Otro punto cuestionado es la exclusión de quienes presentan las denuncias. La normativa establece que "quien denuncia no será parte de las actuaciones". Esto limita su participación durante el proceso y también restringe el seguimiento de las pruebas y las decisiones.

El tercer problema aparece en la asignación de los expedientes entre las comisiones de Disciplina y de Acusación. Según el estudio, los criterios no resultan completamente precisos y dejan margen para decisiones discrecionales.

"La reglamentación no enuncia de manera taxativa sino genérica y orientadora los parámetros que determinan un camino u otro", sostiene el informe.

El cuarto factor es la caducidad de las causas. El plazo legal de tres años puede cerrar un expediente sin una resolución sobre el fondo del caso.

"Esto significa que una causa puede cerrarse sin que exista una investigación ni una decisión sobre los hechos detonados. Y, de hecho, es lo que pasa en cientos de casos", advierte ACIJ.

Entre 1999 y agosto de 2026, 469 denuncias terminaron por caducidad.

Con información de Tendencia 

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