El aberrante calvario de una sanjuanina: 8 años siendo abusada, un embarazo y prisión preventiva para su padrastro

Un relato marcado por el horror, el silencio y la extrema vulnerabilidad se expuso este jueves en los tribunales durante la audiencia de formalización contra un hombre de 38 años, de oficio peón de finca. El sujeto está imputado como el autor de vejámenes perpetrados de manera sistemática contra su hijastra, con quien convivió bajo el mismo techo a lo largo de 11 años.

Durante la audiencia, presidida por el juez de Garantías Diego Sanz, el representante del Ministerio Público Fiscal, Mario Panetta de UFI CAVIG, detalló el calvario que atravesó la denunciante, actualmente de 18 años. El funcionario destacó que los abusos no solo fueron sostenidos en el tiempo, sino que se agravaron drásticamente, amparados en el silencio del domicilio familiar.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos expuesta por la fiscalía durante la imputación, el infierno vivido por la víctima se enumera en la siguiente cronología de abusos. A los 9 años fue el inicio del horror. Los ultrajes comenzaron cuando la niña tenía apenas esta edad. El acusado se habría aprovechado de la convivencia y de su rol de autoridad para someterla.

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A los 15 años, la menor quedó embarazada y todo parece indicar que fue a causa de las reiteradas violaciones por parte de su padrastro. Con el permiso de su madre -ella no sabía nada-, se le practicó una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cuando cursaba 11 semanas de gestación, el 26 de octubre de 2023. En sede judicial, la madre declaró desconocer el origen del embarazo, alegando que su hija le había dicho que mantenía relaciones "con un chico con el que salía".

Días después del procedimiento, el 31 de octubre, a la adolescente se le colocó un chip anticonceptivo subdérmico, también con el consentimiento materno. Lejos de representar una solución, esta decisión empeoró radicalmente las cosas para la joven. Según su testimonio, al contar con el método anticonceptivo, el imputado perdió todo reparo y las violaciones pasaron a ser constantes y de carácter diario, extendiéndose hasta que ella cumplió los 17 años.

El 9 de julio del presente año, el silencio se rompió cuando la tía de la víctima radicó la denuncia en una comisaría local. Inicialmente, al agresor solo se le notificó de medidas tuitivas (restricción de acercamiento), permaneciendo en libertad.

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Mientras el fiscal relataba la cruda sucesión de los hechos, el acusado se mantuvo en silencio durante toda la audiencia, limitándose únicamente a realizar ademanes con la cabeza en forma de "No".

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal presentó evidencia documental contundente para respaldar el relato de la víctima. La historia clínica obtenida de los hospitales públicos de la provincia certificó fehacientemente las fechas y la realización tanto de la IVE como de la posterior colocación del chip anticonceptivo. Además, se sumó el informe de la psicóloga que asistió a la joven el día de la denuncia: la profesional concluyó que la chica presentaba un discurso con mucha concordancia, lógico y que, de ninguna manera, era un relato forzado o ensayado. A la chica se le hará durante el periodo de investigación la respectiva pericia psicológica.

Ante la gravedad del cuadro, el fiscal solicitó la prisión preventiva y la imputación formal por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por cometerse contra una persona menor de edad y aprovechándose de la situación de convivencia.

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Por su parte, la defensa oficial a cargo de las doctoras Maira Elías y Daniela Emín en representación de la defensora oficial Sandra Leveque, rechazó de plano los hechos y la calificación legal. Las abogadas argumentaron que la medida coercitiva era excesiva, destacando que el hombre no posee prontuario penal, que la investigación recién se inicia y que compareció sin problemas tras ser citado.

La resolución judicial: perspectiva de género y resguardo

Finalmente, tras escuchar a las partes, el juez de Garantías resolvió dictarle la prisión preventiva al imputado por el plazo de 2 meses y fijó un período de 9 meses para desarrollar la investigación preparatoria.

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En sus fundamentos, el magistrado fue categórico. Sostuvo que existen elementos de convicción suficientes para presumir que el delito existió. Asimismo, desestimó que el acusado tuviera arraigo: tras la denuncia, debió abandonar la casa en la que vivía con su pareja (madre de la víctima) y sus hijastros, mudándose a la vivienda de su hermano, a lo que se suma que su trabajo en la cosecha no está registrado. Todo esto configura un claro riesgo de fuga ante un hecho de enorme gravedad.

El juez también advirtió sobre el peligro de entorpecimiento. De permanecer en libertad, el sujeto podría influir en los numerosos testigos que aún deben declarar o, peor aún, acercarse a la denunciante y a su círculo íntimo.

Para cerrar su resolución, el magistrado citó la Convención de Belém do Pará, recordando que el Estado tiene la obligación de frenar los hechos de violencia contra la mujer. Subrayó que es imperativo proteger a las víctimas, especialmente cuando se encuentran en un estado de vulnerabilidad total tras denunciar hechos de semejante aberración, concluyendo que la prisión preventiva es, en este escenario, la única herramienta válida para asegurar el proceso penal y salvaguardar la integridad de la joven.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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