El acusado del intento de robo a Roberto Sagra es un comisario que fue empleado en sus empresas

Mario Adrián Choque, jefe de la comisaría de San Andrés, reconoció haber ingresado al country Los Olivos de Yerba Buena el 31 de julio, pero alegó un error de domicilio. Roberto Sagra desconfía de esa versión: los responsables de su seguridad confirmaron que el oficial trabajó en sus firmas, omitió la identidad de sus cuatro acompañantes y los videos de las cámaras contradicen su relato. La fiscalía evalúa remitir la causa a Delitos Complejos mientras el Ministerio de Seguridad abrió un sumario interno.

La investigación judicial por el presunto intento de asalto a la vivienda del empresario Roberto José Emilio Sagra dio un giro relevante. El comisario Mario Adrián Choque, jefe de la comisaría de San Andrés, se presentó el 7 de agosto ante las autoridades y declaró que el ingreso de cinco hombres al country Los Olivos, sobre avenida Presidente Perón al 1.300 en Yerba Buena, el viernes 31 de julio a las 20.30, se debió a un equívoco.

Según su exposición, buscaba reunirse con otra persona que lo esperaba en el barrio privado Terrazas Park, colindante. "Me equivoqué e ingresé a Los Olivos", afirmó. Añadió que se identificó ante el guardia, dijo que buscaba a "Roberto", se encontraba correctamente uniformado con paletas de grado y porta nombre, y que, al advertir el error, se retiró.

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"Estoy a disposición de la Justicia para aclarar esta situación y lo que se publicó en los medios es erróneo".

— Comisario Mario Adrián Choque

Sagra cuestionó de inmediato esa explicación. "La declaración de este funcionario deja muchas dudas. La verdad es que es imposible que se haya equivocado de persona. Los responsables de seguridad me confirmaron que Choque había trabajado en mis empresas", señaló el empresario en declaraciones a La Gaceta.

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El titular de las operadoras de juegos de azar también subrayó omisiones graves: Choque no identificó a las otras cuatro personas que lo acompañaban —que, según su versión, serían también policías— ni precisó si el vehículo era oficial. Además, los registros de las cámaras de seguridad muestran que el guardia nunca le indicó el camino hasta la vivienda; por el contrario, le señaló al conductor que girara hacia el domicilio de Sagra cuando estaba por pasar de largo. "Él dijo que no conocía mi domicilio", observó el empresario.

Entre ambos barrios privados median más de 200 metros con otros complejos de departamentos, locales comerciales y gastronómicos, lo que refuerza las dudas sobre la posibilidad de un simple error de orientación.

La causa se encuentra en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo de Daniel Sosa Piñeiro. Fuentes judiciales indicaron que el magistrado continúa recibiendo indicios e informes para definir si la remite a una fiscalía especializada en robos o a la de Delitos Complejos, ante la eventual existencia de irregularidades en la actuación policial. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad de Tucumán inició el trámite administrativo correspondiente para determinar si hubo faltas en el proceder de los uniformados.

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El episodio original se desarrolló de la siguiente manera. Cinco hombres arribaron al country en un vehículo. La guardia privada de la empresa Smart no aplicó el protocolo habitual de ingreso. Un vecino advirtió la actitud sospechosa, se acercó y uno de los ocupantes descendió con un chaleco de la Policía. La situación coincidió con la llegada de dos familiares de Sagra. Los cinco sujetos huyeron pese a los intentos de varios vecinos por detenerlos. El empresario radicó la denuncia al día siguiente. Inicialmente la causa había quedado a cargo de la fiscala María del Carmen Reuter, con intervención de personal de la ex Brigada de Investigaciones.

Sagra había manifestado que sus movimientos son predecibles y que, de tratarse de un robo convencional, podrían haberlo abordado en otro lugar. Sospechó desde el primer momento de la conducta del guardia y del uso del chaleco policial.

Días después del hecho, el empresario envió una carta documento a la editora de un medio digital en la que vinculó el episodio con publicaciones periodísticas sobre su actividad comercial y exigió su eliminación, al considerarlas "causa eficiente" del hecho de inseguridad. El medio rechazó la intimación, señaló que el asalto precedió a las notas y calificó el requerimiento de intento de censura previa.

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Roberto José Emilio Sagra, de 62 años, es una figura central del mercado de juegos de azar en Tucumán. Desde el 22 de mayo de 1996 explota, a través de distintas sociedades, el monopolio estatal administrado por la Caja Popular de Ahorros, que incluye quiniela, Telekino, casino e hipódromo. Sus principales firmas —Pálpitos, Novoplay, Maverick y Brothering's— concentran unas 200 agencias y plataformas de apuestas. Emplean a más de 350 personas. Las tres operadoras principales declaran facturaciones anuales en la banda máxima del sistema financiero, que en conjunto alcanzan hasta 54.000 millones de pesos (unos 37 millones de dólares).

Sagra tiene trayectoria deportiva: fue basquetbolista y entrenador de Belgrano, presidente de la Federación Tucumana de Básquet (2007-2009) y presidente de San Martín de Tucumán hasta 2021. Reside en el country Los Olivos, aunque su domicilio fiscal figura en el Country Jockey Club. En los últimos años reordenó el control societario de sus empresas a favor de sus hijos.

La investigadores no descartan que el episodio forme parte de la tensión de Sagra con un ex socio del juego, con quien estaría dividiendo los negocios, en la provincia. El proceso judicial y el sumario administrativo continúan abiertos.

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Fuente: El Federalista

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