El alambre electrificado en una finca de Chimbas, un adolescente muerto y una mujer condenada

Nunca midieron el peligro que implicaba ese alambrado electrificado ni imaginaron que podía ocurrir lo peor. En teoría, el propósito de tan criminal idea era evitar los robos, pero sobrevino la desgracia. El remedio resultó peor que la enfermedad. Una tarde de 2011, un adolescente entró a esa finca de parrales de la zona de Chimbas y, apenas tocó el cerco de acero, cayó fulminado por la descarga eléctrica.

Muchos vecinos de la calle Díaz jamás olvidaron aquel miércoles 13 de abril de 2011. No solo por el trágico final de ese adolescente de 15 años, llamado Pablo González, que murió electrocutado. También por la revuelta que protagonizaron sus familiares, amigos y vecinos, quienes, dolidos por la propia impotencia, arremetieron a pedradas, saquearon la vivienda de los propietarios de la finca y se enfrentaron con la Policía para cobrar venganza por la muerte de ese chico del barrio San Francisco.

El barrio colinda con esa propiedad situada sobre calle Díaz, próxima a Santa Cruz, en Chimbas. La familia Sabio cultivaba viñedos allí, pero en esa época la finca estaba casi abandonada y la única que quedaba en la casa de ese terreno era Antonia Martín, la esposa del antiguo dueño, ya fallecido. El hombre había muerto en 2010 y algunas cosas todavía se mantenían como las había dejado. Entre ellas, ese alambre de 98 metros de largo que rodeaba los fondos de la finca y que todos los días conectaban a una línea de corriente de 220 voltios.

Literalmente, electrificaban ese cerco. Y la explicación era que estaban cansados de que se metieran a robar a la propiedad y que, de esa manera, se protegían y corrían a los ladrones. Lo que no decían, o no estaba en sus cálculos, era que el cerco perimetral con corriente eléctrica representaba un peligro potencial y una verdadera trampa mortal. Además, en ese lugar no existían carteles que alertaran o previnieran sobre el riesgo. En otras palabras, ese alambre era un «cazabobos» que un día iba a hacer caer a alguien.

Ese alguien fue Pablo González, un chico de 15 años que, en la tarde del miércoles 13 de abril de 2011, entró a los fondos de la finca. Los chicos de la zona solían jugar en ese extenso terreno. Hay dos versiones acerca de qué hacía ahí el adolescente. Su familia afirmó que, según sus amigos, el jovencito había ingresado a esa parte de la propiedad a buscar una pelota. En la Policía decían que había entrado con otras personas a robar; hasta sostenían que habían llegado a abrir el portón de un galpón y buscaban llevarse un rollo de tela media sombra.

La realidad fue que eso quedó en versiones y sospechas nunca corroboradas. En los hechos, sin esperárselo, el chico tocó o agarró ese alambre electrificado, colocado a un metro de altura, y recibió el golpe de corriente. El jovencito quedó pegado al cerco durante largos segundos y la descarga eléctrica estremeció su cuerpo, sin chances de salvarse. Si Pablo estaba con alguien, lo dejaron solo. Minutos más tarde, un llamado anónimo a la Policía daba cuenta de que en los fondos de la finca de calle Díaz, metros al norte de calle Santa Cruz, había perdido la vida un chico. Era un pedido desesperado que hacía creíble lo que decía.

Una patrulla policial de la Comisaría 26.ª concurrió al lugar y los uniformados entraron a la propiedad. Tras caminar un poco, por detrás de una vieja construcción, encontraron al adolescente muerto. En aquel entonces, los relatos policiales señalaron que el chico se encontraba tendido, con sus manos contraídas y pegadas al alambre. También constataron que estaba electrificado. Ellos mismos cortaron después el cable que conectaba la corriente al cerco perimetral que rodeaba el fondo.

Los curiosos reconocieron al adolescente fallecido. Se trataba de Pablo González, de 15 años. La noticia corrió por el barrio San Francisco y la indignación se transformó rápidamente en furia. Familiares, amigos y vecinos de Pablo se congregaron frente a la propiedad de calle Díaz. Los gritos de reclamo y la bronca dieron paso a una lluvia de piedras contra la vivienda y contra los propios policías y patrulleros que ya rodeaban la dramática escena sobre la calle Díaz.

Las corridas y las piedras se multiplicaron a la par de las balas de goma y los gases lacrimógenos que lanzaban los efectivos de Infantería para dispersar a la multitud. La batahola duró un par de horas, hasta que los policías tomaron el control de las calles y replegaron a los vecinos del barrio San Francisco.

La tensión no terminó con aquella violenta jornada. Los ataques contra la finca continuaron y los policías debieron montar una custodia para evitar nuevos incidentes. Hubo intentos de incendiar la vivienda y se registraron más enfrentamientos. La bronca alcanzó también a otros vecinos. Los revoltosos también se la agarraron con una mujer del propio barrio, a la que acusaban de ser «buchona» de la Policía. Esa señora y sus hijos tuvieron que abandonar su casa por las amenazas.

En medio de ese clima, la investigación judicial comenzó a buscar responsables. El primero en ser detenido fue el hijo de la propietaria de la finca, un muchacho de 30 años de apellido Sabio. Los investigadores sospechaban que era el responsable de la instalación del alambre electrificado. El hombre negó haberlo colocado y sostuvo que su padre, fallecido seis meses antes, pudo haber realizado la conexión porque se ocupaba de los parrales. También afirmó que no vivía en la propiedad. En esos primeros días, la causa avanzó con distintas hipótesis y una calificación penal que después cambiaría.

El caso luego pasó de las primeras sospechas por un homicidio culposo a una discusión jurídica mucho más grave, vinculada con el dolo eventual. La línea investigativa, que ponía en la mira a Sabio, se trasladó hacia su madre, Antonia Martín, como única responsable del trágico suceso. De hecho, la mujer, de 60 años, fue imputada y quedó con prisión domiciliaria.

A más de dos años de la muerte del adolescente, la causa judicial llegó a juicio en la Sala I de la Cámara Penal y Correccional. En agosto de 2013, las noticias volvieron a poner el nombre de Pablo en las páginas policiales, pero con Antonia Martín como única protagonista y acusada del dramático final de ese jovencito. La mujer aceptó el juicio abreviado por el delito de homicidio simple con dolo eventual y reconoció su responsabilidad por esa muerte. La acusación sostenía que el alambre electrificado había sido instalado para proteger la propiedad y que su peligrosidad podía terminar causando una tragedia.

El acuerdo contemplaba inicialmente una pena de 11 años de prisión. Sin embargo, el 22 de agosto de 2013, el juez de cámara Juan Carlos Caballero Vidal homologó el acuerdo y le impuso a Martín una pena de 8 años y 6 meses de cárcel. La mujer no fue llevada al penal de Chimbas, sino que fue beneficiada con la prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud. La diabetes la había dejado casi ciega.

La mujer no regresó nunca más a la finca de la calle Díaz, mientras que la muerte del chico quedó como testimonio de la insensatez humana y aquel lugar, con el tiempo, se convirtió en la sede de la Departamental N° 2 de la Policía de San Juan.

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