El caso Laura Sánchez en la Justicia: ¿qué fiscalía investigará la denuncia?

El escándalo político y deportivo que mantiene en vilo a la capital provincial ya dio sus primeros pasos formales en los pasillos de Tribunales. Tras la gravísima denuncia penal presentada por concejales de la oposición contra Laura Sánchez —presidenta del Concejo Deliberante y de la Liga Sanluiseña de Fútbol—, el engranaje judicial comenzó a moverse para definir cómo y quiénes llevarán adelante la investigación.

Según confirmaron fuentes judiciales, la denuncia ya ingresó formalmente al sistema y se encuentra en la etapa técnica de abordaje. Este es un paso administrativo clave, previo a la asignación definitiva. No obstante, por la fecha de presentación, el circuito administrativo indica que la causa recaería oportunamente en la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 4, cuyo titular es Javier Amitrano, acompañado por la adjunta Antonella Romagnoli.

Si bien el fiscal Amitrano todavía no tiene el expediente de manera efectiva en su despacho debido al estado inicial del trámite, las fuentes aseguran que es el destino que le correspondería. En la misma línea, el control del proceso quedaría bajo la órbita del Juzgado de Garantía Nº 2, a cargo de la magistrada María Agustina Dopazo Samper.

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El inicio de este camino judicial busca echar luz sobre una maniobra que causó profunda indignación. La mira está puesta sobre el predio de futsal privado "Suela 13", un galpón comercial explotado por Sánchez y alquilado a la propia Liga que ella preside.

La denuncia sostiene que la gestión municipal del intendente Gastón Hissa absorbió de manera irregular y "a escondidas" las abultadas boletas de suministro eléctrico de EDESAL de ese complejo privado, camuflándolas entre las facturas de los edificios públicos.

La presentación, que también involucra de forma directa a las funcionarias de la Secretaría de Hacienda municipal, Fabiana Malamud y Andrea de los Ángeles Bustos Lucero, estima un perjuicio inicial para el erario público superior a los cinco millones de pesos ($5.000.000).

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Los presuntos delitos bajo análisis revisten una enorme gravedad: abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, peculado y enriquecimiento ilícito.

Mientras el ámbito político local exige respuestas urgentes de una funcionaria clave —que además reemplaza al intendente en sus ausencias—, la expectativa se traslada ahora a la finalización de los pasos administrativos en la Justicia, el paso previo para que la Fiscalía Nº 4 tome las riendas definitivas de un caso que promete agitar el tablero puntano.

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Fuente: El Diario de la República

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