El cierre de la obra social de las Fuerzas Armadas dejará sin trabajo a cerca de 40 empleados en Tucumán -

El proceso de disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), formalizado por del Gobierno de Javier Milei, impactará de manera directa en Tucumán: a partir del 30 de noviembre, cerca de 40 empleados quedarán sin trabajo y se cerrarán el centro médico y las oficinas de la provincia, según informaron medios locales. La medida se enmarca en una reestructuración que transfiere las funciones operativas a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y genera preocupación por la continuidad de las prestaciones médicas y el acceso a medicamentos.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial el 28 de octubre de 2026, había dispuesto la disolución de IOSFA y la creación de OSFA para las Fuerzas Armadas y de OSFFESEG para las fuerzas federales de seguridad. Ahora, el directorio de OSFA, presidido por Pablo Plaza, determinará los puestos y la dotación necesarios según su estructura y necesidades operativas, identificando al personal indispensable para su transferencia. Quienes no sean incorporados quedarán sujetos a la evaluación del administrador designado por el Ministerio de Defensa, que encabeza el teniente general Carlos Presti. Los compromisos pendientes del personal no transferido serán asumidos por esa cartera, y los agentes de planta permanente en disponibilidad continuarán en esa situación hasta su reubicación o baja.

A nivel nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que, de una planta de aproximadamente 2.450 trabajadores, alrededor de 1.000 pasarían a OSFA, unos 450 de planta permanente quedarían en disponibilidad y cerca de 1.000 contratos no serían renovados, lo que implicaría entre 1.200 y 1.450 puestos en riesgo. El plan contempla también el cierre de delegaciones, farmacias (unas 30 o 31 propias, según distintas resoluciones), centros de auditoría y centros médicos en distintas provincias, con fecha límite el 30 de noviembre de 2026. Un memorándum del administrador de la liquidación, Gonzalo Secchi, instruyó el cese de actividades de la mayoría de las estructuras territoriales, con excepciones puntuales como la Policlínica General Actis y ciertas delegaciones provinciales.

En Tucumán, los reclamos se suman a un antecedente reciente. A principios de septiembre, el Colegio Médico de la provincia anunció la suspensión de la atención a los afiliados de la obra social (entonces referida como OSFA o ex IOSFA) por la deuda impaga, que medios nacionales estimaron en torno a los 200.000 o 210.000 millones de pesos. A partir de entonces, los beneficiarios debían ser considerados pacientes particulares. Representantes de ATE, trabajadores y afiliados realizan asambleas, sentadas y movilizaciones para rechazar los cierres, reclamar la reincorporación del personal y exigir garantías sobre la continuidad de las prestaciones y la entrega de medicamentos durante el proceso de liquidación y reorganización.

La delegación provincial de IOSFA en San Miguel de Tucumán funcionaba en 25 de Mayo 1023. En el mapa administrativo de OSFA, que cuenta con aproximadamente 324.000 a 325.000 beneficiarios distribuidos en 13 delegaciones, la de Salta reúne 17.106 personas y comprende también Jujuy, Tucumán y Catamarca. Fuentes locales señalaron que el cambio alcanzaría a más de 500.000 afiliados en todo el país, cifra que se aproxima a la población total histórica de IOSFA antes de la segmentación con las fuerzas de seguridad. La deuda acumulada, que involucra a unos 2.000 proveedores y prestadores, condicionó durante meses la relación con clínicas, sanatorios, laboratorios y profesionales, y llevó a suspensiones de cirugías e interrupciones en el suministro de medicamentos de alta complejidad en distintas jurisdicciones.

El Gobierno nacional anunció en octubre el uso de fondos del Tesoro para cancelar parte del pasivo y avanzó en el pago de reintegros a afiliados. Sin embargo, ATE y los trabajadores cuestionan el alcance de los recortes y advierten sobre el impacto en la atención sanitaria. En Tucumán, la incertidumbre se concentra en el destino laboral de cerca de 40 empleados y en la forma en que se garantizará la cobertura para los afiliados locales una vez que cesen las actividades de las sedes provinciales el 30 de noviembre.

Más Noticias

También puede interesarte