El Colegio de Abogados pidió medidas a la Policía tras las denuncias por abusos en comisarías

La entidad reclamó al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía una instrucción general para todas las dependencias. También propuso crear un protocolo para garantizar el ejercicio de la abogacía. El planteo surgió tras la denuncia de un letrado contra efectivos de Banda del Río Salí y se suma a otros dos casos recientes que involucran a policías tucumanos.

El Colegio de Abogados de Tucumán reclamó medidas al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía a raíz de una denuncia contra efectivos de la comisaría de Banda del Río Salí. La entidad no limitó su planteo al expediente particular y pidió cambios que alcancen a todas las dependencias policiales de la provincia.

El caso involucra al abogado Ernesto Enzo Nieva, de 69 años, quien denunció a personal de esa comisaría por presunta privación ilegítima de la libertad, vejaciones y apremios ilegales, tal como había contado El Federalista.

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Según su presentación, el letrado acudió a la dependencia para asistir a un cliente que había protagonizado un siniestro vial. Allí, afirmó que un efectivo lo tomó del cuello, le quitaron el teléfono celular y lo retuvieron junto a otras personas detenidas.

Nieva también sostuvo que fue obligado a firmar un documento cuyo contenido desconocía.

A partir de la denuncia, la Comisión de Defensa de la Defensa del Consejo Directivo del Colegio de Abogados analizó el episodio y consideró que existía una cuestión institucional que excedía el caso particular.

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El Colegio resolvió 15 medidas destinadas a esclarecer la situación, acompañar al denunciante y advertir a las autoridades sobre el cumplimiento de las normas que regulan la actuación de los abogados en las dependencias policiales.

La entidad informó el caso al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y al jefe de Policía, Joaquín Girvau. Les pidió que adopten las medidas administrativas correspondientes.

Además, reclamó que las autoridades impartan una «INSTRUCCIÓN GENERAL, EXPRESA Y OBLIGATORIA» para todas las dependencias policiales de Tucumán.

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El objetivo es que los efectivos conozcan las facultades que tienen los abogados cuando concurren a una comisaría para asistir a sus representados. El Colegio también pidió que las normas sean exhibidas en lugares visibles de todas las dependencias.

Otra de las propuestas consiste en elaborar un protocolo específico para el ejercicio de la abogacía dentro de las comisarías.

La entidad sostuvo que las garantías previstas para los profesionales no representan un beneficio corporativo. «Esas normas no protegen una prerrogativa corporativa. Protegen al ciudadano frente al poder estatal«, afirmó.

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En esa línea, remarcó: «El abogado que pregunta por una persona detenida, exige conocer los motivos de su privación de libertad, solicita identificar a la autoridad interviniente o pretende entrevistarse con su asistido no perturba el funcionamiento de la institución policial: cumple la función que la Constitución y las leyes le asignan dentro del sistema de justicia».

El Colegio también planteó que el cumplimiento de esas reglas beneficia a las propias fuerzas de seguridad. «Del mismo modo, la autoridad policial que facilita ese ejercicio no resigna autoridad ni debilita su función. Cumple la ley y fortalece la legitimidad institucional de su actuación», sostuvo.

El reclamo del Colegio de Abogados se produjo en un contexto marcado por otras denuncias recientes contra efectivos policiales.

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Uno de los expedientes corresponde a la comisaría de Lomas de Tafí. Allí, una denuncia que tramita en la Justicia Federal señaló que un joven fue detenido durante un control y que sus familiares recibieron una presunta exigencia de $800.000 para recuperar su libertad.

Tal como señaló este medio, la presentación también sostuvo que los policías habrían amenazado con involucrar al joven en una causa por tenencia de cocaína.

A partir de la denuncia, Gendarmería Nacional allanó la dependencia y secuestró libros de guardia y registros de novedades. El jefe de Policía confirmó el procedimiento y anunció un sumario administrativo.

El otro episodio, también narrado por El Federalista, corresponde a la comisaría de El Chañar. Un docente denunció que fue detenido durante un procedimiento y que luego los efectivos le exigieron dinero bajo amenaza de vincularlo con una causa por drogas y afectar su trabajo.

Según la presentación judicial, los policías habrían reclamado inicialmente $10 millones y luego redujeron la suma a $8 millones. El denunciante afirmó que finalmente entregó $1 millón en efectivo y transfirió otros $1,5 millones desde su cuenta bancaria.

La defensa pidió que la Fiscalía de Delitos Complejos investigara al personal policial por presunta privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, vejaciones, extorsión y falsificación de instrumento público.

Los expedientes presentan situaciones diferentes y cada denuncia deberá ser investigada para determinar qué ocurrió y si existieron responsabilidades penales.

En el caso del abogado de Banda del Río Salí, el Colegio de Abogados decidió avanzar un paso más. Además del seguimiento de la denuncia, planteó la necesidad de establecer reglas generales para la relación entre los profesionales y las fuerzas de seguridad.

La instrucción obligatoria para las comisarías, la exhibición de las normas y la creación de un protocolo forman parte de una misma propuesta: garantizar que los abogados puedan ejercer su función dentro de las dependencias policiales y que los efectivos conozcan los límites y obligaciones que establece la normativa vigente.

El pedido quedó ahora en manos del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía, que deberán definir si avanzan con las medidas solicitadas por la entidad que representa a los abogados tucumanos.

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Fuente: El Federalista

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