El conductor que causó la muerte a un delivery, con prisión domiciliaria

Mariano Maurelle, responsable de la muerte en un accidente de tránsito del delivery y estudiante de enfermería de 28 años Yonathan Valera Salazar, cumplirá prisión domiciliaria por 60 días mientras avanza el proceso para el juicio oral. El trágico episodio ocurrió en diciembre de 2024 en la esquina de Héroes de Malvinas y San Juan, en la ciudad de San Luis. 

La medida que deberá cumplir rigurosamente se fundamentó en dos aspectos: por un lado, su estado de salud y por el otro, actitudes de rebeldía que tuvo a lo largo del proceso y que se ventilaron una audiencia realizada este viernes en los tribunales puntanos.

La jueza de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción, Agustina Dopazo, ordenó la prisión domiciliaria de Mourelle con controles diarios del Instituto Provincial de Reinserción Social (IPRESS), al considerar que existen riesgos procesales que deben ser cautelados en esta etapa del proceso.

La querella, ejercida por los abogados Daniel Martín y Gonzalo Rodríguez Casado, solicitó la prisión preventiva y adhirió la Fiscalía de Instrucción N° 1, sobre "la base de presuntos incumplimientos de medidas de coerción impuestas con anterioridad".

Martín y Rodríguez Casado fundaron su pedido en un informe del IPRESS correspondiente al 1 de septiembre de 2025, en el que se dejó constancia de que Mourelle no fue encontrado en el domicilio donde debía cumplir prisión domiciliaria. También señaló que, conforme a un informe incorporado al expediente por la Fiscalía de Juicio Nº 1, el imputado habría concurrido a firmar el libro de imputados únicamente en una oportunidad, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

Los querellantes también se refirieron a las medidas dispuestas el 15 de octubre de 2025 por la jueza Zabala Chacur, que incluían la obligación de firmar el libro de imputados, la prohibición de salir de la provincia y la entrega del carné de conducir, en el marco de las restricciones impuestas.

Para los defensores de Maurelle, Nedo Gómez y Victoria Suárez, no existen riesgos procesales que justifiquen agravar las medidas vigentes y cuestionó la actualidad de los elementos invocados por la acusación, al señalar que el informe del IPRESS refiere a hechos del año anterior.

La jueza Dopazo sostuvo que el incumplimiento de una medida de coerción anterior constituye un elemento relevante para analizar el comportamiento del imputado durante el proceso y evaluar un eventual riesgo de fuga.

"En relación con la prisión domiciliaria, consideró que la medida anterior no habría sido cumplida, según lo informado por el IPRESS, y que esa circunstancia debía ser valorada a la luz de las disposiciones procesales que contemplan el comportamiento del imputado como un indicador para evaluar los riesgos". Además, destacó que "el avance de la causa hacia la etapa intermedia exige extremar los recaudos para asegurar que el imputado permanezca sujeto al proceso".

Asentó ese criterio en un pronunciamiento de un Tribunal de Impugnaciones relativo a la necesidad de cautelar los riesgos en esa instancia procesal.

No obstante, la jueza entendió que, por el momento, esos riesgos procesales podían neutralizarse mediante una medida menos gravosa que la prisión preventiva. Para ello, también tuvo en consideración el estado de salud del imputado. Dopazo también indicó que las salidas necesarias para asistir a consultas con profesionales de la salud podrán ser autorizadas, previa presentación por parte de la defensa de la información correspondiente sobre los días, horarios y domicilios de atención. Esos datos deberán ser comunicados al organismo encargado de los controles.

Finalmente, le requirió a Mourelle que informe su número de teléfono celular actual y mantenga actualizados sus datos personales, como parte de las obligaciones destinadas a garantizar su sujeción al proceso judicial.

La audiencia de control de acusación fue fijada para el 21 de octubre.

Temas de nota:

Más Noticias

Un drama

Inseguridad

Quines

Crimen en Barrio República