El Congreso trata el presupuesto de ajuste rodeado de marchas y sin cita oficial de la CGT
Al paro y movilización de las universidades se suman la izquierda, organizaciones sociales y el movimiento de mujeres. La CGT resolvió una medida para el 26 por fondos de las obras sociales.

Por:
Alfonso de Villalobos@alfondevil
El proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el gobierno nacional se tratará este miércoles en la Cámara de Diputados. La letra de la «ley de leyes», en líneas generales, refuerza el rumbo hacia una modificación profunda de la matriz productiva de la Argentina con eje en la primarización y el extractivismo.
En ese sentido, diseña la estructura de gastos alrededor del déficit cero primario, pero también el financiero, es decir, fijando el pago prioritario de la deuda externa.
Más allá de la subestimación de la inflación pautada en un 18% y la sobreestimación del crecimiento (4%) y la inversión (+9,2%), el articulado adelanta un ajuste del gasto del 26,7% con relación a lo pautado para el año anterior a la asunción del actual gobierno.
Dicho de otra forma, el gobierno propone gastar menos de tres de cada cuatro pesos de los que habían sido destinados en 2023 a diferentes servicios que recibe la población bajo la forma de «salario indirecto».
Un desglose más fino indica ajustes de envergadura en el presupuesto para obras de infraestructura que retrocede un 72,4% al igual que las transferencias a las provincias que suman un 6% de recorte interanual acumulando un 83% desde 2023.
Para el caso de las universidades, el proyecto se coloca la margen de la legislación vigente y la justicia en tanto ratifica la posición del gobierno nacional de desconocer la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso nacional y los sendos fallos judiciales que obligan al ejecutivo a cumplirla.
El proyecto oficial propone una reducción en términos reales del presupuesto destinado a las universidades nacionales del orden del 25%. El gobierno pretende erogar $7 billones cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera necesarios, de mínima, $11 billones, un 57% más.
Con la aprobación del proyecto, el gobierno pretende cerrar el conflicto legal con el CIN dejando abstracta la Ley de Financiamiento en tanto los mismos legisladores que la votaron y la ratificaron, ahora, la derogarían implícitamente.
El argumento, insostenible desde el punto de vista jurídico, podrá ser utilizado discursivamente por el gobierno como un recurso para seguir colocándose al margen de la ley y la Constitución.
Es por eso que la jornada será acompañada por un paro general de todas las federaciones que representan a los docentes universitarios en las altas casas de estudio que, además, movilizarán desde las 13 horas a la Plaza de los Dos Congresos.
Lo mismo harán las organizaciones de jubilados que sostienen su protesta en el mismo lugar todos los miércoles de manera ininterrumpida desde la asunción del gobierno en diciembre de 2023.
El viernes, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el espacio que organizó la Marcha de la Bronca del pasado 19 de septiembre -y que encabezado por el Frente de Izquierda y el sindicalismo combativo, movilizó a más de 50 mil personas agrupadas en un centenar de organizaciones sociales, piqueteras, sindicales y estudiantiles-, definió una agenda de marchas que comienza el miércoles hacia el Congreso con el propósito de rechazar en la calle el proyecto de ajuste del gobierno. A la vez, en el horizonte emerge una nueva marcha el 10 de diciembre por el Día Internacional de los Derechos Humanos impulsada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y el 20 de diciembre en el aniversario de la rebelión popular de diciembre de 2001.
Además, el tratamiento del presupuesto coincide con la fecha en la que, desde 1999, se celebra a el «Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer». Por eso, las organizaciones de mujeres y disidencias estarán en la calle y marcharán desde los Tribunales hacia el Congreso a donde planifican llegar sobre las 17 horas.
Es a través de ese espacio que participarán los sindicatos de la CGT y las CTA que, por el momento, no formalizaron una convocatoria específica orientada al rechazo del Presupuesto.
La CGT, por su parte, reunió a su mesa de conducción el jueves de esta semana y definió una acción para el jueves 26. La central obrera realizará una movilización a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para reclamar que el organismo libere los fondos adeudados a las obras sociales sindicales. Se trata de alrededor de $ 700 mil millones que la SSS retiene en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para repartir entre las entidades en concepto de reintegros y subsidios por prestaciones de alta complejidad así como fondos de emergencia originados en las prepagas retenidos por el ejecutivo.
El reclamo, judicializado por un conjunto de sindicatos, compromete la salud de millones de trabajadores que se atienden por el sistema de salud sindical cuyo vaciamiento, además, presiona sobre el sistema público de salud que sufre su propio recorte.
Por otro lado, un destacado dirigente de la CGT dejó entrever en una reunión reservada la posibilidad de que en los próximos días la entidad defina una medida de fuerza que sirva para retomar el plan de acción que se discontinuó por la llegada del Papa León XIV a la Argentina.
La medida, dijo, consistiría en un cese de actividades de dos o tres horas coordinado entre varias de las actividades que representan y pretenderá exhibir el descontento de los trabajadores y el poder de fuego de la Central sin que el gobierno pueda recurrir a una conciliación para impedirla.
De concretarse en los primeros días de diciembre, de cualquier manera, tendrá sabor a poco. La mira, ya lo dijeron, está en las elecciones de 2027 porque «la salida es política».
Milei
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Fuente: Tiempo Argentino (Economía)
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