El Consejo de la Magistratura bajo la lupa: el debate por transparentar los votos

El Consejo de la Magistratura permanece bajo la lupa, a partir de una discusión que atraviesa desde hace años al ámbito judicial y es cómo se seleccionan los nombres que finalmente integran las ternas para ocupar cargos en la Justicia y cuánto de ese proceso puede conocer la sociedad, en general. Si bien son varias las opiniones que sostienen que el sistema debe cambiar, a fin de transparentar y evitar especulaciones, pocos creen que la modificación pueda darse.

La jueza Adriana Tettamanti, en Paren las Rotativas, fue consultada por este tema y no dudó en manifestar que las formas deben cambiar y que sería sano exponer con fundamentos cada elección. Explicó que el Consejo nació con el objetivo de democratizar el mecanismo de selección de magistrados y evitar que la designación quedara exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo.

Según recordó la magistrada, antes de la creación del organismo los jueces eran designados por el gobernador y, durante una etapa intermedia, existió una comisión de expertos que asesoraba al Ejecutivo. Con la incorporación del Consejo de la Magistratura se buscó que quienes aspiraran a ocupar cargos judiciales pudieran presentarse a concursos aun cuando no fueran personas conocidas por quien ejercía la Gobernación.

Tettamanti señaló que el cuerpo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y dos representantes de la abogacía, toma decisiones bajo secreto y dicho esquema genera interrogantes. Apuntó a la falta de publicidad sobre el sentido del voto de cada consejero y a que no exista una obligación de fundamentar públicamente la decisión que lleva a la conformación de una determinada terna.

"Es un órgano constitucional en un sistema democrático y todos tenemos el deber de justificar nuestras decisiones", sostuvo Tettamanti.

La magistrada consideró que la transparencia no debería quedar afuera de un órgano encargado de intervenir en la selección de quienes ocuparán cargos dentro de la Justicia. Al mismo tiempo, aclaró que tampoco considera que los exámenes, por sí solos, constituyan una garantía suficiente: la idoneidad técnica es importante, pero también debería analizarse el perfil de quien aspira a convertirse en juez o integrante del Ministerio Público.

El Consejo de la Magistratura tiene rango constitucional. La Constitución Provincial le asigna al Consejo la función de organizar y resolver los concursos abiertos de antecedentes y oposición para cubrir las vacantes e integrar las ternas de nombramiento. También establece que debe proponer las ternas para el nombramiento de magistrados judiciales, titulares del Ministerio Público y Fiscal de Estado, además de dictar su propio reglamento de organización y funcionamiento.

Por otra parte, el funcionamiento concreto del organismo también está reglamentado por legislación provincial. La Ley 7371 establece que regula la integración, organización y funcionamiento del Consejo de la Magistratura conforme a los artículos 214 y siguientes de la Constitución.

Desde el propio Consejo, la mirada es diferente. La actual integrante del organismo y ministra de Gobierno, Laura Palma, defendió en Off the Record el trabajo que realizan los consejeros. Frente a los cuestionamientos por una eventual discrecionalidad, sostuvo que las entrevistas son exhaustivas y que el análisis de los postulantes incluye sus antecedentes y conocimientos.

Palma explicó que los consejeros trabajan "con mucha responsabilidad", que se analiza el currículum y que se selecciona a quienes consideran más adecuados. También marcó una diferencia entre las funciones del Consejo y las de la Legislatura: según planteó, las personas que llegan a integrar una terna cuentan con conocimientos jurídicos y están aptas para ocupar el cargo, mientras que la decisión final corresponde a la Cámara de Diputados.

La funcionaria también reconoció que los propios integrantes del Consejo no siempre coinciden al momento de definir una terna. "Somos un cuerpo colegiado y se elige por mayoría", explicó. Incluso contó que en determinadas oportunidades propuso a un candidato y no consiguió los votos necesarios, mientras que en otras oportunidades ocurrió lo contrario con otros integrantes.

Así, Palma puso sobre la mesa otra característica del mecanismo: la existencia de diferentes criterios dentro del propio organismo y la necesidad de construir una mayoría para definir los nombres que finalmente integrarán una terna.

Por otra parte, hay quienes consideran que las herramientas para las elecciones del Consejo son necesarias. Si bien no son partidarios de las críticas sobre cómo sesiona el cuerpo, promueven la incorporación de elementos que asistan a los consejeros. En ese marco, el ex presidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez, también consultado en Off the Record, coincidió en que el sistema necesita modificaciones, aunque puso el foco en la falta de herramientas externas para conocer cómo se toman las decisiones.

Según su mirada, en los concursos se intenta llegar a los postulantes más idóneos "con las herramientas que hay", pero cuestionó que esas herramientas puedan reducirse a la revisión de un currículum y una entrevista relativamente breve, sumadas a la información que los consejeros puedan reunir sobre los candidatos. "Es por eso que sostengo que debe cambiarse", planteó.

Álvarez fue cuidadoso, sin embargo, a la hora de cuestionar las decisiones concretas adoptadas por el organismo. Explicó que no considera apropiado juzgar la elección de un determinado juez sin haber participado de las entrevistas ni conocer qué elementos fueron considerados por los consejeros. Su propuesta apunta a dotar al mecanismo de mayor transparencia y fundamentos, de manera que, frente a un cuestionamiento, puedan observarse elementos concretos como el examen, los antecedentes, el orden de mérito y la entrevista.

También planteó incorporar herramientas adicionales para evaluar a quienes aspiran a ocupar cargos judiciales. Entre ellas mencionó la posibilidad de un examen psicotécnico que permita analizar aspectos vinculados con la capacidad para afrontar las presiones propias de la función. Para Álvarez, la discusión podría resolverse mediante una modificación del reglamento del Consejo, sin que necesariamente sea imprescindible una reforma legislativa.

Con una postura mucho más crítica, el ex presidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, también se refirió al tema en Off the Record y manifestó la necesidad de modificaciones profundas. Señaló que, para discutir el funcionamiento del Poder Judicial, es primordial cuestionar seriamente el Consejo de la Magistratura.

Entre sus principales valoraciones, mencionó la falta de publicidad de algunos aspectos de los concursos y puso como ejemplo la posibilidad de que los postulantes no conozcan con claridad su desempeño en las evaluaciones. También cuestionó que no exista un sistema que permita conocer públicamente el puntaje obtenido y planteó que debería existir un mecanismo objetivo de valoración.

Uno de los puntos centrales de su propuesta es que las entrevistas sean públicas y puedan transmitirse por streaming, de modo que la sociedad pueda conocer qué se les pregunta a quienes aspiran a convertirse en jueces y cuál es el perfil que presentan. Arancibia también se lamentó que no se conozca públicamente el sentido del voto de cada consejero al momento de conformar una terna. En su planteo, el mecanismo debería permitir conocer quién votó por cada postulante y, además, que ese voto tenga una fundamentación.

Lo expuesto no queda, únicamente, en quién integra una terna, sino a qué elementos permiten explicar por qué esos tres nombres fueron elegidos por sobre los demás concursantes. 

Actualmente, el Consejo está compuesto por Juan José Victoria, en representación de la Corte de Justicia, que es quien presidente del Consejo. Por el Foro de Abogados, lo integran Raúl Acosta y Valeria Torres; mientras que por el Poder Ejecutivo, lo compone Laura Palma y, por el Poder Legislativo, Fernanda Paredes. 

A fines de este año, se estima que se llevarán adelante las elecciones de los sucesores de los abogados, por lo que se prevé que será uno de los hechos políticos más trascendentes del año, en referencia a lo judicial. 

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