El costo de la desregulación de Milei: energía más cara para los usuarios y subsidios en aumentos

La desregulación del mercado eléctrico impulsada por el Gobierno de Javier Milei fue presentada como el camino hacia un sistema con valores determinados por el mercado y tarifas que no afectaran el bolsillo de los argentinos. Sin embargo, un informe de la Fundación Encuentro sostiene que el resultado fue diferente: aumentó el costo de generar electricidad y esa suba terminó trasladándose tanto a los usuarios como al Estado.

De acuerdo con el estudio, el costo de generación pasó de aproximadamente US$68 por MWh durante el primer semestre de 2025 a unos US$90 en el mismo período de 2026. El incremento repercutió sobre toda la estructura del sistema eléctrico y volvió a poner presión sobre las facturas y los subsidios.

Por ejemplo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la canasta que incluye luz, gas, agua y transporte aumentó un 966% desde diciembre de 2023, según los datos citados en el informe, al que accedió Eldestapeweb.

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El informe señala que, pese al fuerte aumento de las tarifas, los usuarios continuaron cubriendo entre el 50% y el 65% del costo total de la energía.

La diferencia restante debe ser afrontada mediante subsidios estatales. De esta manera, según el análisis, la energía termina teniendo un doble costo para la sociedad: una parte se paga directamente en las facturas y otra mediante los impuestos destinados a financiar los subsidios.

La situación se explica, en parte, por los cambios regulatorios implementados durante el último año. La Fundación Encuentro identificó cuatro decisiones que, según su análisis, contribuyeron a elevar el costo reconocido por el sistema eléctrico.

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Uno de los cambios fue la modificación de la remuneración de las centrales térmicas mediante la Resolución 400/2025. Con el nuevo esquema, los generadores que administran su propio combustible pueden declarar cada 15 días su Costo Variable de Producción y ubicarlo hasta un 25% por encima del precio de referencia establecido. Según el centro de estudios, esto terminó incrementando el costo declarado por las centrales térmicas.

El segundo punto está relacionado con la concesión por 30 años de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila.

El Estado recaudó unos US$707 millones por la firma de los contratos en diciembre de 2025. Sin embargo, el nuevo esquema estableció que durante los primeros dos años el 95% de la energía generada se comercialice a un precio regulado de entre US$15 y US$20 por MWh, por encima del costo que tenía esa energía bajo gestión estatal.

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Otro de los factores señalados es el caso de Yacyretá. Hasta junio de 2025, la remuneración de la represa se componía de dos conceptos en pesos. A partir de la Resolución 288/2025, ambos fueron unificados en un único valor de US$28 por MWh.

Según Fundación Encuentro, el precio pasó de aproximadamente US$17 a US$28 por MWh, aumentando el costo reconocido para una de las fuentes de generación más económicas del sistema argentino.

El cuarto factor está vinculado al abastecimiento de gas para las centrales térmicas. La ampliación del gasoducto Presidente Néstor Kirchner había sido proyectada para transportar gas de Vaca Muerta hacia las centrales y reducir el uso de combustibles líquidos importados, con el objetivo de abaratar la generación.

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Sin embargo, de acuerdo con el informe, el gas fue priorizado para la demanda residencial y las centrales quedaron más expuestas a fuentes de abastecimiento más costosas o al uso de combustibles líquidos durante los períodos de mayor demanda.

A esto se sumó la decisión del Gobierno de dejar sin efecto en julio de 2024 la licitación TerConf, que contemplaba la incorporación de 3.340 MW de nueva potencia térmica mediante una inversión estimada en unos US$4.000 millones.

El Ejecutivo anunció este mes que volverá a realizar una licitación similar, aunque dos años después y, según estimaciones citadas por el informe, con un costo mayor.

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De acuerdo al informe, los subsidios energéticos aumentaron 69% nominal y 30% en términos reales interanuales hasta julio, mientras que las transferencias a CAMMESA crecieron 114% nominal y 62% real.

Durante el primer semestre, el Estado transfirió unos US$2.147 millones en subsidios energéticos, un 80% más que en el mismo período de 2025.

De mantenerse esta dinámica, Fundación Encuentro estimó que los subsidios destinados a la energía podrían superar los US$3.500 millones durante 2026.

El análisis plantea así una contradicción en el esquema: mientras los usuarios enfrentaron fuertes aumentos tarifarios, el costo reconocido por el sistema también creció y las tarifas no alcanzaron para cubrirlo completamente.

El centro de estudios advirtió que, si toda la suba del costo de generación fuera trasladada directamente a las boletas, los hogares podrían enfrentar incrementos adicionales de entre 30% y 100%, dependiendo del nivel de consumo y del tipo de usuario.

El informe cuestionó además la idea de que el aumento de las facturas pueda resolverse únicamente con una reducción del consumo.

"Cuando el costo de la energía aumenta por decisión regulatoria, el impacto se distribuye entre hogares, industrias, comercios, provincias enteras y el Estado. Aunque te abrigues más, vas a pagar más caro", concluyó Fundación Encuentro.

De esta manera, el debate sobre la política energética vuelve a centrarse en una de las principales promesas del Gobierno: avanzar hacia un sistema con menor intervención estatal y tarifas más sostenibles. Según el informe, hasta ahora el proceso derivó en un escenario de mayores costos de generación, fuertes aumentos tarifarios y un incremento de los subsidios públicos.

Fuente: Primera Edición

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