El crimen de Érika: la familia de la víctima reclamó una reparación de más de $500 millones

Resumen para apurados

El caso del femicidio de Érika Antonella Álvarez sigue transitando los últimos tramos del proceso. La familia de la joven, a través de su representante legal, Carlos Garmendia, adhirió al pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal Pedro Gallo y no sólo anunció que demandará civilmente a los tres procesados, sino que estimó en $508 millones el monto que reclamará en concepto de reparación por el daño causado. Vale la pena aclarar que el único condenado en la causa acordó un resarcimiento de $100 millones.

La joven fue asesinada a golpes el 7 de enero en una casa de Yerba Buena. El fiscal Gallo acusó a Felipe "El Militar" Sosa por el crimen y a Justina Gordillo —funcionaria judicial y ex pareja del principal imputado—, a Nicolás Navarro Flores —amigo personal del supuesto autor del hecho— y a Jorge "Chicho" Díaz —empleado de confianza del acusado de femicidio— por haber realizado maniobras de encubrimiento.

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Semanas atrás, a través de un juicio abreviado, Navarro Flores aceptó su culpabilidad y fue condenado a tres años de prisión efectiva. Además, aceptó abonar una reparación económica de $100 millones. "Él decidió hacerse cargo de lo que hizo y del daño que generó", sostuvieron sus defensores Candelaria Hernández y Patricio Char.

El representante del Ministerio Público, antes de que se cumplieran siete meses del caso, dio un paso clave en el proceso. Le envió a la querella su pedido de elevación a juicio del expediente. Allí, además de enunciar su teoría del caso y las pruebas que utilizará en el debate, anunció que solicitará que se condene a perpetua a Sosa y a seis años de cumplimiento efectivo a Gordillo y a Díaz. También dejó abierta la posibilidad de que los familiares iniciaran una demanda civil.

Garmendia adhirió al planteo de Gallo y presentó una demanda para conseguir una reparación económica a favor de los padres y los seis hermanos -dos de ellos menores de edad- de la joven asesinada.

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Los representantes de la familia de Érika sostuvieron cuáles fueron los daños que sufrieron los familiares:

Claudia Andrea Peralta y Walter Marcelo Álvarez (padres): padecen alteraciones del sueño, episodios de angustia, hipervigilancia, pensamientos intrusivos vinculados a las circunstancias en que fue hallado el cuerpo de su hija, retraimiento social y dificultades severas de concentración que impactan directamente en su capacidad de trabajo.

Karen Milena Álvarez: soporta, además del duelo, el peso singular de haber sido quien reconoció el cuerpo de su hermana a partir de fotografías de sus tatuajes exhibidas en una dependencia policial. Fue también quien aportó a la investigación los datos que permitieron identificar al autor, exponiéndose a un desgaste emocional prolongado y a un contacto reiterado y minucioso con los detalles del hecho.

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Mayra Jacqueline Álvarez: perdió simultáneamente a su hermana y a su compañera de estudio, ya que ambas eran compañeras en la carrera de enfermería. Debió continuar cursando sus estudios, en la misma facultad y en las mismas aulas que compartía con ella, con la consiguiente reactualización cotidiana del trauma.

L.D.A. y M.P.A. (las hermanas menores de Érika): sufrieron la pérdida en plena etapa de constitución subjetiva, lo que agrava el pronóstico y la posibilidad de elaboración del duelo. La literatura especializada es conteste en que la pérdida traumática de una figura significativa durante la infancia y la adolescencia temprana produce efectos de larga duración sobre la estructuración psíquica. En el caso de una de ellas, esa afectación se potencia por su condición de discapacidad.

Los representantes también consideraron que se debe sumar "la revictimización derivada del propio proceso: el reconocimiento del cuerpo por fotografías, la exposición mediática del caso, la circulación pública de detalles de la vida privada de Érika y la necesidad de tomar conocimiento, en el marco de la investigación, de los pormenores del modo en que fue asesinada y descartada".

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Según la presentación realizada por Garmendia, del monto reclamado, Sosa debería responder por $438 millones, mientras que Gordillo y Díaz, de manera subsidiaria, tendrían que abonar $70 millones.

En la presentación que realizaron, los profesionales reclamaron los siguientes conceptos:

Pérdida de ayuda futura: $62,5 millones.

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Daño moral: $242 millones.

Daño psíquico incapacitante: $81,9 millones.

Gastos de tratamiento psicológico y psiquiátrico: $48,6 millones.

Gastos de sepelio y funerarios: $3 millones.

Daño extrapatrimonial autónomo por ocultamiento del cuerpo, privación del duelo digno y obstrucción del acceso a la Justicia: $70 millones.

Fuente: La Gaceta

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