El derrotero de Leal y Boschín: los dos funcionarios mendocinos que pasaron del poder en ARSAT a un embargo de $3.000 millones

El procesamiento dictado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, contra los exfuncionarios de la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT expuso una trama de contrataciones dirigidas, simulación de licitaciones y retornos financieros.

La resolución judicial, que incluyó un embargo preventivo de $3.000 millones sobre los bienes de los imputados, colocó bajo la lupa los perfiles y trayectorias de Facundo Leal y Gerardo Boschín, dos hombres de origen cuyano que acumulaban un enorme poder en el manejo de licitaciones de infraestructura y transporte del Estado nacional.

De las gestiones cruzadas al secuestro de millones y drogas

Facundo Leal, un abogado de 42 años oriundo de Godoy Cruz, construyó una carrera de casi dos décadas en la administración pública atravesando distintas gestiones de signo político opuesto.

Tras desempeñarse en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y ser director operativo de ARSAT, Leal fue designado presidente y gerente general de la firma estatal en agosto de 2022 durante el mandato de Alberto Fernández. Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023, conservó su lugar en la nómina de planta permanente y fue nombrado en 2025 al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

En ese período consolidó una fuerte red de influencia en la Secretaría de Transporte de la Nación junto a su extitular, el empresario mendocino Luis Pierrini, con quien terminó renunciando a fines de enero de 2026 tras una polémica por el uso de un avión privado ligado al entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Actualmente, Leal cumple arresto domiciliario tras los allanamientos ordenados por el juez Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez en el marco de la investigación iniciada por el Gobierno nacional por el robo de equipamiento tecnológico de la empresa satelital.

En su departamento del barrio porteño de Palermo y en una de sus siete propiedades en Mendoza, los investigadores secuestraron ketamina, drogas sintéticas, cocaína, una balanza de precisión y más de 2,3 millones de dólares en efectivo (650.000 dólares en Capital Federal y 1,7 millones en territorio mendocino), lo que derivó en una causa paralela por presunta comercialización de estupefacientes y enriquecimiento ilícito.

De San Rafael y la maniobra delictiva con licitaciones armadas

Por su parte, Gerardo Boschín, un administrador de empresas oriundo de San Rafael con más de veinte años de trayectoria en el sector privado, desembarcó en la función pública nacional como Gerente de Administración, Finanzas y Compras de ARSAT, el área neurálgica desde donde se gestionaban las cotizaciones y contrataciones.

Su paso por la empresa de telecomunicaciones le sirvió de trampolín para ser nombrado posteriormente como presidente de Trenes Argentinos Operaciones, posición que ocupó hasta comienzos de este año. La Justicia lo señala como una pieza fundamental en la ingeniería administrativa que validaba la simulación de competencia entre empresas proveedoras.

La causa judicial reveló que, bajo la órbita de los exdirectivos mendocinos, ARSAT canalizó 16 órdenes de compra en favor de la firma Argentina Logistic Services (ALS) por un monto superior a los USD 1,6 millones y más de $32 millones de pesos. Según consta en el fallo del juez Mirabelli, la empresa contratista resultaba favorecida mediante casillas de correo falsas y cotizaciones armadas para simular licitaciones transparentes.

El entramado comenzó a destaparse tras el robo y destrozo de insumos de cobre en un predio de San Fernando que carecía de la custodia, cámaras y cerco electrificado exigidos por los pliegos oficiales, dejando al descubierto el circuito de maniobras irregulares que derivó en las imputaciones y embargos actuales.

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