El derrumbe de una farsa: probation para una falsa traductora que dijo ser una egresada y engañó a varias personas
Dijo ser miembro de empresas y hasta que trabajó para el Estado. Se trata de María Valentina Rampulla que construyó durante años una elaborada mentira a través de sus redes sociales. Exhibiendo antecedentes académicos apócrifos, llegó a dar entrevistas en medios de comunicación y…

El asombroso nivel de detalle con el que algunos estafadores construyen sus perfiles públicos quedó expuesto este jueves en los pasillos de tribunales. María Valentina Rampulla, que se presentó como estudiante del profesorado de inglés, logró sostener durante años una minuciosa maniobra delictiva: se hizo pasar por traductora profesional, engañando a empresas, medios de comunicación y a la propia comunidad, hasta que la Justicia finalmente la sentó en el banquillo de los acusados.
La imputada, que finalmente fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba -probation-, enfrentó el delito de usurpación de títulos en calidad de autora. Ahora deberá trabajar gratis para la Municipalidad de Santa Lucía (24 horas en total en un lapso de 3 meses) y una reparación monetaria de 200.000 pesos para la Cruz Roja.
Una escenografía virtual milimétricamente diseñada
El ardid de Rampulla se cimentó principalmente en el mundo digital. A través de su cuenta de Instagram o LinkedIn, la mujer mostraba un perfil sumamente activo y profesional. Publicaba fotografías en supuestos foros de idiomas y simulaba estar trabajando en complejas traducciones para firmas importantes.
Sin embargo, el expediente judicial demostró que la realidad era diametralmente opuesta. Rampulla carece de título universitario, jamás trabajó de manera formal en una firma del rubro y no se encuentra inscripta ni matriculada en el Colegio de Traductores de la provincia.
La impunidad con la que se manejaba la llevó a cruzar límites insospechados. Su fachada era tan convincente que llegó a brindar una entrevista a un medio de comunicación, donde relató con total soltura los supuestos trabajos a los que se dedicaba. Además, se jactaba de tener vínculos contractuales con el gobierno de la provincia. Esta última mentira fue derribada categóricamente por el Ministerio de Cultura, entidad que certificó de manera oficial que Rampulla no es proveedora del Estado y que jamás ha sido contratada.
El principio del fin: escraches y denuncias
El castillo de naipes comenzó a desmoronarse cuando la falsa profesional inició una campaña de hostigamiento. Rampulla empezó a realizar llamados telefónicos y a publicar ataques en redes sociales sobre lo que se estaba diciendo de ella. Pero esta situación expuso la mentira, porque una firma hizo la denuncia aclarando que la mujer no era parte de la empresa. En sintonía, desde la institución Universidad Aconcagua afirmaron tajantemente que Rampulla no era una profesional.
El golpe de gracia llegó en junio de 2026. Cansados de la usurpación y del daño a la profesión, los miembros del Colegio de Traductores de la provincia radicaron una denuncia formal en su contra en UFI Genérica -causa que recayó en manos de la fiscal Daniela Pringles y el ayudante fiscal Rodrigo Herrera-. Fiel a su modus operandi, Rampulla intentó defenderse oficializando su falsa postura y escribiendo furibundos descargos en redes sociales contra la propia entidad que regula la actividad. Pruebas que recabó el MPF y que fueron parte de los elementos de convicción presentados ante la magistrada en la audiencia de este jueves.
La resolución de la Justicia
Ante el peso irrefutable de las pruebas (la ausencia de título y matrícula, sumada a la exhibición de antecedentes académicos apócrifos), la defensa de Rampulla a cargo del doctor Franco Montes, optó por evitar el juicio oral mediante un acuerdo.
La magistrada Carolina Parra homologó la probation por un año e impuso estrictas reglas de conducta para la imputada. Realizar 24 horas de tareas comunitarias distribuidas en un plazo de tres meses, a cumplirse en la municipalidad de Santa Lucía. Abonar una reparación simbólica de $200.000 (doscientos mil pesos), a pagarse en dos cuotas, a favor de la Cruz Roja y prohibición absoluta de contacto (por cualquier vía) con los miembros del Colegio de Traductores de la provincia.
Decía ser periodista, abogado, fiscal y asesor del Gobierno, pero fue preso por farsante
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Fuente: Tiempo de San Juan
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