El Desarrollo Local Minero de San Juan ya es ley

En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la Ley para el Desarrollo Local Minero, una iniciativa impulsada por la gestión de Marcelo Orrego que, si bien no obtuvo unanimidad, logró el respaldo mayoritario del cuerpo. La norma fue sancionada con 33 votos afirmativos, mientras que los únicos votos negativos fueron los de los diputados giojistas Graciela Seva y Mario Herrero. En tanto, el legislador libertario Fernando Patinella no estuvo presente al momento de la votación, por lo que no emitió su voto. La iniciativa se consolidó así como una herramienta clave para la política productiva de la provincia. Su objetivo es establecer un marco legal que garantice que la riqueza generada por la minería se traduzca en desarrollo para los sanjuaninos, impulsando el crecimiento de proveedores locales, la generación de empleo calificado y la innovación tecnológica.

La aprobación de esta ley se da en un contexto donde el mundo demanda minerales para la transición energética y la electromovilidad y San Juan está en una posición privilegiada al concentrar los proyectos de cobre más relevantes del país, como Los Azules y Vicuña, que tienen el potencial de ubicar a la provincia entre los principales proveedores mundiales de este metal. Además, la norma busca alinear el crecimiento minero con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional, aprovechando los compromisos de inversión que ya lideran el escenario provincial.

Los argumentos del proyecto sostienen que el impacto positivo de la minería no depende solo de las inversiones o los recursos extraídos, sino de la capacidad de transformar esa actividad en empleo de calidad e innovación tecnológica. La ley aprobada busca superar el desempeño actual de la industria en cuanto a la generación de capacidades locales, promoviendo una visión moderna de sostenibilidad y gobernanza. Además, la normativa reemplaza a la anterior Ley 1208-M, que nunca llegó a implementarse de forma efectiva.

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Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es el impulso al empleo para los sanjuaninos. Las empresas mineras tendrán la obligación de presentar planes detallados donde se comprometan a que el 80% de sus trabajadores sean locales. La ley establece una escala de prioridades donde los vecinos de los departamentos donde está el proyecto tienen la ventaja inicial, seguidos por los habitantes del resto de la provincia. Para asegurar que esto se cumpla, también se prevén programas de capacitación que permitan a los trabajadores mejorar sus habilidades y estar a la altura de lo que la industria exige.

En la misma línea, se busca que las pequeñas y medianas empresas de San Juan tengan una participación mucho más activa en la cadena de suministros. El objetivo fijado por la norma es que el 60 % de las compras y contrataciones de bienes y servicios se realice con proveedores de la provincia. Para organizar este proceso, se creará un registro oficial y público donde los proveedores locales podrán inscribirse para ser visibles ante las grandes compañías. Para ser parte de este registro, los interesados deberán demostrar que tienen sus locales en San Juan y que sus dueños o capitales son mayoritariamente provinciales.

La nueva normativa que pretende transformar la actividad minera en un motor de crecimiento mucho más cercano a la gente a través del desarrollo local. Esta propuesta legal se enfoca en que las comunidades que rodean a los yacimientos vean beneficios reales y directos, fomentando que las empresas trabajen de manera colaborativa con los habitantes y comercios de la zona. En este sentido, en comisión se incorporaron cambios y los más importantes dan lugar a los municipios en el Consejo Consultivo y en los objetivos del 80 % y 60% , para obtener el bono de crédito fiscal las empresas deben además asegurar un piso a los municipios del 20%en proveedores y del 30%  en empleados.

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Además de las exigencias, la ley propone incentivos para aquellas empresas que demuestren un fuerte compromiso con estos objetivos. Las mineras que cumplan con las metas de empleo y compras locales podrán recibir beneficios económicos a través de certificados de crédito fiscal, los cuales servirán para pagar impuestos provinciales. Por otro lado, la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Minería, tendrá la tarea de vigilar que todo se haga con transparencia y podrá aplicar sanciones o multas si las empresas no cumplen con los planes que presentaron bajo declaración jurada. Todo este marco legal se apoya en la idea de que el progreso económico debe ir de la mano con el cuidado ambiental y la responsabilidad social para el bienestar de toda la comunidad.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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