El Ejecutivo impulsa modificar la carta orgánica del BCRA bajo un modelo de "convertibilidad de hecho"

Reforma del sistema financiero y debate macroeconómico

El proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso restringe las funciones del Banco Central a preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Tesoro

El diseño de la arquitectura monetaria y fiscal de la Argentina se encamina hacia una discusión parlamentaria decisiva. En una reunión clave mantenida en la Casa Rosada, el Presidente presentó formalmente a sus legisladores los lineamientos del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El texto, que prevé ser remitido al Congreso en las próximas semanas, forma parte medular de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca blindar por vía legal la emisión monetaria, fijando reglas estrictas para el funcionamiento de la autoridad monetaria.

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De acuerdo con el esquema trazado por el Poder Ejecutivo, la propuesta reduce el mandato de la entidad financiera a un único objetivo institucional: preservar el valor de la moneda nacional. Para lograrlo, la normativa prohíbe explícitamente cualquier tipo de financiamiento directo o indirecto al Tesoro Nacional, elimina las letras intransferibles, restringe de manera severa el giro de utilidades acumuladas y establece un régimen de sanciones punitivas para aquellos funcionarios que autoricen la emisión de pesos.

Especialistas del sector señalan que la iniciativa emula la estructura de la carta orgánica sancionada en 1992 en paralelo a la Ley de Convertibilidad. Sin embargo, a diferencia de aquella experiencia histórica, el modelo actual propone una "convertibilidad de hecho" que prescinde de una caja de conversión física, utilizando el nivel de actividad económica y la compresión de la demanda interna como las principales variables de ajuste para sostener el ancla nominal.

La discusión legislativa coincide con la difusión de indicadores complejos sobre el tejido productivo y laboral. Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), a abril pasado se registraban 484 mil empleadores activos en el país. Esta cifra representa una pérdida neta de 28.300 firmas comerciales e industriales en comparación con noviembre de 2023; una contracción del 5,5% que ya supera los registros de la fase más aguda de la pandemia de COVID-19. Los relevamientos indican que, de cada 100 empresas dadas de baja, 98 pertenecían al segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

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Por su parte, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) complementó el diagnóstico laboral con un retroceso continuo de doce meses en el empleo formal:

Pérdida de puestos: Se contabilizan 235 mil asalariados privados registrados menos desde el inicio de la actual gestión.

Aceleración interanual: Cerca de 128 mil de esos puestos destruidos corresponden exclusivamente al último año calendario.

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Sectores extractivos: Incluso el rubro de minas y canteras, considerado uno de los motores del nuevo modelo económico, experimentó una reducción del 5% interanual en su dotación de personal.

En el plano de los precios y los ingresos, los informes del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IAG) basados en datos del Indec reflejan una fuerte brecha distributiva. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, la inflación acumulada se ubicó en un 320%, quedando por encima de la evolución del salario privado registrado (281%) y de la cotización del dólar mayorista (295%). En contraste, las tarifas de servicios públicos esenciales —luz, gas, agua— y los combustibles verificaron un incremento del 602%, encareciendo los costos fijos de los hogares y elevando la morosidad familiar a niveles máximos que no se registraban desde la salida de la convertibilidad.

El resultado de estas dinámicas consolida una estructura macroeconómica bifurcada, comunmente denominada "economía en K". Mientras el sector de la minería e hidrocarburos exhibe una expansión del 19,7% en los primeros cinco meses del año y las exportaciones energéticas trepan un 44,7% —empujando un saldo comercial positivo cercano a los 12 mil millones de dólares—, los sectores orientados al consumo doméstico sufren un marcado deterioro. En el mismo período, la actividad industrial registró una caída del 11,6% y el sector de la construcción experimentó un desplome del 22,8%.

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Esta dualidad responde a la parálisis de los motores tradicionales de la demanda interna: la drástica licuación de los salarios, el encarecimiento del crédito productivo y la reducción de la inversión pública nacional, la cual cayó del 1,3% al 0,4% del PBI.

Frente a este escenario de enclaves exportadores en crecimiento y desarticulación del mercado local, las miradas se posan sobre los instrumentos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Si bien el ingreso de divisas desde la cordillera y Vaca Muerta aporta el flujo necesario para sortear la histórica restricción externa de la economía argentina, sectores industriales advierten sobre la necesidad de establecer condiciones de equilibrio regional.

La principal advertencia apunta a que los megaproyectos beneficiados gozan de estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años sin la contraprestación de exigencias operativas ligadas a la contratación de proveedores nacionales, agregación de valor local, absorción de desarrollos tecnológicos o articulación con universidades públicas. El desafío planteado por diversos analistas radica en generar esquemas normativos que transformen la renta extraordinaria de los recursos naturales en densidad productiva para los grandes centros urbanos de las provincias y el conurbano bonaerense, garantizando que la reconversión de la carta orgánica no congele las asimetrías de la actividad económica.

Fuente: El Esquiú

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